La política económica implementada desde el Gobierno nacional, adoptando decisiones incomprensibles relacionadas con las importaciones y las exportaciones, está afectando seriamente a las economías regionales.
Lo han señalado en numerosas oportunidades las entidades que nuclean a la industria vitivinícola, se han manifestado en el mismo sentido los organismos relacionados con la olivicultura y ahora aparecen números más que preocupantes entre los industriales que se encargaban de la industrialización de la ciruela. Todo lleva a indicar que los planteos realizados desde las provincias no son escuchados en el Ejecutivo nacional, más preocupado por lo que sucede con el valor de la soja o los granos en el concierto internacional, que en la pérdida de puestos de trabajo en el interior del país.
Es mucho el esfuerzo y la inversión que se realiza en las economías regionales, pero son aspectos que no son reconocidos por quienes, o quien (llámese Guillermo Moreno), toman las decisiones. La vitivinicultura debió realizar una importante reconversión de viñedos, incorporación de tecnología en bodegas y salir a ganar mercados pero, cuando los números daban un crecimiento exponencial, con dos dígitos anuales en el aumento de las exportaciones, desde el Gobierno nacional comenzaron las trabas, a través de medidas inaceptables, mientras paralelamente un dólar planchado, con una inflación interna permanente, genera una pérdida importante de competitividad.
Así entonces, muchas bodegas han priorizado la exportación de vinos a granel, con lo que el valor agregado que significa el fraccionamiento en origen se pierde, y con ello fuentes de trabajo.
Otro tanto puede decirse de la olivicultura y el mejor ejemplo se dio con el anuncio de cierre -aunque posteriormente modificó la situación- de una importante empresa instalada en La Rioja, pero el problema no se ha resuelto de manera definitiva.
El caso de la ciruela es distinto, pero también merece la consideración de parte de las autoridades. Se trata de una actividad que cuenta con problemas estructurales profundos, a los que se les han sumado en los últimos tiempos algunos coyunturales que han contribuido a profundizar la situación.
Por falta de información y especialmente de integración, la producción de las fincas implantadas con ciruela tiene un rendimiento muy inferior al que se alcanza en Chile, lo que provoca serias dificultades para la competitividad de la fruta argentina. Ese inconveniente ha generado que en la última década se resignara superficie implantada, alcanzando actualmente a las 18.500 hectáreas, a lo que se sumó, en el último año, un problema generado por la escasez de agua de riego y la aparición de una plaga que afectó a los frutos. Y esa falta de competitividad provocada por la menor producción se potencia con las medidas implementadas desde el Gobierno nacional.
Frente a este panorama desalentador es necesario actuar de inmediato. Debe impulsarse, por parte de las autoridades y del sector privado, una pronta integración a los efectos de implantar las variedades que pide el mercado y la forma de conducción de las plantas para lograr una mayor producción, como sucede en Chile. Paralelamente, exigir a las autoridades nacionales terminar con políticas que afectan a las economías regionales. La celeridad de las acciones responde a un hecho concreto: se han perdido en este último año más de 700 puestos de trabajo y ha cerrado la mitad de los secaderos que funcionaban en el sur provincial.
