Temor por el “efecto adverso” de la protección al empleo

Hasta fin de año rige la doble indemnización para las cesantías sin justa causa. La medida convivirá hasta finales de mes con la prohibición para despedir. Los empresarios advierten que en muchas empresas la “reestructuración será necesaria”, y temen un efecto adverso para el mercado laboral.

La medida impuesta en primer lugar por el Gobierno de Alberto Fernández se extendió hasta fin de año, y hasta agosto coincidirá con la prohibición de despedir. Hasta el momento, en Mendoza no se han registrado incumplimientos a las normas, en el plano formal, pero según advierten los gremios, la mayor parte de las desvinculaciones se dieron en el sector no registrado, y en el sector de la construcción, por una crisis que antecede a la pandemia.

“La problemática en sí, es que no todas las empresas están en la misma situación, pero en algún punto habrá que hacer reestructuraciones, o reconvertir el trabajo. Va a ser difícil que todo siga como venía, y es contradictorio que no se permita reestructurar, cuando por otro lado se le saca la Asistencia al Trabajo y la Producción. Que no permitan desvincular nos deja atrapados y sin salida”, indicó Mauricio Badaloni, titular de la Unión Industrial de Mendoza (UIM), al respecto.

De todas maneras, el empresario señaló que no se han producido despidos, y la situación general de la pandemia provocó un acercamiento entre los gremios y el sector empleador. “Se trata de tener mesas de discusión, para no rivalizar entre las partes, más entendiendo que alrededor del 90% de las empresas locales no son megacompañías, sino que tienen entre 5 y 50 empleados”, agregó.

Finalmente, destacó un efecto negativo que tienen las prohibiciones y multas. “Estamos viendo indicadores de desempleo, desde antes de la pandemia, todo esto le pone una carga de duda a las empresas, por las que prefieren no contratar”, cerró.

Por otra parte, en el ámbito de la construcción (no alcanzado por el decreto, por tener su propio régimen laboral), la media histórica de trabajadores era de 13.000, y hoy aseguran que de los 4.000 que pueden contarse en la actualidad, una gran parte responde al mantenimiento de servicios o de la empresa YPF. El empleo genuino de la construcción, no alcanzaría el 10%.

Suspensiones

En el sector comercial, desde que se permitió suspender a los empleados que no estuvieran afectados a ninguna de las actividades permitidas durante el aislamiento, el Centro de Empleados de Comercio contó cinco acuerdos amparados por el 223 bis del Convenio Colectivo de Trabajo.

Los trabajadores con acuerdos de este tipo, y que no estén prestando servicios a distancia, o de forma presencial en sus empresas, se encuentran cobrando el 75% del salario que percibieron en febrero de este año.

“Sabemos que muchas empresas lo han aplicado sin homologar (para ello estamos realizando inspecciones)”, señaló Fernando Ligorria, titular del Centro de Empleados de Comercio. Es que para que el acuerdo sea válido deben intervenir la empresa y el gremio. Además, se debe pedir su homologación en la Subsecretaría de Trabajo de la provincia. Si estos aspecto no se cumplen, el acuerdo no es considerado válido.

Más allá de esto, Ligorria señaló que “la contrapartida es la informalidad”, porque la pandemia ha dejado a muchos trabajadores que estaban “en negro” sin empleo.

Despidos desde noviembre

Al sector de la construcción “no le caben las generales de la aplicación de la norma”, debido a trabaja con la ley del fondo de desempleo, que se integra con el salario de los mismos trabajadores y por la que quedan cubiertos cada vez que quedan cesantes.

Sin embargo, la actividad viene seriamente afectada desde antes de la pandemia. Según informó Gerardo Fernández, presidente de la Cámara de Empresas Constructoras Independientes de Mendoza (Cecim), el 90% de la actividad está paralizada.

“La actividad viene sin trabajo desde octubre del año pasado. La doble indemnización no nos afecta, pero tampoco hay puestos de trabajo ya para perder”, lamentó Fernández.

El empresario señaló que el rubro históricamente mantuvo entre 12.000 y 13.000 trabajadores registrados, pero hoy solo se mantiene activo el sector que presta servicios en empresas de gas y electricidad o en la petrolera estatal.

“La construcción propiamente dicha, la de viviendas sociales, escuela, comisarías, rutas, y todo lo que normalmente se asocia al rubro, está paralizado. La situación es gravísima y la pandemia nos da la estocada final”, alertó.

La construcción cayó un 75,6% en abril, de acuerdo con lo publicado por el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, y según Fernández, la caída se ve amortiguada por la actividad asociada al mantenimiento de servicios. Aún así es una baja muy grande si se considera que la comparación interanual se toma con respecto a un año en que los sobresaltos del dólar ya habían afectado duramente al rubro.

“Sondeamos a las empresas de la cámara (68), y más del 90% está sin trabajo. Eso significan que hay familias y operarios que no están teniendo ingresos y a los que los planes sociales no les alcanzan para subsistir”, insistió el titular de Cecim.

Finalmente, con respecto a los planes del Gobierno orientados a la construcción, destacó que el IPV tiene alrededor de 800 viviendas en ejecución, pero muchas de ellas están ya finalizadas, y no se han podido entregar, y el resto, se aleja de las 2.000 viviendas anuales en promedio que supo tener el organismo.

Los planes nacionales tampoco traen mayores esperanzas para la Cecim, ya que Procrear no llegaría con fuerza a la provincia, debido a que “está pensado para el sector cooperativo”, y mayormente para el conurbano bonaerense.