Si nos recostamos sobre el área andina observamos importantes mejoras en el NOA por extensión de la ganadería, la ampliación de la superficie de cultivo de granos y la modernización del cultivo e industrialización de la caña de azúcar.
Las economías más propiamente vitivinícolas y frutícolas como La Rioja, San Juan y Mendoza, también han tenido cambios impulsados por sustanciales modificaciones en la actividad tradicional.
En San Juan, donde el adelanto relativo fue mayor que en nuestra provincia, factores importantes en el cambio han sido el desarrollo de grandes proyectos mineros de oro y cobre y el aprovechamiento de de sus cursos de agua con obras hidráulicas y mejoras importantes en el sistema de distribución de agua de riego.
Mendoza muestra una paradoja de la cual surge una especie de desconcierto, tanto de la dirigencia como de la sociedad. Habiendo atravesado una larga crisis de su industria madre en la década de los’80, a partir de los ‘90 una profunda y expansiva transformación de esa industria fue arrastrando a diversos sectores de actividad a un proceso de modernización y crecimiento.
El turismo, en sus diversas modalidades y otros servicios conexos, son el ejemplo más elocuente y palpable. El proceso económico y cultural de la vitivinicultura llegó a convertirse en un modelo que distintas regiones del país querían imitar, incluso trascendiendo nuestras fronteras.
No obstante, los graves desaciertos de la política económica nacional han mostrado, al menos en el último lustro, la fragilidad de nuestra economía y las otras regiones, ante situaciones de políticas faltas de elemental racionalidad. El atraso cambiario es su mayor expresión, pero también otras como el aumento constante de los costos del transporte y distribución, el deterioro de la infraestructura vial y ferroviaria, acompañadas por sistema de tasas e impuestos locales que, en los hechos, han reconstituido las aduanas interiores del siglo XIX.
Pero más allá del reclamo legítimo de corregir estas situaciones que las perjudican, Mendoza debe encarar una ampliación de su base económica, endeble para su actual población y su probable crecimiento. Es indispensable pensar y estudiar en profundidad la real disponibilidad de agua y en función de ello y otros factores ambientales, decidir qué se puede hacer y qué no en materia de minería, por ejemplo. Ni hablar de la siempre postergada ley de ordenamiento territorial, donde el descuartizamiento de las mejores zonas agrícolas avanza diariamente a la vista de todos.
Debemos encontrar alguna forma de reunir en un trabajo coordinado a los mejores recursos humanos, profesionales y técnicos que, excluidos de los temas estrictamente coyunturales, puedan trabajar sobre cuestiones de mediano y largo plazo. Estos recursos existen, están dispersos en dependencias públicas, instituciones académicas u organizaciones privadas, pero carecen de formas de encontrarse, de trabajar con alguna coordinación que potencie el saber individual de cada uno de ellos. Éste es el paso indispensable que deberían dar tanto las máximas autoridades de gobierno, como los partidos políticos e instituciones de la sociedad civil.
Un caso sirve de ejemplo: hace ya varios años el CEM (Consejo Empresario Mendocino) realizó una convocatoria de este tipo, con notable respuesta, y el trabajo de decenas de técnicos y profesionales se volcó en un documento que lamentablemente urgencias de coyuntura, no pocos egos y ambiciones personales, terminaron dejando en el olvido.
Hay que buscar la forma, el camino de aunar esfuerzos, de recrear una esperanza fundada e ideas y propuestas concretas y factibles. Mendoza lo supo hacer y puede volver a hacerlo.
