Una manifestación convocada por organizaciones políticas, sociales, sindicatos y movimientos de derechos humanos, en pleno centro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, exigió la libertad de Milagro Sala. Marcharon al edificio de Tribunales, donde tienen sus despachos los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, y arrojaron bolsas de basura. La consigna explica el sentido de esa acción: “la Corte es el basurero de la democracia”.
La protesta es parte de un programa que todas las semanas nos entrega el mismo discurso por distintos canales. Pueden ser declaraciones de funcionarios o juristas, solicitadas en los medios o marchas en las calles.
El sujeto que se reivindica son las víctimas del supuesto lawfare en general o una de ellas en particular. En su momento, se mencionó al exvicepresidente Amado Boudou; ahora, a la dirigente social jujeña. Militantes populares, se dice, que han sido encarcelados exactamente por eso, por defender al “pueblo” de sus “enemigos”, de los “poderes fácticos”.
Para los organizadores de esta marcha, por ejemplo, la Corte debiera aceptar los recursos de queja presentados por Sala y dictar la nulidad de las causas en las que fue condenada. Según dice un referente, esa demanda cuenta con el apoyo del presidente Alberto Fernández y de su vice, Cristina Fernández, quienes estarían de acuerdo en que Sala es una presa política. Hace un par de semanas, quien sostuvo esa tesis fue el gobernador de la provincia de Buenos Aires, Axel Kicillof.
Vanesa Silley, diputada nacional del Frente de Todos, secretaria general de la Federación Nacional de Trabajadores Judiciales e integrante del Consejo de la Magistratura, avaló esta postura en el contexto de la marcha: la Corte sería responsable, para ella, de “las causas armadas” y “de las detenciones que hoy se viven, de los presos políticos”.
Por supuesto, como en otras ocasiones, el cuadro se completa con una presión directa sobre el Poder Ejecutivo. La propia Milagro Sala pidió que “el Gobierno, antes de hacer negociaciones y acuerdos políticos, comience a ver cómo hace un acuerdo para liberarnos”.
Hace un par de semanas, cuando Eugenio Zaffaroni, exjuez de la Corte Suprema, planteó que la solución era el indulto presidencial, el presidente Fernández le respondió indirectamente que resultaría más apropiada una ley de amnistía. Más allá de que la oposición no avalaría un proyecto en ese sentido, llegado el caso requeriría un acuerdo político en el Congreso. Es lo que pide Sala.
Sala, vale recordarlo, fue condenada a tres años de prisión por un escrache violento al entonces senador jujeño Gerardo Morales (hoy gobernador); y a 13 años de prisión por asociación ilícita, defraudación al Estado y extorsión en la causa “pibes villeros”, por haber desviado unos 60 millones de pesos destinados originalmente a la construcción de viviendas sociales.
No hay lawfare, entonces; hay delitos. No hay presos políticos; hay políticos presos.
