Los desechos sanitarios en general son un grave problema para las administraciones de los sistemas de salud y los gobiernos.
Esta situación ya ocurría antes de la pandemia en curso, pronta a cumplir dos años de vigencia, pero, ahora, las dificultades se han agudizado y, hasta podemos decir, han empeorado en todos los países, especialmente en los de economías menos desarrolladas.
Es que las decenas de miles de toneladas de desechos médicos adicionales, derivados de la respuesta a la pandemia de Covid-19, han ejercido una enorme presión sobre los sistemas de gestión de la atención de salud a nivel mundial.
Por esta situación se hace apremiante la necesidad de mejorar las prácticas de gestión de los materiales que se descartan.
Esto ha sido advertido y denunciado por la Organización Mundial de la Salud (OMS), en un informe de prensa dado a conocer el 1 de febrero pasado.
El análisis de la situación de la OMS revela datos muy preocupantes.
Por ejemplo, aproximadamente 87.000 tn de equipos de protección personal (EPP) utilizados entre marzo de 2020 y noviembre de 2021, acabarán convertidos en desperdicios una vez utilizados.
Otro relevamiento da cuenta de que se han empleado más de 140 millones de kits de pruebas, que podrían generar 2.600 tn de desechos no infecciosos (principalmente plástico) y 731.000 litros de desperdicios químicos (el equivalente a una tercera parte de una pileta olímpica).
Por otra parte, se han administrado más de 8.000 millones de dosis de vacunas a nivel planetario, lo que se ha traducido en 144.000 tn de residuos adicionales en forma de jeringas, agujas y contenedores de seguridad.
Mientras las Naciones Unidas y los países lidiaban con la meta de garantizar el suministro y la calidad de la vestimenta de protección para médicos y enfermeros, se prestó menos atención a la gestión segura, sostenible, de los desechos de la atención de la salud vinculados con el Covid-19.
Algunas de las recomendaciones de la OMS para enfrentar este descomunal desafío son, entre otras, la utilización de embalajes y envíos respetuosos del medio ambiente, de EPP seguros y reutilizables (por ejemplo, mascarillas quirúrgicas) y de materiales reciclables o biodegradables; la inversión en tecnologías de tratamiento de desechos que no recurran a la quema, como los autoclaves; la logística inversa para apoyar el tratamiento centralizado e inversiones en el sector de reciclaje de forma de asegurar que los materiales, como los plásticos, puedan tener una segunda vida.
Todos estos niveles de descarte de elementos sanitarios, por la propagación del virus, afectan, en las escalas correspondientes, a la provincia de Mendoza.
Una ventaja que tiene nuestra provincia respecto de otras jurisdicciones, es que Mendoza es una de las pocas provincias del país que establece que la recolección, tratamiento y disposición final de los residuos patogénicos y farmacéuticos, tiene el carácter de servicio público, especificando las exigencias que debe cumplir la prestación del servicio. Así lo prescribe la Ley 7.168 de Residuos Patogénicos.
La investigadora mendocina, Guillermina Elías, especialista en Gestión Ambiental Estratégica, advierte que “es obligación de los gobiernos gestionar dichos residuos y concientizar sobre el uso y disposición de los mismos. En el caso de los barbijos, fomentar el uso de aquellos de telas lavables”.
