Pese a las habituales demoras de toda negociación política, el Poder Ejecutivo nacional logró que el Senado diese tratamiento y aprobación al proyecto de ley Bases, con el que la administración del presidente Javier Milei pretende sustentar su ambicioso plan de gobierno, basado en una profunda reforma del Estado y de ajuste del gasto público.
Modificaciones introducidas, justamente, por la Cámara de Senadores hacen necesario un nuevo abordaje por parte de Diputados. No obstante, el Gobierno celebró con razón que se haya completado el abordaje en ambos cuerpos del Congreso Nacional.
La aprobación de la ley permitirá al Poder Ejecutivo avanzar con las medidas prometidas, respaldadas en el notable apoyo que obtuvo en las urnas el sector que encabeza Milei.
En democracia es el Congreso es el que habilita un plan de gestión y luego el encargado de controlarlo, razón por la que no se debería impedir que avance un programa de gobierno, como se discute desde el 10 de diciembre, cuando se produjo el recambio institucional. Recuérdese la amplitud de la propuesta original que envió la nueva administración y cómo se llegó a la actual versión, mucho más acotada, sin que se alterara prácticamente el espíritu de la iniciativa.
Detrás de la ley de Bases seguramente el Ejecutivo se verá obligado a plantear ante el Parlamento la derogación de un importante número de leyes que son actualmente inadecuadas por el paso del tiempo y hasta dificultosas para el funcionamiento de la administración en virtud de su obsolescencia. Un aspecto complementario para la mega ley en cuestión.
Y así como es totalmente necesario que el gobierno instalado hace ya seis meses tenga aprobado su ambicioso plan de acción, también se requiere de las cámaras legislativas nacionales poder dedicarse a otras propuestas de interés para la sociedad, tanto provenientes del Ejecutivo como de los propios legisladores.
Por último, es totalmente repudiable el cuadro de violencia que se vivió en las calles cercanas al Congreso durante la mayor parte del debate de la ley Bases en el Senado. Si bien es absolutamente válido que quienes no comparten una determinada medida se manifiesten para expresar su descontento (sirva como ejemplo la multitudinaria y pacífica marcha por la enseñanza universitaria pública), de ningún modo se puede tolerar que se recurra a la acción depredadora y extorsiva que, como ocurrió el miércoles último, claramente acompañaba el propósito de hacer fracasar el debate parlamentario para impedir la aprobación de la ley en tratamiento.
Tanta intolerancia justificó la presencia de fuerzas policiales y de seguridad. Cabe preguntarse si tamaño nivel de destrozos fue posible a pesar de un importante número de uniformados, qué hubiese ocurrido con una discusión legislativa tan trascendente a merced de los violentos.
La portación de antecedentes delictivos de varios de los detenidos durante la violenta protesta demuestra la intención depredadora de muchos de los que ganaron y destrozaron el espacio público con el pretexto de oponerse a lo que se debatía y votaba en el Palacio Legislativo. Sería pertinente, por lo tanto, que la investigación judicial en marcha siguiese el camino que permita determinar de una buena vez qué sectores e intereses partidarios sustentan y financian semejantes acciones.
Siempre se debe exigir una Argentina que resuelva sus diferencias y cambios en el marco del disenso que impone el sistema democrático elegido hace décadas.
