La problemática de los perros en situación de calle no es nueva ni exclusiva de un determinado centro urbano. En Mendoza, y remitiéndonos a la situación del Gran Mendoza, es una realidad que tiene notorios claroscuros.
No faltan personas que, con sentido humanitario, auxilian y asisten a los perros que carecen de dueños y deambulan por el entorno urbano, donde encuentran precarios refugios y a duras penas se alimentan.
Algunos de estos animales, pese a la buena voluntad de muchos vecinos, sufren maltratos y distintas penurias, como padecer enfermedades, hambre o morir atropellados o quedar maltrechos.
Almas solidarias han constituido entidades de protección animal que bregan permanentemente por el bienestar de las mascotas con dueños y, con más razón, por los canes que no disponen de hogar y pasan la totalidad del tiempo a la intemperie.
Es una realidad de difícil situación y en la que el Estado no siempre está presente para revertirla.
La Organización Mundial de la Salud (OMS) y la Sociedad Mundial para la Protección Animal sostienen, desde los años noventa, que la única forma de frenar la sobrepoblación canina callejera es esterilizar, educar a la sociedad sobre la tenencia responsable e identificar a los animales. Holanda siguió las recomendaciones y es uno de los países de Europa en los que no se ven animales sueltos en la vía pública.
Es una vara muy alta que no se podría lograr en nuestra realidad mendocina pero sí llegar a conseguir mejores condiciones de protección animal y aprobar normas de salud y bienestar animal tendientes a combatir el abandono y garantizar que los perros sin hogar tengan cuidados mínimos y no se abuse de ellos.
Por eso resultó congruente que, días pasados, mendocinos autoconvocados realizaran una marcha por los animales maltratados y peticionar la aplicación de nuevas normas y medidas para reforzar la ley existente N° 14.346, que establece penas para quienes maltraten o hagan víctimas de actos de crueldad a los animales.
Entre las solicitudes más destacadas se inscriben la creación de un hospital público veterinario, castraciones masivas gratuitas y, como ya se ha expresado, el agravamiento de las penas de la normativa 14.346.
Otros puntos bajo petición son la inclusión, en la currícula escolar, de una materia que cree empatía y respeto hacia el medio ambiente, la creación de un registro de maltratadores y la tenencia responsable.
Sería un gran paso que prosperaran las medidas solicitadas para bien de la sociedad y los destinatarios, los animales.
Concluimos con dos menciones de episodios con animales. En un extremo, la heroica acción de Franco Gastón Pokrajac, joven de 20 años, quien falleció mientras intentaba rescatar a un perro que se estaba ahogando en el canal Cacique Guaymallén, a la altura de calle Almirante Brown, en Luján de Cuyo. En el punto opuesto, la insensatez de tres jóvenes que se ‘divirtieron’ dando de beber fernet a un pequeño animal de la calle.
Hay que llevar estos temas al análisis en los ámbitos públicos, legislativos y de las entidades, para ver si, de una vez por todas, se puede empezar a revertir la problemática de los canes abandonados y lograr una mejor vida para ellos.
