Un reciente informe determinó que desde hace 10 años Mendoza registra déficit operativo en cada ejercicio anual. El trabajo, dado a conocer por el Consejo Empresario Mendocino (CEM), destaca que en ese periodo el peso del Estado sobre la economía creció 40%, en un claro desequilibrio entre ingresos y gastos públicos, con resultados que variaron según cada administración, es justo señalarlo, pero sin llegar a resolver el problema.
El estudio dado a conocer por el conglomerado empresario remarca que el peso del Estado provincial señalado aumentó claramente en la última década.
Influyó para ello el estancamiento de la actividad económica, que en circunstancias normales en una provincia como Mendoza tiene alta gravitación por el fuerte aporte del sector privado a la producción y el empleo.
Sin embargo, en una economía en crisis, el Estado creció y el sector privado productivo se achicó. Por eso los resultados que advierte el trabajo.
Obviamente, entra en consideración en el crudo informe, la actual coyuntura.
La emergencia sanitaria por la pandemia de coronavirus influyó directamente en la economía, detenida en virtud de la puesta en práctica de la cuarentena y con un retorno paulatino.
Esto se da, justo es destacarlo, a pesar de los esfuerzos que hacen las autoridades de nuestra provincia para que los vaivenes de las medidas que se toman contra los efectos del virus no vuelvan a afectar al quehacer económico.
Entre las consideraciones del informe difundido esta semana, las empresas mendocinas también subrayan que se hace necesario que el Estado provincial y los municipios hagan un esfuerzo para aliviar el sacrificio de los distintos sectores de la economía local.
Y en este aspecto no se marcan diferencias entre “los más pequeños y los más grandes” del ámbito privado.
Hay sugerencias que se realizan desde la conducción del CEM para intentar revertir la crítica realidad, siempre una vez superada la inestabilidad que produce la pandemia.
La más destacada propuesta es la elaboración de una agenda que priorice la producción y el empleo privado. Y que se tienda a definir un tamaño sostenible para el Estado provincial.
La presión fiscal es otro dilema, en un país que bate récords a nivel internacional por la cantidad de impuestos vigentes.
Recientemente tuvo aprobación legislativa la creación del consejo propuesto por el gobernador, Rodolfo Suárez, para asesorar a las autoridades de turno en materia económica, social y ambiental.
Este ámbito puede resultar válido para buscar alternativas que, de algún modo, respondan a las preocupaciones planteadas por los empresarios con respecto a la presión del Estado sobre el sector privado. Con más razón, porque dicho organismo prevé la participación de funcionarios, legisladores e intendentes junto a representantes del sector privado y también del ámbito gremial, entre otros.
El sentido es dotar de iniciativas a quienes deben legislar y gestionar no pensando en la coyuntura, sino en los próximos años.
La dura crisis agravada por una emergencia puede servir de punto de partida para pensar en medidas para hacer eficiente al Estado siempre pregonadas, pero que la inestabilidad económica y la desidia política muchas veces impidieron encarar.
