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hace 48 minutos
Luego de que se conociera que el gobierno provincial le ha asignado por decreto 12 mil hectáreas –un área más grande que el departamento de Godoy Cruz- a privados para desarrollar un centro de ski en Malargüe, se han realizado tres presentaciones en distintos ámbitos. El Partido Justicialista realizó un pedido de informe, un abogado acudió a Fiscalía de Estado para plantear que un puestero ya había solicitado la propiedad en esa área y otro letrado representa a un malargüino en un planteo de inconstitucionalidad de la asignación.
La primera reacción llegó desde la oposición. El senador justicialista Lucas Ilardo presentó un pedido de informes el jueves pasado, que será puesto en consideración por sus pares en la sesión de hoy. “Uno de los temas que no logran explicar, y que es cuando se ponen más nerviosos, es por qué 12 mil hectáreas, cuando el centro más grande de ski de Latinoamérica, el cerro Catedral, tiene 2 mil hectáreas”, planteó el legislador.
Ilardo agregó que el Ejecutivo tampoco ha respondido si se realizaron los estudios de impacto ambiental y, de no ser así, por qué se entregaron 12 mil hectáreas de manera gratuita a una empresa que no cumplió con ese requisito. Asimismo, indicó que los puesteros de la zona han señalado que hace más de dos años que se está trabajando en el lugar, colocando domos en un área de glaciares y de cuencas hidrológicas, sin un análisis previo de cómo puede impactar esto en el ambiente.
“Este sector de la cordillera, entregado gratuitamente, está en gran parte cubierto de glaciares y humedales altoandinos, posee numerosas nacientes de ríos y arroyos e incluso también vertientes termales que deberían ser preservados”, expresó el senador. Y señaló que en la Legislatura hay tres etapas de investigación: la primera es el pedido de informes; la segunda, la citación del funcionario responsable, que, en este caso, sería el mismo gobernador; y la tercera, el juicio político a la autoridad.
La segunda presentación la hizo el abogado radical Fernando Armagnague quien, el viernes, planteó una acción ante la Suprema Corte de Justicia provincial para señalar la inconstitucionalidad del decreto 2138/21. Explicó que incluso podría ser inexistente –ni siquiera nulo- porque no cumple con los mínimos requisitos, ya que se trata de una entrega gratuita por parte de la provincia, cuando el artículo 99 inciso 4 de la Constitución establece que, en estos casos, debe llamarse a una licitación pública, y que ni siquiera se puede hacer un concurso de precios o una licitación privada.
“Como el decreto se sacó entre gallos y medianoche, en enero (se emitió el 23 de diciembre, pero fue publicado el 7 de enero), pensaron que nadie se iba a presentar, porque hay 30 días corridos para plantear una acción”, señaló el letrado, quien es patrocinante de Daniel Blajevich, un habitante de la zona.
Armagnague indicó que el emprendimiento se encuentra sobre un glaciar, cuando la ley de glaciares prácticamente fija que son un patrimonio de la humanidad; que está en una zona de frontera y, por más que el Estado nacional haya cedido la posesión a la provincia, se le debe pedir autorización para desarrollar un proyecto; que no se sabe la reputación de la empresa que, al momento de su inscripción en el registro público, en 2018, tenía un capital accionario de $100 mil.
“Soy y siempre he sido radical. Lo he apoyado a Rodolfo Suárez cuando impulsó la nominación de Teresa Day a la Corte. También di fundamentos para que fuera suplente en estas elecciones. Pero otra cosa es el cumplimiento de la Constitución; más en el radicalismo. Hay una frase de Ricardo Balbín que decía que ‘un gobierno que se autoinvestiga es un gobierno que se prestigia’”, manifestó para explicar su postura. El planteo de inconstitucionalidad incluye un pedido de no innovar y el gobierno provincial tiene 20 días hábiles para responder y el mismo plazo le corresponde a Fiscalía de Estado.
Precisamente, la tercera acción la presentó en Fiscalía de Estado, ayer, Ricardo Pont, abogado y ex intendente de Tunuyán por el PJ, quien representa a un puestero de Malargüe. Esta persona habría expresado su interés de quedarse con tierras en el área del emprendimiento. Desde el organismo señalaron que, si bien el fiscal lo va a analizar, previo a emitir el dictamen favorable que se menciona en los considerandos del decreto 2138/21, les informaron desde el Ejecutivo que no había pretensiones sobre el área que solicitó la empresa que se le asignara.
“La SAYOT (Secretaría de Ambiente y Ordenamiento Territorial) fue consultada a requerimiento de Fiscalía de Estado, informando que no existen pedidos en trámite bajo dicho régimen que se superpongan con los inmuebles pretendidos por El Azufre S.A. Ello hace innecesario un análisis más profundo sobre la eventual incorporación de estos terrenos a dicho régimen, ya que estén alcanzados o no por el Programa de Arraigo, al no haber otros interesados, no existe obstáculo para su asignación a la empresa solicitante”, se puede leer como parte del dictamen de Fiscalía que considera que “no existen objeciones jurídicas que formular al trámite de asignación”.
El ministro de Gobierno de la provincia, Víctor Ibáñez, manifestó que el planteo del senador Lucas Ilardo apunta a confundir la opinión pública y parte del desconocimiento absoluto, ya que el proyecto de El Azufre no ha sido presentado, por lo que no puede contar con un estudio de impacto ambiental. Y sumó que, para que los privados puedan presentarlo, necesitaban de esta asignación, que les permite tener un principio de certeza, a la manera de un permiso precario, para avanzar en el proceso.
Ibáñez insistió en que los terrenos denominados “Potreros de Cordillera” no son de la provincia, sino que pertenecen a Nación y Mendoza sólo tiene la posesión desde 1969. De ahí que no se puede hablar de una entrega de propiedad –la fracción de 12 mil hectáreas- por parte del Ejecutivo provincial, sino de una asignación, que se fundamenta en las leyes de tierras de frontera y en un convenio específico, de 1991, que apunta a favorecer la radicación de pobladores y de emprendimientos que desarrollen una inversión (y privilegia a los que tienen fines turísticos).
El ministro manifestó que El Azufre es un proyecto de privados que consideran que en ese lugar se puede crear un pueblo de montaña y un centro de ski “altamente favorable en cuanto a generación de empleo, directo e indirecto, y de llegada de turismo internacional, que puede representar para Malargüe una fuente de ingreso importante”.
La empresa El Azufre SA instaló un campamento permanente en este valle, que se encuentra a unos 100 kilómetros de la ciudad de Malargüe, en 2018. Y el año pasado tuvieron su primera temporada de ski, con algunos invitados puntuales, como expertos en avalanchas, en seguridad de montaña y, en hotelería. Este invierno planean inaugurar una etapa boutique, con un lodge que les permitirá tener entre 20 y 26 huéspedes en simultáneo, lo que demandará una inversión de 5 millones de dólares.
