El Gobierno nacional decidió eliminar todas las asistencias bajo la modalidad de ANR (Aportes No Reembolsables), o subsidios, y transformarlos en créditos. En esa decisión quedó incluido el Proyecto de Integración de Pequeños Productores a la Cadena Vitivinícola (Proviar II), que ya tenía proyectos en estado avanzado, pero aún no había entregado fondos. Desde las entidades plantearon que esperan que se ofrezcan créditos con tasas accesibles, como también saber qué sucedió con los US$ 8 millones del BID que estaban bajo la custodia de la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales (Diprose).
El Proviar II fue anunciado oficialmente por el expresidente Alberto Fernández en octubre de 2021. Sin embargo, el sector vitivinícola venía insistiendo en la importancia de lanzar la segunda etapa desde hacía más de tres años. Y hubo que esperar casi dos años más para que, en julio de 2023, se lanzara la convocatoria para los proyectos que iban a recibir un financiamiento por un total de US$ 50 millones, de los que US$ 40 millones provenían de un crédito del BID.
Finalmente, se presentaron más de 300 grupos, de 14 provincias vitivinícolas, para recibir asistencia técnica y trabajo en la formación y consolidación de Grupos Asociativos para la planificación de acciones conjuntas y la definición de Proyectos Integrales Asociativos (PIA). Había líneas para pequeños y medianos productores vitícolas, establecimientos vitivinícolas y pymes lideradas por mujeres y jóvenes.
Sin embargo, el Gobierno decidió suspender todos los Aportes No Reembolsables y, en el caso del Proviar II, se lo comunicó al Instituto Nacional de Vitivinicultura (INV), por ser la unidad subejecutora del programa. Carlos Tizio, titular del organismo, confirmó que fue una decisión del Ejecutivo nacional de suspender este aporte, que no había sido adjudicado. Y sumó que, en cambio, se planteó ofrecer líneas de crédito para los productores.
El presidente de la Coviar (Corporación Vitivinícola Argentina), entidad que había estado a cargo de la ejecución de la primera etapa del Proviar, Mario González, resaltó que la decisión incluye a todos los ANR en el país, para los que se habían tomado créditos internacionales y no estaban en ejecución.
“El mayor problema está en el esfuerzo muy grande que había hecho el sector primario para participar en la convocatoria del INV el año pasado”, planteó. Y sumó que esperan que estos proyectos se ejecuten lo antes posible, porque apuntaban fuertemente a los productores. “Va a ser una mala noticia no poder continuar”, sumó.
Gonzaléz manifestó que aguardan que se pueda seguir trabajando, aunque ya no se trate de ANR, sino de créditos accesibles. Pero que lo importante es que no se pierda la oportunidad de financiamiento; algo con lo que subrayó hubo coincidencia con Juan Pazo, secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo y de la Bioeconomía de Nación, quien estuvo en Mendoza el jueves.
Precisó que, durante el encuentro, se compartió la mirada de la importancia de que la vitivinicultura pueda acceder a fondos y de la importancia que tiene el sector en el posicionamiento de Argentina en el mundo, que es uno de los ejes estratégicos de Coviar y que ha tomado mayor relevancia en un contexto de caída del mercado interno por la pérdida de poder adquisitivo.
Específicamente sobre el financiamiento, González se mostró confiado en que habrá créditos para el sector, porque ha habido un cambio en la matriz financiera y los bancos han dejado de prestarle al Estado, por lo que la oferta empezará a enfocarse en el sector privado, con tasas y plazos más convenientes.
El expresidente del INV, Martín Hinojosa, quien fue el encargado de coordinar la convocatoria para la presentación de proyectos para el Proviar II, expresó que costó mucho lograr que el programa estuviera operativo. Y destacó que se llegó a un acuerdo con muchas provincias vitivinícolas, de distintos partidos políticos, y que se unificaron criterios con diversas entidades. “No todo lo que se gestionó es discutible. Hay cosas que se hicieron bien y deberían seguir”, opinó el empresario vitivinícola.
