La AFIP puso en vigencia una nueva disposición que obliga a las empresas y comercios a adelantar mensualmente el pago del 3% del Impuesto al Valor Agregado (IVA) por lo que convierte a los proveedores en agentes de percepción. Empresarios criticaron la medida y temen que encarezca la venta de productos básicos.
La resolución 5329/23 de la Administración Federal de ingresos Públicos está enmarcada en lo que es el “Programa de Monitoreo Fiscal” para la lucha contra la evasión impositiva.
La obligación de adelantar ese 3% de IVA recaerá sobre todas operaciones de venta de alimentos (quedan exceptuados la carne, frutas y hortalizas), bebidas, artículos de limpieza y también los de higiene personal.
Según la resolución, el “Programa de Monitoreo Fiscal” busca controlar en tiempo real las declaraciones juradas que presenten los contribuyentes y responsables, para “de optimizar la capacidad operativa y de control de esta Administración Federal”.
Además, establece que “serán pasibles de este régimen de percepción los responsables inscriptos en el IVA que adquieran y comercialicen, sin transformación alguna, los productos”. El adelanto del IVA será de cada operación de venta que supere los $ 3.000.
Desde el sector empresarial pusieron el grito en el cielo y, en distintos medios a nivel nacional, aseguraron que la sola implementación de la medida incrementará los costos administrativos.
Para la Asociación de Pymes Lácteas (Apymel), por ejemplo, “es insostenible para una Pyme soportar esta obligación, sumado a la carga administrativa que implica adecuar el sistema de facturación vigente para poder cumplimentar con la normativa establecida por la AFIP”.
Daniel Ariosto, presidente de la Unión Comercial e Industrial de Mendoza (UCIM) aseguró que la normativa de la AFIP “es más de lo mismo, aumenta la presión impositiva sobre todo el sector alimentario y al final va a recaer en los precios de los alimentos”.
Para Ariosto esta nueva medida no es otra cosa que poner en vigencia “un impuesto más a escondidas y sobre todo las pymes no lo van a poder soportar”.
Además “habrá que montar una estructura administrativa nueva y eso es una carga económica extra al impuesto y al final esto va a caer otra vez en el consumidor, en nosotros. Nadie va a absorber algo gratuitamente para lo cual no estaba preparado”, sentenció.
Análisis tributario
Matías Cornejo, especialista en temas tributarios, del Consejo Profesional de Ciencias Económicas de Mendoza, analizó que en sí la medida no implica un aumento de los precios, pero este nuevo régimen “termina siendo una carga administrativa para las empresas y es un paso más que da la AFIP en pos de simplificar su proceso de cobro de impuestos”.
El especialista indicó que la disposición “no es un nuevo impuesto, es un adelanto de IVA que tiene que cobrarle el distribuidor o el mayorista al comercio minorista, digamos al almacén. Después ese almacén lo va a descontar de lo que tenga que pagar (de IVA)”.
“Lo hace, continuó Cornejo, para asegurarse la cobranza de impuestos de una forma más fácil, porque la otra manera de combatir la evasión es fiscalizando, pero eso implica un costo y un esfuerzo de la AFIP. “Esto es trasladar ese esfuerzo, que AFIP hace mal, o que no hace de manera eficiente, al contribuyente”, señaló.
“No podemos decir que es un nuevo impuesto que va a encarecer los productos, lo que sí va a generar es que aquellos productos cuya cadena de comercialización tiene una etapa de informalidad y que no están asumiendo un costo impositivo, tengan que empezar a asumirlo”, reflexionó Cornejo.
