La situación de las bibliotecas populares, en distintas partes del país, no es de las mejores.
Desde hace varios meses estas instituciones, pilares de la cultura nacional, se encuentran en estado de alerta, a raíz de que una ley de 2017, puso fecha de caducidad a la vigencia de una serie de normas que, con fondos especiales, las financian. Concretamente, esta fecha límite está fijada para el 31 de diciembre próximo.
Después de ese día, de no derogarse la ley 27.432, esos fondos pasarían a formar parte del Tesoro Nacional, lo que significaría dejar de financiar, al menos desde el Estado, a las bibliotecas populares, así como a sectores vinculados al cine argentino, la música y parte de los medios comunitarios locales, entre otros.
Queremos poner el acento en las bibliotecas mendocinas, varias de las cuales no se encuentran en su mejor forma, casi siempre con dificultades de disponer de sedes aptas, donde se pueda albergar a miles de libros.
Un ejemplo de incertidumbre se registra en la biblioteca Padre Celestino Arce, de Godoy Cruz que hoy no tiene local para atender a sus asociados y personas amigas de la entidad. Tal vez para fines de mayo o principios de junio, la centenaria casa de libros se pueda reubicar en las instalaciones de una unión vecinal, ubicada al sur del carril Sarmiento.
La situación de la Padre Arce se repite en otras instituciones de la provincia, que esperan la reglamentación de la ley sancionada en 2017, que es la norma de las bibliotecas populares.
El riesgo estriba en que a fin del año se dejarían de repartir los fondos especiales que subvencionan a la cultura, entre ellos el fondo especial que marca la ley 23.351 de bibliotecas populares, y que sirve para que la Comisión Nacional de Bibliotecas Populares (Conabip) pueda otorgar, a las bibliotecas miembros, subsidios, financiamiento para programas de capacitación, entrega de libros y visitar la Feria del Libro y comprar ejemplares al 50% de su valor.
Creadas por Domingo Faustino Sarmiento, las bibliotecas populares son un orgullo nacional.
La situación específica en las municipalidades de algunas partes de la provincia de Buenos Aires, es similar a la del resto del país. Las bibliotecas populares son asociaciones civiles, ONGs, que tienen socios que pagan una cuota módica.
Muchas de estas entidades están ubicadas en zonas periféricas, con un gran impacto de necesidades no sólo sociales, económicas, alimenticias, sino también culturales. Dirigentes del sector señalan que “la trampa de la ley 27.432 es que dice que, si bien se disuelven los fondos, lo que se recauda se tiene que seguir recaudando, pero, en vez de ir a los fondos especiales de bibliotecas, subsidios, fomento del cine, del teatro, la música, a canales de radio y televisión del interior del país, irán al Tesoro General. Ante este panorama, estos sectores prometen redoblar los esfuerzos para lograr que los legisladores deroguen la polémica ley. Se trabajará codo a codo con la Conabip y con el ministro de Cultura de la Nación.
En el reciente Día Internacional del Libro, se hizo un reclamo por las redes sociales, impulsado por la Conabip y por el Ministerio de Cultura, para que los legisladores deroguen la ley 27.432 en su totalidad. Y si no, que eliminen el artículo 4º, que despoja a los organismos culturales de los recursos genuinos para su desarrollo.
