Desde el inicio de su gestión, el gobierno nacional respetó la autonomía del Instituto Nacional de Estadísticas y Censos (Indec), continuando con la recuperación del organismo llevada a cabo a partir de la designación como conductor del mismo del economista Jorge Todesca por parte del presidente Mauricio Macri.
Cabe recordar que entre 2007 y 2015 se dispuso una grosera manipulación de las estadísticas con el propósito de plantear una situación económica totalmente diferente a la que realmente ya afrontaban los argentinos por aquellos años.
Durante la gestión presidencial de Néstor Kirchner, encontrándose Guillermo Moreno a cargo de la Secretaría de Comercio, se dispuso la intervención del Indec para ejercer sobre el mismo todo tipo de control e influencia.
De ese modo, el Índice de Precios al Consumidor (IPC) comenzó a arrojar cifras totalmente distorsivas de la realidad, obligando a la oposición, en asocio con consultoras privadas, a elaborar mensualmente un índice que reflejaba verdaderamente la crisis económica existente entonces.
Por lo tanto, es meritorio que la actual gestión nacional en ningún momento haya intentado torcer la realidad de los números, sosteniendo y respetando el trabajo de los profesionales y técnicos que se desempeñan en el Indec.
Con más razón, ante la adversa realidad que plantea la actual crisis económica, con datos inflacionarios totalmente adversos desde el punto de vista político.
Sin embargo, en la semana pasada se conoció una decisión del Indec, luego revertida, que generó sospechas de un nuevo intento de manejo discrecional de las estadísticas por parte del organismo. Se dispuso que la difusión de los datos de inflación de abril, prevista para el viernes 12 de este mes, se pospusiera para el lunes 15 con motivo de las elecciones provinciales a realizarse un día antes en cinco provincias: La Pampa, San Juan, Salta, Tucumán y Tierra del Fuego.
Para justificar la sorpresiva decisión, desde el organismo se adujo que la difusión del indicador económico coincidiría con la veda electoral que regirá en dichas provincias 48 horas antes del acto electoral del domingo 14 y que el cronograma de informes mensuales de la inflación había sido establecido antes de que las provincias fijaran sus fechas de elecciones.
Sin duda, se trató de un argumento descabellado e improvisado, motivado por la reacción adversa que tuvo la decisión de postergar la información inflacionaria del mes pasado. La veda electoral rige preferentemente para la actividad política, de modo que no haya horas antes de la votación incidencia partidaria o de los candidatos sobre el electorado.
No habría que descartar que haya existido alguna “sugerencia” proveniente de algún ámbito de gobierno para que el Indec pospusiera la difusión del índice de inflación de abril ante la certeza de que el mismo puede resultar muy elevado. Temor a la posible incidencia de la inflación en el ánimo de muchos votantes, teniendo en cuenta que es el oficialismo el que pone en juego el poder en las cinco provincias de referencia. El disgusto por la medida en la oposición y la fuerte repercusión mediática hicieron que el organismo diera rápidamente marcha atrás con la misma.
Es de esperar que esta desafortunada situación sea sólo el resultado de un hecho aislado, de modo que el organismo a cargo de las estadísticas siga gozando de buena reputación y sea un soporte institucional y no un recurso partidario de ocasión.
