Siempre son preocupantes los cíclicos robos de transformadores eléctricos con la finalidad de extraer el cobre que contienen en su interior y venderlo en el mercado ilegal, una constante que afecta a las cooperativas eléctricas y empresas prestadores del servicio de energía. Ocurre en muchas provincias argentinas y en Mendoza aunque se mantiene en algunos lugares este flagelo, las autoridades sostienen que se ha podido neutralizar este accionar de bandas organizadas.
El Gobierno provincial, a través del Ministerio de Seguridad y autoridades judiciales, como la Fiscalía de la Zona Este, anunciaron hace varias semanas que el robo de cables de cobre y transformadores en la región Este, una de las más afectadas, “ha disminuido 95%”, gracias al trabajo en conjunto y el compromiso adquirido por todos los afectados No hay que dudar del anuncio oficial y se debe apostar a que esta modalidad al margen de la ley está disminuyendo.
En los últimos tiempos se han incautado alrededor de 28 mil kilos de cobre en toda la provincia, de setiembre de 2021 a setiembre de 2022, de los cuales unos 5 mil fueron secuestrados en el Este.
De todos modos, y en previsión de que el ilícito descripto pueda reaparecer en algún momento, o por el remanente de sustracciones que todavía se realiza en el resto del territorio, debemos calificar como acertada una iniciativa que sobre este tema se está trabajando en la Legislatura Provincial. Nos referimos al proyecto con media sanción del Senado que propone instaurar un régimen preventivo y de control de actividades con metales no ferrosos, con la intención de terminar con el robo de transformadores y cables que afectan la prestación de servicios y el desarrollo de distintas acciones.
La intención es habilitar un Régimen Preventivo y de Control de Actividades que registrará a las personas humanas o jurídicas, que realicen actividades de carácter comercial o industrial “con metales no ferrosos, cobre y aluminio en todos sus estados puros, elaborados, incorporados en aleaciones, en piezas identificables a sus desechos, sean estos establecimientos de venta, reducción y fundición, fabricación de bienes que incorporen estos materiales, depósitos y chatarrerías…”
Obviamente, estarán exceptuados los yacimientos minerales no ferrosos y productores primarios de estos minerales.
El registro propuesto funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad, quien será la autoridad de aplicación, y ese organismo deberán inscribirse los sujetos antes mencionados.
Creemos que, con estas medidas, más el lógico mantenimiento de los operativos policiales de vigilancia en las zonas afectadas, se podría neutralizar una forma de delito que cuesta mucho al sector privado y al Estado.
Se ha establecido que el perjuicio que ocasionan estos robos es millonario. Se estima que la reposición de transformadores rotos entre 2021 y 2022, fue de 226 aparatos con tentativa de robo que quedaron dañados y de 415 sustracciones, ocasionando un perjuicio de 400 millones de pesos más otros 70 millones por costos de instalación. Todo esto, sin contar el daño ambiental que generan las roturas por el aceite que desprenden estos transformadores.
Cuando todas estas disposiciones se pongan en funcionamiento, hay reales expectativas de que se podrá terminar con un negocio que ha dado pingues ganancias a ladrones y ha causado un perjuicio de enormes proporciones a las arcas estatales y a las entidades productivas privadas.
