Indagar sobre los costos de la política en función de la inabarcable configuración de los tres poderes del Estado (Legislativo, Ejecutivo y Judicial) puede demandar una aventura de imposible resolución.
Las proyecciones de gastos que fijan los presupuestos de cada administración son inconmensurables y pocas veces alcanzan para cumplir las metas de rigor.
Por citar un caso, no hay caja que aguante el nivel de gastos cuando llega el momento de hacer números respecto del generoso paquete de fondos destinados al pago de salarios.
No entra en discusión el derecho de quienes trabajan a recibir una remuneración digna; lo que sí llega a sorprender en algunos ámbitos es la exponencial dotación de servidores públicos que ocupa el Estado en toda su extensión, incluidos los infaltables acomodados que cobran y no trabajan.
Todo es un enigma, aunque, evaluado por sectores, el asunto puede arrojar resultados concretos.
En ese sentido, la Fundación Libertad publicó su “informe anual sobre los concejos deliberantes”, a través del cual formula una comparación sobre el nivel de gastos de los ediles en las principales ciudades de la Argentina.
El dato distintivo del estudio radica en que la mayor parte del gasto se destina a personal, ya no sólo tomando el salario de los parlamentarios, sino también el referido a secretarias, a asesores y a empleados de planta o contratados en general.
No es un dato menor: señala el trabajo que, en la mayoría los municipios evaluados, la erogación en personal orilla el 87% y en otros llega al 90%.
No es novedoso que los poderes legislativos nacionales, provinciales y municipales mutan en ocasiones a verdaderas bolsas de trabajo, donde nadie sabe qué hacen muchos de sus dependientes. Son los infalibles beneficiados en grado de “ñoquis”.
Un fenómeno que se observa también en la Justicia federal y provincial con los ingresos amañados y sin concurso previo.
La necesidad de moderar los costos de la política cobra dimensión en tiempos de una crisis económica signada por la pobreza de millones de argentinos.
La gente escucha con estupor y resignación que desde enero los senadores nacionales pasarán a cobrar $ 9,5 millones, en virtud de la polémica ley de enganche que les permite actualizar sus dietas conforme a los incrementos que se pautan para los miles de agentes de esa cámara.
El esfuerzo de la sociedad en este año de tremendo ajuste, que además fue comprendido en su necesidad por un pueblo sensato, ha sido mucho mayor que los aportes realizados por la clase política general, donde, salvo contadas excepciones, la mayoría de sus miembros ha continuado viviendo la misma vida de siempre, con una colosal indiferencia frente al dolor ajeno. Por lo cual la promesa del presidente Milei acerca de que el costo del ajuste lo pagaría la casta y no la gente común, ha resultado casi siempre al revés.
Son los costos de la política prebendaria que hay que revisar.
