El abogado y ex concejal de Godoy Cruz,
Marcelo Canale
, había sido denunciado por estafas y en el día de ayer se iba a dar inicio al juicio, pero a instancias del abogado Omar Venier, defensor del imputado, se celebró una audiencia de solución de conflicto y se suspendió el debate.
La posición de Canale encontró el eco favorable en el juez Rafael Escot, de la Quinta Cámara del Crimen, que tuvo a su cargo el debate, en la característica de unipersonal.
Según el abogado Cristian Puga, que impulsó la demanda contra el ex edil de Godoy Cruz, éste se comprometió a pagar 60 mil pesos por daños en seis cuotas de 10 mil . La primera el próximo lunes 12.
Entre las obligaciones a que se sometió figuran, como primera medida, cumplir con lo pactado, es decir con cada una de las cuotas y no volver a cometer algún delito. Cualquier alteración a lo propuesto hará caer el acuerdo firmado y el conflicto deberá ser resuelto en la sala de debates.
El principio
En octubre de 2006 Eduardo Chaves, un secretario del abogado Cristian Puga, le pidió un préstamo de 1.000 pesos a Marcelo Canale. Canale se lo concedió con una condición: que Puga fuera garante de ese préstamo.
Todos aceptaron la transacción y Chaves terminó firmando cinco pagarés de 236 pesos. Los documentos en cuestión se habían confeccionado de forma incompleta es decir que estaba la cifra en número pero faltaba llenarlo en letras.
Siguiendo la continuidad de lo reflejado en el expediente judicial, los dos primeros documentos fueron cancelados, pero la presunta estafa comenzó con el tercero, ya que Canale lo habría fraguado, colocando entre el signo pesos y el 2 un número más, el 9, por lo que la cifra se transformó en 9.236 pesos.
Tres años después Canale habría querido cobrar el nuevo documento y como ni el firmante ni el garante le pagaron, inició una acción ejecutiva contra ambos.
Puga decidió contestar la demanda y, a la vez, denunciarlo por estafa y falsificación de documento. El 1 de noviembre de 2010, la fiscal de Capital Daniela Chaler lo imputó por ambos delitos.
Más tarde la causa fue elevada a juicio impulsada -hace ya varios meses- por la jueza de Garantías, Alejandra Mauricio, y convalidada después por la Cámara de Apelaciones, tomando como base para la acusación una pericia caligráfica ordenada, en su momento, por la fiscal de Capital Daniel Chaler, donde se demostraba que "...el 9 fue escrito en un momento posterior; la tonalidad de la tinta de este número era distinta y el número fue colocado en un espacio minúsculo". También se supo que el propio Canale admitió, durante la investigación, que había fraguado el documento en cuestión.
Ahora después de varias postergaciones el caso llegó a debate y en un "acuerdo" de partes el imputado se comprometió a pagar por el daño, respondiendo así a la imputación de uso de documento privado adulterado (equiparable a documento público) en concurso ideal con estafa procesal, delito que tiene una pena de 1 a 6 años de prisión.
