La libertad de prensa volvió a verse comprometida en nuestro país por el irracional ataque de una patota gremial a las instalaciones de un medio.
El ataque se realizó con una violenta irrupción en el edificio central del diario Río Negro, en la ciudad de General Roca.
Allí ingresaron por la fuerza unos 50 manifestantes que responden a una organización sindical vinculada con la CTA autónoma.
Agredieron a personal de recepción y a periodistas, tiraron computadoras y destrozaron sectores de la planta baja del edificio.
El motivo del atropello fue intentar evitar que se publiquen en el diario Río Negro noticias vinculadas al avance de una causa judicial por abuso sexual en la que está involucrado el líder de la organización sindical, Miguel Báez.
Por esa razón, la embestida patotera incluyó amenazas de muerte al periodista a cargo de la cobertura del caso.
En su detallada crónica de la acción de la patota sindical, el periódico afectado por los incidentes señala con crudeza que la impunidad con la que este grupo se maneja por las calles de General Roca es tal que, a pesar de que los directivos del diario se comunicaron rápidamente con la Policía, los uniformados tardaron 40 minutos en cruzar una calle, la corta distancia que separa a la dependencia policial más cercana del edificio de “Río Negro”.
Obviamente, las distintas organizaciones vinculadas a los medios de todo el país y a periodistas se expresaron de inmediato en repudio a lo sucedido.
Adepa exhortó a la Justicia a avanzar en la causa, mientras que la Sociedad Interamericana de Prensa (SIP), que también tuvo una rápida crítica a los lamentables sucesos, reclamó que se lleve a cabo una investigación judicial que conduzca a “resultados inmediatos”.
Si bien la gobernadora de Río Negro efectuó una pronta condena a lo sucedido en las instalaciones del tradicional medio, en la investigación judicial que se impone en este caso deberán determinarse las razones por las que los efectivos policiales no vigilaron el desplazamiento de los manifestantes y, más grave aún, no acudieron con celeridad ante la denuncia de los responsables del diario, teniendo en cuenta la cercanía de la comisaría con el lugar de los hechos.
La seguridad pública es una responsabilidad de cada gobierno.
Es de tremenda gravedad pretender silenciar al periodismo mediante cualquier mecanismo de presión.
En este caso, un grupo gremial sindical recurrió a la violencia con el propósito de intimidar a quienes ejercen la libertad de informar.
Probablemente se amparen en viejas prácticas que a través de los años los han desacreditado socialmente, porque priorizaron sus necesidades e intereses sobre los derechos de trabajadores a los que dicen representar y defender.
Y también es posible que se reflejen en la prédica de dirigentes políticos que buscan encontrar en la prensa libre, y no en sus desatinos y corruptela, la culpa de sus inevitable ocaso.
Lamentablemente, esta agresión local se da, además, en un contexto nacional donde la prensa libre, es día a día vilipendiada desde muy altas esferas de poder que han decidido, ahora con excusas como el remanido “lawfare”, proseguir en su camino de echarle a la culpa al periodismo y a los periodistas de aquello que ellos hacen mal, o lo que es peor, de las sospechas de su corrupción.
