Recientemente se ha vuelto a debatir, en un ámbito político, la iniciativa de crear un Banco Provincial. La idea genera de inmediato defensores y detractores. La historia de la caída de los Bancos de Mendoza y Previsión Social, está llena de malas experiencias que nadie quiere repetir. Sin embargo, es posible que el tema tenga otro enfoque dando al debate una perspectiva diferente.
En un reciente libro Francis Fukuyama plantea los desencantos del liberalismo moderno. Para este mundialmente famoso politicólogo, profesor de la Universidad de Stanford en Estados Unidos, las actuales democracias están siendo criticadas por derecha y por izquierda.
En el libro “El liberalismo y sus desencantos” indica que, entre uno de los cuestionamientos que reciben, debe destacarse el incremento de la pobreza y la desigualdad social que ha provocado el modelo económico neoliberal de las últimas décadas. Esta situación es aceptada por otros economistas de renombre como el premio Novel de Economía Joseph Stiglitz. Este, en su libro el “Capitalismo Progresista” requiere del sistema financiero actual un cambio de rumbo, para que se convierta en instrumento eficaz para reducir la brecha entre pobres y ricos.
Desde esta óptica la creación de un nuevo Banco Provincial no debería estar enfocado en prestar servicios financieros semejantes a los otorgar los bancos que hoy operan en Mendoza. Estos requerimientos ya están cubiertos por las instituciones privadas y desde el Estado por el Banco de la Nacion Argentina. En todo caso la discusión macroeconómica seria la necesidad que Estado deje de ser el principal tomar de crédito del sistema financiero, y permita que los fondos de este se vuelquen al sector privado en préstamos que dinamicen la economía. Seria muy aconsejable terminar con esta práctica que lleva décadas de modo ininterrumpido.
Un nuevo banco provincial deberia tener una fuerte función social. Su actividad podría ser fundamentalmente promocional. Este, que podríamos denominar Banca Social Provincial, si bien puede participar del sistema financiero general, aunque no necesariamente, debe tener una absoluta impronta de apoyo a los sectores carenciados y a los de bajos recursos. Ello debe estar expresamente establecido en sus estatutos.
En su estructura administrativa habría que contemplar compartimientos estancos, de modo que los fondos que recibe para subsidiar el crédito social no pueden ser utilizados para las operaciones comerciales, si las tuviera. Por el contrario, debe estar permitido que la rentabilidad que obtenga de las actividades comerciales pueda ser aplicadas para el sostenimiento del crédito social.
En sus estatutos sería conveniente precisar que el crédito social debe estar referenciado a la capacidad de pago del tomador en función de sus ingresos o rentabilidad de la actividad a que se destine. Es que el crédito social no puede seguir la lógica del sistema financiero. Esto significa que el monto de la cuota no tiene como variable el costo que el banco paga por captar el dinero. La diferencia debe subsidiarse, aunque no con emisión monetaria ni impuestos generales.
Un modo de proporcionarle fondos para subsidiar las tasas de este tipo de préstamos es otorgarle la administración de recursos específicos como, los beneficios de loterías y casinos. Para garantizar que sus fines trasciendan las diferentes administraciones gubernamentales, se podría contemplar que en los criterios de asignación de recursos intervengan organizaciones sociales, tales como Uniones Vecinales, Iglesias, o cualquier otro tipo de cuerpo social, que acredite independencia ideológica y ausencia de participación política directa o indirecta.
Los estatutos deben indicar expresamente que le está vedado cualquier tipo de crédito social administrado o asignado por agrupaciones que no tengan como exclusiva actividad la asistencia comunitaria. La lucha contra la desigualdad y la pobreza debe ser una política de Estado, por ello este tipo de bancos no pueden ni debe ser instrumento de proselitismo político, ni usina de ideologías.
Su órgano de dirección debe estar integrado, sin perjuicio de los administradores designados por el Estado, por representantes de estas organizaciones sociales. El estatuto del Banco tendría que contener normas en este sentido. Alli se debe prever la renovación de los cargos evitando reelecciones indefinidas, de personas e instituciones. Habría que evitar que se vuelvan cargos permanentes.
La Banca Social provincial puede ser un eficiente generador y asignador de microcréditos. Estas son los servicios financieros para personas de bajos recursos que por su condición no tiene acceso a la banca tradicional. Las características de estos créditos es que son de poco monto y para personas de bajos recursos o autoempleadas que no cuentan con las garantías que se requieren en el sistema bancario tradicional. Las garantías se estructuran mediante apoyo de grupos que responden entre sí. La solidad grupal es la base de estas.
Si bien este tipo de crédito tiene una importante difusión en Latinoamérica, África Subsahariana, Asia Oriental y el pacífico, Asia del Sur y Europa oriental, el mayor desarrollo se llevó a cabo a partir de la experiencia del Muhammad Yunus, con la creación del Banco Grameen, en la paupérrima Bengala Libre. Su éxito fue un promotor en el resto del mundo.
Es muy aconsejable leer “El Banquero de los Pobres” De esta obra se obtienen muchas enseñanzas sobre el modo practico de instrumentarlo, claro, debiendo adaptar su aplicación a las características propias de la región, sobre todo en la idiosincrasia de la zona. No obstante, deja un conjunto de enormes enseñanzas iniciales. La primera es que debe tener como objetivo que sea un reemplazo al subsidio estatal. La segunda que es un muy eficaz instrumento para la reducción de la pobreza. La tercera que no requiere de un gran capital inicial, y finalmente, para su implementación es necesaria la participación de cuerpos sociales.
El Banco Social Provincial también, puede ser un perfecto promotor de la vivienda social y de bienes de uso doméstico básicos, como proveedor de vehículos de baja gama, turismo para clases medias y bajas, y fomento a la formación profesional de estos sectores. Todo ello debe estar expresado en sus estatutos. Un banco provincial creado bajo estas reglas puede contar con recursos provenientes de impuestos específicos que además podrían canalizarse por vía de fideicomisos de ser necesario.
Sería muy aconsejable que estos impuestos graven actividades específicas de sectores más acaudalados, sin que ello llegue a ser confiscatorio. La lucha contra la desigualdad y la pobreza requiere de una fuerte decisión política y un importante consenso social.
