El subsecretario de Defensa al Consumidor y Lealtad Comercial, Fernando Blanco Muiño se encuentra estudiando el valor de algunos productos de la canasta básica. Según informó Noticias Argentinas, el objetivo es verificar si existen prácticas oligopólicas en la formación de precios de los alimentos.
La directiva recibida del Ministerio de Economía no apunta a la adopción de medidas directas en las etapas de producción y comercialización, ya que no es política del gobierno intervenir en la fijación de valores ni de rentabilidades que afecten la libertad proclamada, sino a informar a los consumidores sobre el nivel de competencia que existe en cada uno de los sectores.
Para ello, según trascendió en la repartición, se está haciendo un seguimiento de las acciones de las empresas con posición dominante en cada mercado durante el proceso de creación y desarrollo de sus productos, que les permitirían venderlos a un precio mayor. E inclusive comparar la trazabilidad entre firmas de un mismo sector o de otros.
Los primeros estudios en ejecución comprenden a las cadenas de valor de los alimentos más esenciales del consumo familiar, como el aceite, el arroz, así como las frutas y verduras. Salta a la vista en un mero análisis estadístico el comportamiento de los precios el año pasado: mientras el Indice de Precios al Consumidor (IPC) creció 211%, los alimentos y bebidas lo hicieron en un 251,3%.
Los productos que más aumentaron en el año fueron el arroz (748,7%), el azúcar (419,5%) y los fideos guiseros (416,7%). En tanto que las carnes también registraron incrementos por encima del nivel general de inflación, con la picada común a la cabeza (349,7%), seguido por el cuadril (343,1%); la paleta (330,5%); la nalga (328,8%) y el asado (318,5%).
En cuanto a los comportamientos de los distintos eslabones, la devaluación última de diciembre de 2023 se reflejó en que los agroalimentos multiplicaron su precios por 3,5 veces del campo (origen) a la góndola (destino). Es decir, el consumidor pagó $ 3,5 por cada $ 1 que recibió el productor, según el último Índice de Precios en Origen y Destino (IPOD) elaborado por el sector de Economías Regionales de CAME. Y la participación del productor explicó el 26,3% de los precios de venta final.
La Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de Argentina (FADA) le agregó otro ingrediente al cálculo: el Estado intervino en un 25% del precio final de los alimentos, que está conformado por impuestos. Aunque con distintos propósitos, las administraciones anteriores ya habían realizado relevamientos simulares.
El ex secretario de Comercio en tiempos de Alberto Fernández y en 2015 de Cristina Kirchner, Roberto Feletti, había sacado como conclusión que “hay 47 empresas que ofertan más de 10 productos cada una y tienen el 72 por ciento de la lista”. Le servía de justificación a los gobiernos kirchneristas para aplicar controles en los precios bajo distintos formatos administrativos.
Pero en el fondo revelaban que las relaciones de fuerzas en el mercado no son parejas y terminan beneficiando a los que tienen la capacidad de formar los valores de la cadena alimenticia. Con tasas de inflación tan elevadas y una dinámica de remarcaciones como la que caracteriza a la economía argentina, al consumidor se le haría cuesta arriba defender su derecho eligiendo a quiénes comprarles, porque tampoco cuenta con una variedad de oferta que le garantice una libre opción.
Las prácticas oligopólicas aparecen principalmente en bienes de almacén, lácteos, panificados, congelados, bebidas, artículos de limpieza, higiene, cuidado personal y perfumerías. Como no se trata sólo de educar al consumidor ni tampoco de fijarle los precios al vendedor, el objetivo de estudiar los mercados es meramente informativo, aunque la política tributaria podría ser orientada a redistribuir las cargas.
De acuerdo con la data ya recogida en tiempos no muy lejanos, los grupos empresarios concentran en Argentina el 97% de las firmas y de la facturación anual. Se destacan las aceiteras y molineras Cofco (China), Cargill, ADM, Bunge, Aceitera General Deheza (AGD), Vicentín, Oleaginosa Moreno, Louis Dreyfus Cia, Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), Molinos Agro, Amaggi, CHS Argentina, YPF, Molca y Maltería Pampa. Y en la parte más industrial, Sistema Coca-Cola, Danone, Grupo Arcor, Molinos, Ledesma Mondelez (la ex Kraft) y Bagley Latinoamérica.
Los estudios ya efectuados en los principales rubros alimenticios dan cuenta de un máximo de hasta tres oferentes por rubro y, en la mayoría de los casos, los grupos empresarios son los mismos. En aceites, solo tres empresas concentran el 90,5 por ciento de la facturación del 90,6 por ciento del volumen. Se trata de Aceitera General Deheza, Molinos Cañuelas y Molinos Río de la Plata.
En gaseosas, el 98,3 por ciento de la facturación se la reparten Pepsico y Coca Cola. En aguas y aguas saborizadas se suma a estas dos ADA, y entre las tres (junto a Pepsico y Coca Cola) concentran el 89,6 por ciento del mercado.
En azúcar existen tres ingenios que acaparan el 85 por ciento de la facturación: El Tabacal, Ledesma y Valpafe. En caldos, el 90,6 por ciento es solo de Unilever, que es multinacional. Lo mismo sucede con los desodorantes, donde Unilever factura el 84,5 por ciento de las ventas totales del rubro.
En jabón en polvo, la misma compañía concentra el 82,7 por ciento del volumen de ventas. En cerveza, Quilmes y CCU Argentina suman el 98,2 por ciento de la facturación. En cremas dentales, solo Colgate Palmolive concentra el 84,7 por ciento de las ventas.
En embutidos, Swift tiene el 83% de las ventas y el 17% restante está en manos directamente de los supermercados. En fideos, Molinos Rio de la Plata tiene el 79,4% con cinco marcas: Manera, Mattarazzo, Luchetti, Don Vicente y Favorita.
En harinas, la misma empresas junto a Molinos Cañuelas detenta el 82,1 por ciento de las ventas. En jugos en polvo, dos empresas, Arcor y Mondelez, venden el 100 por ciento. En yogures, Danone acapara el 80 por ciento del mercado y en leches, Mastellone vende el 69,5 por ciento.
