El hostigamiento a jueces y fiscales considerados responsables de una supuesta persecución política de sus líderes es una obsesión histórica del kirchnerismo.
Actitud que nunca ha cesado y que ahora, a días de las elecciones presidenciales, parece intensificarse.
No parece caber dudas de que, gane o pierda el candidato oficialista, esa fijación se mantendrá, en especial desde el Congreso, donde dicho sector político mantendrá desde diciembre una estructura muy respetable en lo que a número de miembros se refiere.
En efecto, es en las cámaras legislativas donde el oficialismo tiene en marcha su principal acción: juicio político a los miembros de la Corte Suprema de Justicia de la Nación por mal desempeño y pretendida reinserción en su cargo de la jueza adicta, y cesanteada por la Corte, Ana María Figueroa.
El caso de la Corte ha ocupado todo el año legislativo, ya que la iniciativa, promovida por el presidente de la Nación con respaldo de gobernadores, se presentó en enero.
Luego de meses de abordaje en comisiones de Diputados, en los últimos días dos miembros del máximo tribunal, Horacio Rosatti y Carlos Rosenkrantz, presentaron sus descargos en forma individual y se espera para los próximos días una nueva instancia a la espera de lo que hagan los dos restantes jueces supremos, Juan Carlos Maqueda y Ricardo Lorenzetti.
Más allá del dictamen de comisión que pueda lograr, el oficialismo no tiene mayoría en el pleno de la Cámara de Diputados para avanzar con el proceso de juicio político.
Pero no hay que descartar, como señalábamos antes, que dicho procedimiento continúe en el caso de que el candidato oficialista resulte electo Presidente.
Lo destacable de estos últimos días es el tenor del descargo de los jueces Rosatti y Rosenkrantz, que no sólo rechazaron el proceso iniciado en su contra por parte del oficialismo.
También denunciaron irregularidades y respondieron a todos los cargos que se les formularon y por los que se les puso en marcha la actual investigación.
Fundamentalmente, alertaron sobre el peligro que representa para la independencia del Poder Judicial la acción emprendida por el kirchnerismo.
Según los jueces supremos cuestionados se trata de un proceso en el que hubo presiones a testigos como también la inclusión de pruebas consideradas ilegales por un fiscal al que el kirchnerismo no ve con agrado.
Como se puede ver, una defensa enérgica por parte de los máximos magistrados.
En el caso puntual de la ex jueza de Casación Ana María Figueroa, la Corte Suprema la dejó cesante en su momento porque el Senado no había logrado quórum para prorrogar su función durante cinco años más a partir de haber cumplido 75 años de edad, como fija la Constitución Nacional.
Luego, el presidente de la Nación firmó un pedido de prórroga tardío desde todo punto de vista, mientras que el bloque oficialista del Senado impuso, por mayoría, un pedido de restitución también totalmente atemporal, en el que se escuda la doctora Figueroa para pedir de nuevo su cargo y sueldo, como hizo recientemente.
Son dos conflictos puntuales y de gravedad, especialmente el juicio político a la Corte Suprema.
Procesos demostrativos de que al kirchnerismo lo que le interesa de la Justicia es su obediencia y subordinación a sus preceptos políticos.
