Hoy las pequeñas y medianas empresas (pymes) hacen malabares para subsistir y por eso luchan y multiplican esfuerzos para atravesar el complejo contexto económico actual que vive nuestro país.
Este sector de la actividad económica juega un papel crucial en el crecimiento y la recuperación económica.
Muchas han desaparecido en los últimos tiempos, pero su número en el contexto nacional y provincial todavía sigue siendo muy preponderante.
Esto determina que debamos considerar a las pymes como un factor social determinante para el desarrollo integral, además de considerarlas como unidad económica de alto impacto, si están en actividad y funcionando porque cuando bajan sus persianas, la depresión y el desempleo se enseñorean.
Nada bueno se puede gestar en las regiones, pueblos y ciudades, si estas pequeñas y medianas compañías no ejercen su cometido en forma dinámica, afianzadas en la producción de bienes y servicios que necesita la comunidad y manteniendo el empleo formal.
Sectores integrantes de la Unión Industrial Argentina (UIA), referentes de las Pymes del país y la Cámara Argentina de la Mediana Empresa (CAME) trabajan junto al Gobierno nacional en la adecuación de una norma que le reste impuestos y genere incentivos a este tipo de emprendimientos.
Los industriales propician la adecuación de un “mini RIGI” (Régimen de Incentivos a las Grandes Inversiones), que ha lanzado la administración central.
El sistema a crearse contemplaría bajar impuestos y generar incentivos para las Pymes.
La iniciativa se está trabajando en la UIA con los gobiernos nacional y provincial, con la pretensión de que se favorezcan inversiones menores a los 200 millones de dólares.
En este segmento se valoriza que el presidente de la Nación persista en su intención de bajar la dimensión del Estado y de disminuir su costo operativo.
Los analistas asignan varias medidas positivas si se aprobase la normativa.
Señalan que, al implementarse una cuenta única tributaria, habría una compensación de saldos a favor con impuestos nacionales (IVA, ganancias, anticipos y agilizar la devolución de impuestos.
Además, deben considerarse beneficiosos la aplicación de un régimen de incentivo a la inversión, la promoción de empleo generando competitividad; la actualización automática de los topes de ventas anuales en las Mipyme, y la internación de las Pymes, lográndose por esto último eximir derechos de exportación.
A sabiendas de que el primer freno que podría poner la gestión de Javier Milei es saber qué costo fiscal tendría la rebaja de impuestos propuesta para las pequeñas empresas, sus defensores señalan el gran impacto que producirá en la generación de empleo, y admiten que hay medidas en las que es necesario tomar ciertos riesgos.
“Creemos que con el impacto fiscal hay que correr algún riesgo; tenemos más de ocho millones de trabajadores en negro que no están en el sistema formal, que de alguna manera tampoco son sujetos de crédito y por eso el catalizador principal son las Pymes”, fue otro argumento ofrecido por quienes impulsan la propuesta.
Según la visión en análisis, el Gobierno nacional tiene en carpeta esta normativa porque entendió que es un componente que le faltó al sistema RIGI y porque sabe del aporte de las Pymes.
En este contexto, la Ley Pymes en preparación pretende corregir algunas inequidades y otorgar un protagonismo adicional a las provincias que están más alejadas de los puertos, que han cumplido con el pacto fiscal y que enfrentan mayores desafíos logísticos.
