El Gobierno nacional tomó ayer el control de la empresa Vicentin, en un mar de dudas sobre el proceso expropiatorio y con una certeza: además de pagar la deuda de la compañía, el Estado tendrá que inyectar varios millones de dólares para que la cerealera -en default desde diciembre- vuelva a operar al máximo de su capacidad.
El norte de Santa Fe se convulsionó ayer cuando dos aviones aterrizaron en Reconquista. Llegaron funcionarios liderados por el subinterventor designado, Luciano Zarich. En auto fueron hasta la vecina Avellaneda, donde hubo un banderazo contra la decisión. La delegación se presentó en el Juzgado Civil y Comercial a cargo Fabián Lorenzini.
El magistrado que interviene en el concurso de la firma recibió una copia certificada por la Escribanía General de la Nación del DNU del presidente Alberto Fernández. Tras ello, Zarich se trasladó a las oficinas centrales del Grupo Vicentin y luego recorrió la planta, tomando el control. Desde allí llamó al interventor, Gabriel Delgado, quien no viajó porque está recién operado.
Los dueños de la firma habían afirmado horas antes que se enteraron por televisión de la medida y advirtieron que esto provoca “incertidumbre y preocupación”.
En el Gobierno están convencidos que el control de la empresa le va a permitir al Estado mejorar su disposición de alimentos para la asistencia social. “Nosotros debemos garantizarnos que esto funcione con la lógica de una empresa privada, siempre teniendo en cuenta lo estratégico que es la formación de divisas y soberanía alimentaria”, dijo Fernández ayer.
El Presidente defendió su decisión. Y reveló que hace diez días recibió a “emisarios” que le ofrecieron un acuerdo con los dueños de la empresa, para que la misma pase al Estado. Aseguró que se negó y definió la expropiación porque su objetivo no es salvar accionistas sino una firma estratégica.
En el medio, Fernández bajó una orden concreta: que nadie en el Gobierno ni en oficialismo hable de expropiación sino de “rescate”. Y le ordenó a Delgado avanzar muy rápidamente para establecer hasta dónde llegará la expropiación, para redactar el proyecto de ley y enviarlo al Congreso.
Si bien se dijo que se expropiará el Grupo Vicentin, Fernández aclaró ayer que aún no se definió si esto alcanzará, por ejemplo, a las unidades de negocios del holding que operan en San Juan y Mendoza. Sí, reconocieron fuentes del Gobierno que para poner en funcionamiento pleno a la firma que opera soja, algodón y girasol será necesaria una inyección de capital de más de 100 millones de dólares.
Ese dinero tendrá que salir del Tesoro, reconoció ayer Fernández. Pero hasta el momento tampoco está definido si la administración del fideicomiso estará en manos de YPF o del Banco Nación. Solo se sabe que YPF Agro será la gerenciadora. Aunque no se descarta que en un futuro se sume un socio capitalista externo.
El factor CFK
Fernández se preocupó ayer por aclarar en Radio Con Vos que esto fue su decisión y no de la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner. “Tenemos que terminar de aventar esa historia negra de que Cristina me reta, me pega dos gritos y me hace hacer lo que no quiero hacer. Eso no existe y yo no permitiría que exista”, aseguró.
Y explicó que esto lo trabajó en estricto secreto con el ministro de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas, el gobernador de Santa Fe, Omar Perotti, y la senadora mendocina y cerebro legal de la intervención, Anabel Fernández Sagasti. Aunque suene increíble, el jefe de Gabinete, Santiago Cafiero, y el ministro de Economía, Martín Guzmán, se enteraron dos horas antes del anuncio.
El Presidente dijo también que si Vicentin estuviera funcionando normalmente, él no habría tomado esta decisión. Pero cuestionó que la firma tiene una deuda de 99.345 millones de pesos y está al borde de la quiebra, dijo, por una “mala administración de los últimos dos años en los que hubo un festival de créditos” de bancos públicos con aval del macrismo.
“Nadie puede pensar que nosotros tenemos como política quedarnos con empresas privadas, esencialmente porque no creo en eso. Sí creo que dadas las circunstancias de Vicentin el riesgo de que la empresa se trasnacionalice. Por eso, esta es una decisión absolutamente excepcional”, enfatizó el jefe de Estado.
Los acreedores
Tras el desembarco del Estado, aparecieron los bancos del exterior que le prestaron a Vicentin unos 500 millones de dólares. Se trata el Comité Ad hoc de Acreedores Privados Internacionales que se conformó en diciembre, cuando la firma fue al default.
El comité expresó en un comunicado su “firme disposición a entablar un diálogo constructivo con las autoridades gubernamentales relevantes”. Quieren discutir, dijeron, la regularización de la deuda, “lo que contribuirá a aliviar la situación financiera general de la compañía”.
El Comité está formado por seis instituciones financieras internacionales: IFC (Corporación Financiera Internacional, parte del Grupo del Banco Mundial), FMO (Banco de Desarrollo controlado por el Estado holandés), ING, Rabobank, Natixis y Credit Agricole.
Esa cantidad representa alrededor del 40% de la deuda total de la empresa que ahora la gestión Fernández busca expropiar. “Como resultado, el principal acreedor de Vicentin es hoy el Comité”, dice el comunicado. Por otro lado, hay bancos argentinos y unos 2.600 productores que le entregaron sus granos a Vicentin y aún hoy no cobraron.
