Más de 50 productores se encuentran reunidos hoy en la Legislatura de Mendoza pidiendo que se haga un pedido de información al Ministerio Público Fiscal sobre el estado general de la causa y acciones judiciales. Fecovita, que agrupa a 29 cooperativas y miles de viticultores, sigue inmersa en un conflicto con IBERTE desde hace más de un año, tras la denuncia presentada por el apoderado de la empresa eslovaca, Guillermo García.
En su denuncia, García acusaba a Fecovita de estafa, pero el Fiscal a cargo en ese momento, Flavio D’Amore, decidió archivar la causa al considerar que no existía engaño en la salida de la empresa que Fecovita había creado en conjunto con IBERTE, ya que fue una decisión acordada por ambas partes. Además, advirtió que no se podía utilizar la justicia penal para resolver deudas comerciales.
Sin embargo, el caso dio un giro cuando el Fiscal Juan Tichelli, designado tras el archivo de la causa, ordenó desarchivar la denuncia y solicitó una pericia contable. Este informe fue aceptado de forma unánime por todas las partes involucradas, sin encontrar elementos que sugirieran que se había cometido un delito de estafa. A pesar de esto, el Fiscal jefe Alejandro Iturbide instruyó a Tichelli a imputar a los miembros de la Mesa Directiva de Fecovita, lo que generó más incertidumbre y malestar entre los productores.
En la Legislatura
Rubén Panella, presidente de Fecovita, expresó su preocupación y frustración durante su intervención en la Legislatura de Mendoza, donde destacó los efectos negativos que ha tenido el conflicto con la empresa IBERTE en la cooperativa y en los productores vitivinícolas. Panella aclaró que, aunque consideran que IBERTE les debe dinero, están dispuestos a acatar lo que dictamine el tribunal: “Nosotros pensamos que Iberte nos debe a nosotros, pero estamos dispuestos a acatar lo que diga ese tribunal”, aseguró, subrayando que las denuncias penales y las acusaciones de quiebra no son más que “chicanas” que dificultan el funcionamiento de la cooperativa.
Panella explicó que las denuncias penales continúan afectando a la cooperativa, con más de 10 casos en su contra. “Cada vez que abrimos la boca, me inician una denuncia penal”, afirmó, lo que para él representa un intento de desviar el foco de la actividad comercial a la justicia. “Lo único que queremos es solucionar todo este problema para poder seguir trabajando”, insistió, destacando que Fecovita ha sido siempre una cooperativa dedicada a la producción y el desarrollo económico, no a los tribunales.
A lo largo de su intervención, Panella también expresó su malestar por la forma en que se ha manejado el proceso judicial. “Nos resulta muy extraño, creemos que están siendo vulnerados nuestros derechos porque se nos imputan sin nuevas pruebas una causa que estaba activada”, explicó, refiriéndose a un peritaje que favoreció a Fecovita pero que no fue tomado en cuenta por el fiscal.
En este contexto, pidió que se revea la actitud de los fiscales y solicitó un pedido de informe al poder judicial para asegurar las garantías constitucionales de la cooperativa. “No pedimos que el poder legislativo intervenga sobre el poder judicial, sino que sí nos asegure las garantías en la defensa de los derechos constitucionales que tenemos”, concluyó Panella.
Qué pasó en el recinto
El diputado provincial y presidente de la Comisión de Derechos y Garantías de la Legislatura de Mendoza, José Luis Ramón, expresó su preocupación por la continua judicialización de un conflicto comercial entre Fecovita e IBERTE, que afecta directamente a miles de productores vitivinícolas. Ramón explicó el objetivo del pedido que la Cámara de Diputados está impulsando para dilucidar la situación: “El objetivo es que la Cámara de Diputados de la provincia trate de esclarecer de una vez por todas un conflicto comercial que involucra a una empresa privada, Iberte, y que está perjudicando a las 5.000 familias de los productores que forman parte de Fecovita.”
El conflicto, según el legislador, está siendo mal encuadrado como una cuestión penal, algo que no corresponde en un tema netamente comercial. “Aquí lo que se está intentando es involucrar a los directivos de Fecovita en una cuestión penal, cuando los temas son completamente distintos. Degradar la institucionalidad de Fecovita, que es la principal actividad económica de Mendoza y del país, es algo grave”, subrayó Ramón.
En su intervención, Ramón también destacó que varios pedidos de quiebra contra Fecovita ya se resolvieron a favor de la cooperativa y que su capacidad económica se mantiene intacta. “El tema aquí no es la viabilidad de Fecovita, sino una estrategia para dañar su institucionalidad. Los miembros de Fecovita han aprobado unánimemente los balances de 2021, 2022 y 2023″, afirmó el diputado.
Asimismo, criticó la insistencia en llevar el caso a la sede penal, a pesar de la falta de elementos que justifiquen una acusación. “Evidentemente, esto es una estrategia judicial que busca degradar a los directivos de Fecovita para ganar una causa comercial, algo que está de muy mal gusto”, agregó.
