Hace seis días, la jueza mendocina Silvina Furlotti dijo: “Muchas veces nosotros, y hay que reconocerlo, en nuestra función judicial, desconocemos las consecuencias económicas de nuestras decisiones”. La jurista, que preside la Asociación de Magistrados de Mendoza, se sinceró así frente a la audiencia, durante la presentación del Laboratorio de Análisis Económico del Derecho el martes 24 de noviembre en la Facultad de Ciencias Económicas, para darle lugar a la necesidad de juezas y jueces de optimizar sus fallos con una perspectiva de impacto económico en cada resolución judicial.
Reflexión de magistrada
Es importante el reconocimiento de la magistrada, que habla por ella y por sus colegas. Remarca que quienes deciden, quienes deben impartir justicia, no se hacen estas preguntas porque no consideran el factor económico de sus sentencias, pero, a la vez, observaciones de expertos en estas acciones judiciales concluyen que sí lo hacen por intuición, más que por método de trabajo.
“Como jueces y juezas, nosotros no nos hacemos esas preguntas, y creo que es cierto, pero nos las hacemos intuitivamente. Es decir, nosotros nos largamos al agua y cruzamos nadando la pileta, pero creo que es mejor si lo podemos hacer con mejor estilo y con una ayuda para poder llegar al otro lado”, ratificó la jueza en el acto virtual.
Esta disposición de Furlotti y su pedido: “Necesitamos que nos abran la cabeza” ya justificaron la iniciativa de las facultades de Ciencias Económicas y Derecho de la UNCUYO. Por eso, el Centro de Investigación y Vinculación Económica de la FCE inauguró el primer Laboratorio de Análisis Económico del Derecho en la provincia, que contará también con la participación activa del Colegio de Abogados y de la Asociación de Magistrados de Mendoza. El profesor e investigador Carlos Diego Martínez Cinca liderará un equipo numeroso de profesionales ligado al mundo del litigio jurídico y de la economía en esta experiencia.
Puntualmente
- En el laboratorio habrá material de investigación digitalizado;
- Se pretende llegar a quienes se encarguen de las políticas públicas, personal ligado al derecho o la legislación, para que adopten formas de minimizar los costos;
- Se analizarán los contextos políticos, ya que es fundamental decidir qué tipo de Estado se evaluará: uno gendarme o liberal;
- El laboratorio propondrá lecturas y seminarios respecto de esta difícil problemática. Es uno de los temas clave que nos afectan hoy como Estado de derecho. Como tema de análisis económico, aparece como necesidad que la omisión del Estado sea antijurídica. Esto quiere decir que se integran tres razones: una razón moral, una institucional y una económica.
Palabra de profesor
Una de las ventajas que tiene el análisis económico en materia de derechos contractuales o derechos de daños es la de objetivar la posibilidad de conducir a menores costos el daño social. Este es el propósito que pretende establecer el laboratorio: generar un puente entre las investigaciones empíricas y cuantitativas que se hacen en la facultad y que los magistrados puedan consultarlas.
“Con una simple comparación, yo puedo establecer efectivamente si la cuantía del daño multiplicado por la probabilidad de que el accidente ocurra era mayor respecto del costo que las medidas de seguridad tenían; entonces, hubo negligencia de quien pudo haber evitado el daño y no lo hizo”, argumentó Martínez Cinca.
Aplicando el teorema de Ronald Coase, que desarrolló el concepto de costos de transacción en la economía, lo que se intenta es que la justicia busque distintas maneras de eliminar los costos de transacción que supone un fallo de un caso, o al menos, tratar de reducirlos para que se alcance una solución más eficiente. “Es muy interesante cómo los jueces tienen un razonamiento implícitamente económico, solo que les cuesta verbalizarlo o les cuesta hacerlo explícito”, comentó Martínez Cinca en la inauguración del laboratorio de análisis económico del derecho.
El experto hizo notar que en el laboratorio en gestación se podrán observar estas acciones, que el derecho va intuitivamente encontrando espacios o instituciones para minimizar los costos de transacción. Por eso señaló: “Los entes reguladores de servicios públicos, los hacedores de políticas públicas, no han caído en la cuenta de que son soluciones para los jueces que tratan de minimizar estos costos de transacción al evitar el altísimo índice de litigiosidad que caracteriza a nuestra provincia”.
La jueza Furlotti dejó abierta la puerta hacia la recomposición de sus consideraciones al plantear como observación final: “La economía nos viene a ayudar a nosotros, sobre todo, a hacer otro tipo de análisis. Si yo, por ejemplo, cierro una fábrica como medida preventiva porque está contaminando, ¿qué otras consecuencias puede traer?”.
