Las calles de Quito volvieron a ser campo de enfrentamientos entre policías y manifestantes, en su mayoría indígenas que pretendieron llegar hasta la sede del parlamento para llevar su protesta contra las medidas de ajuste impuestas por el gobierno en acuerdo con el FMI.
Mientras tanto, el gobierno del presidente Lenín Moreno llamó a un "diálogo directo" con los manifestantes. "Hago un llamado a los dirigentes a dialogar directamente conmigo, sentémonos para conversar, para dialogar sobre el decreto 883, hablemos de a dónde deben dirigirse esos recursos y asegurémonos que vayan a quienes más lo necesitan, pongamos en nuestras manos la solución de las diferencias", dijo el jefe de estados en un mensaje de menos de un minuto.
"El país debe recuperar la calma", añadió desde Guayaquil, adonde mudó la sede del gobierno tras el estallido que convirtió a la capital, Quito.
En tanto, miles de manifestantes que acampan desde hace más de una semana en el parque del Arbolito, reforzados con la llegada de indígenas procedentes de la Amazonia ecuatoriana, marcharon hacia la zona de la Asamblea Nacional (parlamento), un área bajo medidas extremas de seguridad decretadas por el “estado de excepción” declarado la semana pasada por el presidente Lenín Moreno.
Algunos manifestantes quisieron superar las vallas montadas por las fuerzas de seguridad para impedirles el paso, contexto en el que la policía disparó granadas de gas lacrimógeno para dispersarlos, de acuerdo con informes coincidentes de la prensa local.
Los choques estallaron antes del mediodía, cuando una multitud encabezada por una primera línea de mujeres llegó hasta la fachada de la Asamblea Nacional y coreó consignas en quichua para pedir que se les abriera el paso.
Desde un costado llegó un grupo de individuos aparentemente armado con piedras y las fuerzas de seguridad iniciaron una intensa carga con gas lacrimógeno que dispersó en pocos minutos a los arremolinados, informó la agencia EFE.
El martes, un grupo de indígenas logró irrumpir en el salón principal de la sede parlamentaria y permaneció en el lugar durante unos minutos antes de retirarse, sin que se reportaran actos vandálicos en las instalaciones.
Desde el estallido del 1 de octubre, cinco personas murieron y al menos 800 resultaron detenidas en las múltiples protestas registradas en distintas ciudades del país contra la decisión de Moreno de eliminar un subsidio a los combustibles, lo que derivó en un fuerte aumento de los precios para los tipos de nafta de mayor consumo.
La gravedad de las protestas llevó a Moreno a declarar el estado de excepción e incluso a mudar la sede del gobierno a Guayaquil, a unos 400 kilómetros al sur de Quito.
Pese a los enfrentamientos de ayer con la policía, la mayoría de las organizaciones indigenistas aclararon que no quieren entrar en peleas con las fuerzas de seguridad y sus miembros hicieron gran parte de la marcha con las manos en alto.
Otros en cambio, esgrimieron palos u otros objetos amenazantes.
Desde el 1 de octubre, cuando Moreno anunció sus medidas, indígenas, sindicatos y movimientos sociales llevan a cabo bloqueos de calles y autopistas que crean problemas al abastecimiento de distintas mercancías.
El presidente Moreno expresó que está dispuesto a dialogar, pero dejó en claro que bajo ningún concepto dará marcha atrás en su decisión de eliminar los subsidios a los combustibles.
Las Naciones Unidas y la Iglesia se ofrecieron para mediar entre el gobierno y las comunidades indígenas para bajar las tensiones, pero hasta el momento las gestiones no han dado resultados.
La Confederación de Nacionalidades Indígenas de Ecuador (Conaie), que encabeza la reacción popular, exige para iniciar el diálogo la derogación de la medida que eliminó los subsidios a los combustibles, el cese completo de la represión y la renuncia de funcionarios del gobierno.
La Conaie envió una carta al Gobierno en la que expuso sus condiciones para entablar mesas de diálogo y deponer las movilizaciones que desde hace nueve días mantienen a Ecuador bajo conmoción.
En esa misiva se exige la derogación del decreto 883 que eliminó el subsidio a los combustibles, un pedido que hoy acompañó la Defensoría del Pueblo.
También reclamó la renuncia o separación de la ministra de Gobierno, María Paula Romo; y del de Defensa, Oswaldo Jarrín, a quienes las comunidades hicieron responsables de la violencia de la represión.
"Mientras permanezcan en sus cargos no es garantía de que haya diálogo", dijo a la prensa ecuatoriana el dirigente del Movimiento Campesino de Cotopaxi, Leonidas Iza.
