Un grave problema ambiental configura el descarte en distintos terrenos del Gran Mendoza de los residuos de la construcción y la demolición, una situación delicada pero que se encubre entre otras realidades que no se pueden remediar.
Esto es así desde hace muchos años, y se fue agravando por el crecimiento registrado en la industria de la construcción.
El tema ha sido motivo de investigaciones técnico académicas y de disposiciones de defensa ambiental, tanto a nivel provincial como municipal, pero la realidad y sus consecuencias se mantienen.
Uno de los estudios exhaustivos sobre el caso lo realizó la ingeniera civil Irma Teresa Mercante, de la Facultad de Ingeniería de la Universidad Nacional de Cuyo (UNCuyo), quien demostró la presencia de casi 300 áreas degradadas debido al vertido incontrolado de desechos de obras y la contaminación que generan en el suelo, el agua subterránea y canales aluvionales.
La profesional es autora de un proyecto integral para concluir con la problemática, que difundió Unidiversidad, el portal digital de noticias de la UNCuyo.
La profesional detalla las áreas degradadas debido al vertido incontrolado de desechos de obras en la provincia y la contaminación que generan en el suelo y el agua subterránea.
El departamento de Las Heras es una de las zonas más afectadas por este descuido, llegándose a relevar la existencia de 297 sitios de disposición clandestina de RCD.
Sin embargo, este dilema se repite en la mayoría de los municipios de Mendoza.
Los RCD son los deshechos provenientes de la construcción, excavación y demolición de cualquier tipo de obra, ya sea de carácter público o privado.
Una de las instancias propuestas por Mercante, como lo expresó a Unidiversidad, es procurar construir emprendimientos que sean amigables con el medio ambiente, es decir que tiendan a limitar y lograr reutilizar la mayor cantidad de residuos que se generan durante el proceso de construcción.
Sin embargo, el descarte de materiales inertes ha aumentado en los últimos cinco años debido el crecimiento poblacional y la consecuente demanda de levantar viviendas para la residencia de personas.
Si bien el riesgo de estos elementos para la salud humana y el ambiente es mucho menor en relación con residuos sólidos domiciliarios y, por supuesto, los hospitalarios, estudios recientes dan cuenta de emisiones gaseosas, principalmente compuestos de sulfuro, y contaminación potencial del agua subterránea por las características de su lixiviado, o sea el líquido resultante de un proceso de percolación de un fluido a través de un sólido.
Todo eso sin contar la afectación al paisaje, la devaluación del valor inmobiliario de propiedades, el transporte por rutas inadecuadas y la ocupación de terrenos con valor productivo.
En este sentido, los colectores aluvionales del oeste de Las Heras presentan vulnerabilidad a la ocupación de sus cauces con RCD.
Unas determinadas medidas que ahora no se aplican podrían mejorar el panorama.
Una de ellas sería la reutilización en la misma obra de estos residuos y así proteger los espacios de disposición final.
Para ello una propuesta es la posible construcción de plantas de reciclaje y trituración de los residuos en sitios estratégicamente ubicados.
También habría que enfatizar en la responsabilidad del productor de estos residuos y en la aplicación de multas, en el caso de que persistieran las conductas contrarias a la protección del ambiente.
Este tema de los RCD también debería ser incorporados, a juicio de urbanistas y planificadores del territorio, a los programas de carreras de Arquitectura e Ingeniería Civil de las universidades de Mendoza, y en la capacitación de los maestros mayor de obra en las escuelas técnicas.
