Una de las intenciones más claras del poder político en el país es avanzar sobre la Justicia no sólo con fines ideológicos, sino, más que nada en este momento, para torcer la voluntad de aquellos magistrados que juzgaron y juzgan los hechos de corrupción de los gobiernos kirchneristas.
Hace un par de meses advertíamos sobre los riesgos de un serio conflicto de poderes, ante la ira kirchnerista por la decisión del máximo tribunal de estudiar la situación de los jueces desplazados por el Senado por el haber investigado y juzgado a la ex presidenta y su séquito de funcionarios. En aquel momento se llegó a expresar públicamente la intención de iniciar juicio político al titular de la Suprema Corte.
Ahora, con el argumento de efectuar un balance del primer año de gobierno del Frente de Todos, Cristina de Kirchner hizo público un manifiesto en el que puso otra vez en la mira a los jueces supremos con descalificativos en algunos casos propios de una rencilla de conventillo y en otros con un sesgo autoritario peligroso.
La actitud de la Vicepresidenta pone en jaque una vez más el funcionamiento del sistema republicano, que tiene como finalidad indiscutible asegurar la división de poderes. Dicha separación busca resguardar, principalmente, al Poder Judicial de toda influencia política que pueda surgir del Ejecutivo y el Legislativo. Una sabia premisa que pone límites a todo exceso posible que pueda surgir como consecuencia de nuestro sistema presidencialista fuerte.
Por otra parte, la postura pública de Cristina de Kirchner compromete seriamente al titular del Poder Ejecutivo. Si bien Alberto Fernández ha sido, y lo sigue siendo, muy crítico del obrar de algunos jueces y de la Justicia en general, su modo de expresarse se inclinó siempre más por la moderación que por el atropello que caracterizan a la titular del Senado y a sus principales espadas políticas.
No debería sorprender la postura adoptada por la jefa política del oficialismo. Durante sus presidencias tuvo varios embates contra los tribunales que no prosperaron, en general, por la valentía de la mayoría de los magistrados y el control político ejercido por la oposición de ese momento. Pero el antecedente es válido y deja traslucir la sospecha de que una de las finalidades del oficialismo en su retorno al poder es despejar el camino judicial que trazaron las investigaciones que demostraron tramas de corrupción como pocas veces se vio en el país.
El argumento para “limpiar” el sendero político de investigaciones y condenas se sustenta en el supuesto ardid ideado por el gobierno de Macri, en asocio con jueces y fiscales afines y medios de comunicación, por el solo hecho de perseguir “políticamente” a la dirigencia kirchnerista que gobernó entre 2003 y 2015, siendo los miembros de la Corte los principales responsables. Pero, en lo que no repara la Vicepresidenta es que muchas de esas causas ya se tramitaban judicialmente estando ella en funciones al frente del Ejecutivo. Fueron el resultado de valientes investigaciones periodísticas y de dirigentes que tuvieron la valentía de hurgar en la mugre de la política.
Este nuevo agravio a la institucionalidad debe alertar una vez más a la ciudadanía sobre los riesgos que supone poner en un segundo plano situaciones como la expuesta, que pueden conducir al autoritarismo.
