La Cámara de Diputados de la Nación se dispone a debatir en el pleno del cuerpo el amplio paquete de reformas que impulsa el presidente Javier Milei denominado Ley de Bases y Puntos de Partida para la Libertad de los Argentinos, más conocido como “ley ómnibus” por su extenso contenido.
Se llegará al recinto de sesiones luego de intensas jornadas en comisiones, en las que, además del acalorado debate político, se escuchó la opinión de muchos sectores de la comunidad alcanzados por la legislación promovida.
La amplitud de temas incluidos en la propuesta, y fundamentalmente sus alcances, llevaron a los miembros de la oposición dispuestos a garantizar la gobernabilidad a un gobierno con escaso número de legisladores a efectuar una serie de planteos y condicionamientos finalmente aceptados por el Poder Ejecutivo.
De ese modo se podrá dar curso al debate y aprobación correspondiente. Quedó claro que, en lo general, no hubo planteos de fondo sino de formas.
Entre los aspectos cuestionados se debe mencionar el límite a las facultades delegadas que pidió el presidente de la Nación.
La reducción acordada (el Ejecutivo pretendía los cuatro años de mandato) tiene un significado institucional importante.
Verdaderamente la emergencia que atraviesa el país admite la toma de decisiones rápidas, pero también se debe evitar toda tentación de un uso abusivo del poder.
Casi todos los gobiernos anteriores también han pedido delegación de facultades, pero eso no necesariamente redundó en una gestión mejor, ni más rápida, sino más arbitraria y con gran falta de controles.
No es menor la decisión de eliminar las retenciones a las exportaciones de los distintos sectores de economías regionales, incluyendo a la industria vitivinícola, que venía reclamando por esa inadecuada carga.
Estos y otros cambios fueron posibles merced al debate llevado a cabo en el Poder Legislativo.
Lo ocurrido es elogiable, ya que no es habitual que se convoque a sesiones extraordinarias en enero con buena respuesta, tanto a favor como en contra de la iniciativa.
La escueta representación parlamentaria del Gobierno hacía previsible que en este nuevo período institucional gran parte del poder transitara por el Congreso, ya que el Ejecutivo necesitaría del debate en las bancas para moldear sus iniciativas, como finalmente ocurrió.
Es saludable, por lo tanto, que el Congreso cuente con un enorme protagonismo en virtud de la profundidad de las medidas lanzadas a consideración por parte del nuevo gobierno, orientadas en su mayor parte a satisfacer una gran demanda social en lo económico luego de cuatro años de gestión que agravaron la crisis.
Es por ello que el momento que vive la Argentina hace imprescindible el diálogo entre políticos.
Hasta en los momentos más difíciles debe prevalecer la templanza que conduzca, como en este caso a nivel parlamentario, a un grado de aplomo acorde con las difíciles exigencias que la emergencia impone.
Como señalamos en este mismo espacio el domingo anterior, es apropiado que la dirigencia política actúe con prudencia y mesura a raíz del difícil contexto en el que le toca desenvolver su labor, tanto fomentando iniciativas que apuntan a corregir el rumbo como también evitando que el afán de ejecución lleve a extremos inapropiados. Es necesario que la política supere su imagen de descrédito.
