La Corte Suprema de Justicia de la Nación puso orden en uno de los tantos casos controvertidos generados por la política en los últimos años, al no aceptar el planteo de Cristina Fernández de Kirchner contra el juicio oral en su contra por el Memorando de Entendimiento suscripto en su momento con Irán. En virtud de esa resolución, la ex Presidenta tendrá que afrontar el proceso en su contra por la firma de aquel vergonzoso acuerdo en el marco de la investigación del atentado a la AMIA.
La Cámara de Casación Penal había ordenado llevar a cabo dicho juicio, pero a través de su defensa Cristina de Kirchner logró movilizar una maniobra para evitarlo. Fue esta última estrategia la que desestimó en estos días la máxima instancia judicial del país. Los cargos en su contra son elocuentes: encubrimiento de los imputados iraníes en la causa AMIA y abuso de autoridad.
El hecho se enmarca claramente en la decisión de la justicia argentina de haber determinado este año, también con bastante tardanza, que Irán fue responsable de las voladuras de la Embajada de Israel y del edificio de la AMIA en 1992 y 1994 respectivamente. Un país orientado a perjudicar a los que considera sus enemigos a través de brazos armados, como Hezbollah.
La sentencia definiendo a Irán como país responsable de la destrucción de la AMIA fue histórica por su aporte a la jurisprudencia y por lo que puede generar en materia judicial hacia el futuro. El trabajo de los jueces de la Casación Penal llegó a su fin cuando los tres magistrados completaron la revisión de varias causas que estuvieron vinculadas con el terrible atentado. De ese modo se pudo dar el veredicto definitivo en la investigación concreta del ataque y al denominado caso AMIA II, todo dirigido hacia las irregularidades cometidas por la pesquisa penal, que, entre otras cosas, se prestó para encubrir el trágico ataque.
En esta indefinición de tres décadas entró siempre en consideración, inevitablemente, el denominado Memorando de Entendimiento con Irán que la Argentina, presidida en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, firmó abriendo un nuevo capítulo del escándalo. Aquel pacto pretendía, según el gobierno de entonces, avanzar en una investigación capaz de determinar si los funcionarios iraníes que se encontraban bajo sospecha tenían realmente responsabilidad en el atentado contra la AMIA.
Con dicho acuerdo, los jueces argentinos hubiesen podido, vergonzosamente, interrogar en Irán a varios de los imputados en la causa. En forma llamativa, todos esos imputados en ese momento ya eran ex funcionarios de su país y en algunos casos con trascendente trayectoria en la política iraní.
Ese vergonzoso acuerdo fue el que investigó hasta sus últimas consecuencias el fiscal oficial de la causa AMIA, Alberto Nisman, quien murió en enero de 2015 de un disparo en la cabeza en su departamento a pocas horas de presentarse en el Congreso de la Nación para exponer y denunciar oficialmente la conclusión a la que había arribado con su investigación, totalmente comprometedora para Cristina de Kirchner y el oficialismo de aquel momento.
Como hemos señalado antes desde este espacio de opinión, es de esperar que todas las variables expuestas remedien claramente las falencias y conspiraciones que el proceso de investigación de la voladura de la mutual judía en Buenos Aires tuvo a lo largo de tres décadas.