Fabián Ruggeri, titular de la Asociación de Cooperativas Vitivinícolas Argentinas (Acovi), comentó que, si bien hubo que esperar mucho para que se habilitaran los fondos, porque era un trámite complejo, a partir de eso avanzó rápidamente, pero llegó un cambio de gestión.
Pese a eso, manifestó que entienden que hay una parte del financiamiento, por un total de US$ 8 millones, que ya fueron depositados por el BID en el país y que se deben, primero, encontrar, y, luego, averiguar si tienen una afectación específica, con lo que no podría modificarse su destino ni, tal vez, la modalidad de entrega (ARN en lugar de créditos).
Si bien el financiamiento total del programa alcanzaba los US$ 50 millones -US$ 40 millones a través de un crédito con el Banco Interamericano de Desarrollo y otro US$ 10 millones por el Gobierno nacional-, como la ejecución estaba prevista a lo largo de cinco años, las transferencias estaban previstas en etapas.
Ruggeri añadió que la tarea de rastrear este financiamiento le corresponde a la Dirección Nacional de Programas y Proyectos Sectoriales y Especiales, como organismo ejecutor del programa, y al INV, que fue designado como subejecutor. Pero que desde Acovi, como entidad que agrupa a cooperativas de productores y miembro del directorio de Coviar, planean acompañar esa búsqueda.
Fuentes del sector aseguraron que los US$ 8 millones del BID de una etapa inicial fueron depositado en las arcas de la Diprose durante 2023 y este año debían comenzar a ejecutarse. En este sentido, explicaron que el organismo debería devolver ese dinero al Banco Internacional de Desarrollo y pagar las multas correspondientes.
Asimismo, Ruggeri detalló que hay muchos proyectos que se presentaron en la primera convocatoria -del año pasado- y que están avanzados, e incluso aprobados, y en la instancia de formulación. En la página de la Secretaría de Planificación del Desarrollo y la Competitividad Federal (del Ministerio de Economía), se detalla que se presentaron más de 1.300 ideas proyecto, por parte de casi 300 grupos asociativos y que el 47% eran productores vitícolas, 32% emprendimientos de servicios vitivinícolas y 21% establecimientos vitivinícolas.
En cuanto al resto del financiamiento, que no fue transferido por el BID, Ruggeri indicó que el Gobierno ha decidido que no haya más ANR, pero sí créditos y que se apunta a trabajar para que esos fondos se destinen a préstamos a tasas muy bajas para la vitivinicultura, como estaba previsto. Pero destacó que es una idea, no algo concreto aún.
Qué pasará con Coviar
Hace poco más de un mes, en una reunión que se realizó en el INV, con la participación de los ministros de producción de San Juan, Gustavo Fernández, y de Mendoza, Rodolfo Vargas Arizu, y Juan Pazo, se había adelantado que el Gobierno quiere desregular la vitivinicultura. Algunos indicaron que esto incluía a la Coviar y el aporte obligatorio que deben realizar las industrias.
Mario González sostuvo que esta posibilidad se había tratado por encima y que se acordó tener una reunión para poder explicar la tarea de la corporación. El encuentro se realizó la semana pasada y asegura que se entendió que es una entidad que ejecuta el Plan Estratégico Vitivinícola con fondos propios.
Por su parte, Tizio coincidió en que, en la reunión del jueves, con la renovada visita de Pazo a Mendoza, se resaltó que hay una ley establece el funcionamiento de la Coviar y se debe cumplir. Pero también mencionó que el Estado nacional no le va a enviar más fondos, porque no hay disponibilidad para eso.
Para entender el impacto de esta decisión, dentro de los recursos que recibió el año pasado la corporación, unos $528 millones correspondieron a la contribución obligatoria, pero también hubo unos $1.136 millones de los Ministerios de Agricultura y Economía, más otros $634 de los de Ciencia y Técnica, y Turismo, para financiar programas específicos, que dejaría de percibir.
