Se cumplen hoy 30 años del atentado terrorista que destruyó la sede de la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA), en Buenos Aires, dejando un saldo de 85 muertos y cientos de heridos. Un ataque que produjo gran conmoción en el mundo, especialmente porque dos años antes otro suceso de similares características había producido la destrucción del edificio de la Embajada de Israel en nuestro país, también dejando un desolador escenario de muerte y sufrimiento.
En estas tres décadas desde aquella dramática jornada la faz investigativa por parte de la Justicia mostró mucha ineficiencia por su lentitud, a lo que se le debe sumar poca actitud de la dirigencia política en general para promover otra predisposición institucional que condujera a la detención y juzgamiento de los responsables de la masacre.
Recién en un fallo bastante reciente y de mucha trascendencia, la Sala II de la Cámara Federal de Casación Penal determinó que Irán fue el país responsable del atentado. Por otra parte, colocó a esa nación en la categoría de Estado terrorista y autor de un delito de lesa humanidad, es decir imprescriptible. Esto se logró casi a la par con un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos fijando una condena al Estado argentino, al establecer que éste debía remover todos los obstáculos existentes en el plano legal para que se pudiera avanzar en el esclarecimiento de los hechos ocurridos hace 30 años.
La de la determinación de Irán como país responsable de la destrucción de la AMIA fue una sentencia histórica por su aporte a la jurisprudencia y por lo que puede generar en materia judicial hacia el futuro. Como bien se señaló en aquel momento, el trabajo de los jueces de la Casación Penal llegó a su fin cuando los tres magistrados completaron la revisión de varias causas que estuvieron vinculadas con el terrible atentado. De ese modo se pudo dar el veredicto definitivo en la investigación concreta del ataque y al denominado caso AMIA II, todo dirigido hacia las irregularidades cometidas por la pesquisa penal, que, entre otras cosas, se prestó para encubrir el trágico ataque.
En esta indefinición de tres décadas entra en consideración, inevitablemente, el muy cuestionado Memorando de Entendimiento con Irán que la Argentina, presidida en ese momento por Cristina Fernández de Kirchner, firmó abriendo un nuevo capítulo del escándalo. Aquel memorando pretendía, según el gobierno de entonces, avanzar en una investigación capaz de determinar si los funcionarios iraníes que se encontraban bajo sospecha tenían realmente responsabilidad en el atentado contra la AMIA.
Con dicho acuerdo, los jueces argentinos podían, vergonzosamente, interrogar en Irán a varios de los imputados en la causa. Llamativamente, todos ellos en ese momento ya eran ex funcionarios de su país y en algunos casos con trascendente trayectoria en la política.
En todo este marco toma relevancia la reciente iniciativa oficial para establecer la vigencia de la ley de juicio en ausencia, que promueve el Ejecutivo Nacional. Como han señalado juristas y publicaciones periodísticas, se trata de la primera vez en que una iniciativa de tanta relevancia es impulsada desde un gobierno, lo que puede conducir, por añadidura, a un debate parlamentario importante. El sólo respaldo del sector a cargo de la conducción del Estado debería comprometer seriamente al Poder Legislativo.
Como hemos señalado antes desde este espacio de opinión, es de esperar que todas las variables expuestas remedien claramente las falencias y conspiraciones que el proceso de investigación tuvo a lo largo de tres décadas.
