El fallo emitido por la Sala IV de la Cámara Federal de Casación confirmando la condena impuesta en 2022 a Cristina Fernández de Kirchner, por parte del Tribunal Oral Federal 2 en la denominada causa de Vialidad, refuerza en forma contundente el avance en la lucha contra la corrupción en la faz pública en estos casi 41 años de vida democrática.
Se trata de un nuevo pronunciamiento unánime de un tribunal federal en contra de quien ha sido considerada parte fundamental de un engranaje que se valió de la función pública para delinquir, en base a lo que con total justeza se denominó “maquinaria de corrupción”.
No importa tanto si los seis años de condena confirmados son mucho o poco en virtud de la gravedad de los hechos comprobados. Lo que sí vale para la salud republicana es la capacidad y valentía de fiscales y jueces para hurgar hasta las entrañas del poder, con el propósito, ampliamente logrado, de desenmascarar a una organización que se valió del voto popular para transformar su sitial constitucional en un antro de perversión.
Como ya indicáramos desde este espacio en ocasión del fallo de primera instancia, tanto la acusación como el veredicto de los jueces ayudan a entender cómo se gestó la matriz delictiva durante gran parte de los años de dominio político del kirchnerismo en el país.
Ante la confirmación de lo actuado por el tribunal oral inicial, no se puede objetar, de ninguna manera, la calidad del proceso judicial, que se llevó adelante con el respeto de las garantías de las personas acusadas. No hay proscripción ni persecución de ningún tipo, como se viene argumentando desde la propia ex presidenta de la Nación y su séquito. Lo que se ha ratificado en esta oportunidad es la condena e inhabilitación que determina la legislación penal vigente para quienes cometen actos como los evidenciados en el juicio y con más razón luego de la mirada y decisión de la Casación.
Sin embargo, dicha inhabilitación sobrevendrá recién cuando el caso llegue a la Corte Suprema de la Nación y ésta emita su resolución. En todo caso, con su encendido discurso luego de conocido el fallo la misma Vicepresidenta se “autoproscribió” para intentar sostener el relato kirchnerista de la persecución política, judicial y mediática en su contra, lo que no se puede sostener desde ningún punto de vista.
La ciudadanía argentina debe valorar la acción independiente de la justicia en este caso puntual. El camino no fue fácil de transitar. El proceso de investigación se inició, tras la denuncia política correspondiente, en el año 2008 y a lo largo del tiempo transcurrido fue superando presiones por parte del poder que lograron trabar la acción de fiscales y jueces. Pero no hubo claudicación, porque, además, la investigación del periodismo independiente aportó detalles que desnudaron tramas que los recovecos de la política malintencionada siempre tienen a mano.
Quienes han sido juzgados y sus seguidores aducen reiteradamente que fueron objeto de persecución política. Nada de eso ha ocurrido. Se pueden discutir las opiniones pero no los hechos y evidencias -como esta sentencia- para llevarlos a una tribuna donde la verborragia se antepone a la razón. La comisión de delitos vinculados a la obra pública durante el kirchnerismo ha sido comprobada de manera indubitable.. Que sirva para quienes fueron juzgados y también para quienes, desde alguna otra vereda partidaria, puedan atravesar el mismo desafío en el futuro sólo por elegir mal el camino.
