La integración socio urbana de los asentamientos o barrios populares donde habitan miles de familias en condiciones bastante paupérrimas, continúa siendo un delicado problema en provincias como Mendoza. Solo en el ámbito del Gran Mendoza hay cientos de estos sectores donde mendocinos y mendocinas viven mal, sin los servicios básicos, en la mayoría de los casos, con déficits en atención sanitaria y de transporte.
Sostenemos permanentemente desde esta columna que la situación descripta preocupa por las personas que tienen su techo en esos lugares, pero principalmente causa desazón porque allí crecen camadas infantiles y adolescentes, que corren el riesgo de quedar estigmatizadas por el tránsito inicial de sus vidas en penosas condiciones.
La realidad de los asentamientos sigue con muchas dificultades y de no hacerse nada, continuará así, en atención a que el Gobierno nacional resolvió reducir el presupuesto que se disponía para mejorar la infraestructura de barriadas que en Mendoza suman más de 316 y agrupan a por lo menos 20.000 personas.
Decreto mediante, el Poder Ejecutivo nacional cerró buena pare de la financiación del Fondo para la Integración Socio Urbana (FISU), cuyo objetivo principal es la inversión en proyectos dirigidos a los barrios populares, pasibles de recibir auxilio por estar inscriptos en el Registro Nacional de Barrios Populares (Renabap).
De todos modos, la provincia de Mendoza no debería resignar el auxilio a los conglomerados que se encuentran dispuestos en casi todos los departamentos.
El cometido de crear infraestructura y dotar de servicios imprescindibles, debería ser un esfuerzo a asumir por la Provincia y los municipios.
Hay lugares de Maipú, Guaymallén, Luján de Cuyo y Las Heras, por citar algunos casos, que tienen estos núcleos donde la pobreza y las dificultades son moneda corriente, situación que perjudica a familias jóvenes que quieren progresar, pero no pueden, y donde niños, como hemos apuntado, atraviesan un crecimiento lleno de incertidumbre, conviviendo con la mala alimentación, las enfermedades y otras amenazas de sitios sin redes cloacales y agua potable deficitaria. Son escenarios con déficit en calidad de vida y desafíos ambientales latentes, que no deberían existir.
El Estado provincial, con la poca ayuda que reciba de la Nación, podría ir mejorando las condiciones estructurales de esas barriadas.
Hay muchas entidades que pueden dar una mano, como la organización Techo, un grupo solidario que nació en Bahía Blanca, y que se extendió a otros lugares del país y en la actualidad está levantando estructuras bastante dignas para vivir en el barrio La Favorita (ver Los Andes, 21/02/24).
También se puede acudir al Registro Nacional de Organizaciones y Cooperativas para la Integración de los Barrios Populares (Renocibp).
En Mendoza se han inscripto 78 entidades, representantes del 25% de las villas informales de la provincia.
La base de datos de las organizaciones y cooperativas inscriptas facilitará la prestación de apoyo y asistencia a brindar por colegios profesionales, alumnos universitarios interesados en la vivienda social, ONGs, empresas y organismos oficiales.
En estos operativos podrán trabajar personal del IPV y municipios, junto con las organizaciones de cada barrio, promoviendo además la formación de entidades que aún falta implementar.
Estas entidades colaborarían aportando la producción de materiales, mano de obra y ayudas solidarias de empresas, privados y ONGs simpatizantes con los vecindarios emergentes.
Reconocemos que la mejora de sitios de bajísimo nivel demandará empeños e inversión, pero hay que intentarlo, aunque sea a un ritmo menor del deseado.
