La investigación judicial por el escandaloso mecanismo implementado para la contratación de seguros en la administración pública durante la presidencia de Alberto Fernández avanza a buen ritmo por la eficiente diligencia del juez Julián Ercolini y del fiscal Ramiro González.
Han quedado bajo su órbita tres denuncias impulsadas por la Coalición Cívica, la abogada Silvina Martínez y la ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello.
La investigación busca determinar por qué un decreto presidencial ordenó a todas las reparticiones del Estado contratar sus pólizas con Nación Seguros, que es parte del Estado, a través de intermediarios.
Este contrasentido tiene un curioso antecedente. Cuando Amado Boudou era ministro de Economía de la presidenta Cristina Fernández, para renegociar una deuda con la Nación, la provincia de Formosa designó una consultora como intermediaria. Por supuesto, su participación era innecesaria. El gobernador y el ministro nacional podían reunirse sin la mediación de un tercero.
Para mayor irregularidad, aquella consultora no tenía antecedentes profesionales –la primera factura que emitió fue por esta gestión– y su titular, sospechado de ser testaferro de Boudou, confesó que la operación encubrió el pago de coimas.
Ahora, Ercolini y González deberán determinar si el decreto de los seguros no adaptó aquel modelo para desviar grandes sumas de dinero que luego se volcarían, retorno mediante, a las campañas políticas.
Por un lado, ha quedado en el medio de la trama Héctor Martínez Sosa, un operador de seguros con larga trayectoria, que no sólo sería el propietario de las oficinas que ocupó Alberto Fernández durante la campaña presidencial de 2019, sino que, además, es el esposo de la secretaria privada de Fernández desde mucho antes de que este llegara a la presidencia.
Por otro lado, varias de las empresas de seguros que fueron allanadas por orden del juez Ercolini hicieron aportes a las campañas del Frente de Todos en 2019 y en 2021.
La documentación recogida en esos allanamientos se cotejará con los informes que deben entregar unas 45 dependencias del Estado, incluidos los ministerios y las secretarías, con todas las pólizas que hayan contratado con Nación Seguros, y unas 28 compañías aseguradoras que están obligadas a aportar la documentación correspondiente. Así se podrá armar, como mínimo, una especie de diagrama de flujo que permita ver tanto la repetición de nombres como los montos asignados en cada caso.
El fiscal González ya reunió evidencia suficiente para imputar al expresidente Fernández, junto con otros funcionarios de su administración, porque la maniobra habría provocado un “perjuicio al Estado nacional” por el innecesario costo de intermediación en la tramitación de las pólizas de seguros contratadas con una empresa del mismo Estado.
Mientras tanto, la denuncia del Ministerio de Capital Humano acusa a Fernández de asociación ilícita y de defraudación al Estado.
La reacción del expresidente ha sido grotesca e irresponsable. Primero, intentó descargar la responsabilidad en su secretaria; luego, inició acciones legales contra los medios que brindaron información vinculada con la causa. Sería más pertinente que guardara silencio y preparase una inteligente defensa jurídica.
