Este miércoles la Federación Nacional de Propietarios de Taxis encabeza una protesta contra el ingreso de las plataformas electrónicas como Uber y Cabify, al país. Si bien en Mendoza estas operan de forma legal, los taxistas locales, nucleados en Aprotam, se sumaron al reclamo por las diferencias en las reglas que se establecieron a la hora de competir, y sobre todo, para pedir por una reforma de la ley 9086 que regula a las apps de transporte, pero que también “impide” que se pueda actuar contra las “remiseras truchas”.
Durante la mañana, aunque sin cortes de tránsito, los taxistas se hicieron escuchar en las calles céntricas, y cerraron con un bocinazo en los alrededores de Casa de Gobierno.
“Hoy nos movilizamos en apoyo a la Federación Nacional, de la que la Asociación de Propietarios de Taxis de Mendoza (Aprotam), es parte. El motivo, es para impedir el ingreso de las plataformas electrónicas, pero lamentamos que esta es la única provincia del país en donde ya sucedió, y es legal”, explicó al respecto Pedro Guerra, presidente de la entidad que nuclea a los dueños de taxis.
No obstante, Guerra señaló que a la fecha, el problema que tienen “no es tanto Uber o Cabify, sino el transporte ilegal, que no tiene control alguno”. Desde Aprotam calculan que no son menos de 4.000 los vehículos que circulan en la provincia y que funcionan como taxis pero no tienen las licencias para ello.
“El año pasado, a partir de abril, aumentaron los autos ilegales en la calle, como también lo hicieron los que circulan usando plataformas electrónicas. Mucha gente se quedó sin trabajo, y se volcó al transporte, pero los únicos que son controlados son los taxis y remises, y presumimos que una parte de quienes se dieron de alta en la plataforma, en realidad también trabajan de forma ilegal”, agregó.
Competencia y precios
De acuerdo con Guerra, “hay una desigualdad total entre taxistas y quienes trabajan con las plataformas”, porque mientras que unos son obligados a cumplir con ciertas características especiales antes de poner un auto en la calle (debe ser un sedán e incluir levanta cristales eléctricos), las apps permiten que se inscriban conductores de “coches como el Kwid o el VW Up, que requieren de una inversión menor”.
Además, el empresario señaló que el personal de taxis y remises está “registrado en los libros”, y por lo tanto se pagan seguros de riesgos de trabajo, y se efectúan los aportes patronales correspondientes por cada uno de ellos. Esto no sucede en las plataformas, ya que los conductores se consideran “asociados”, y son ellos mismos quienes deben realizar sus aportes.
Para Guerra, la tarifa también es algo que resulta injusto, teniendo en cuenta que mientras que las aplicaciones de viajes pueden colocar precios variables según la demanda, para los taxistas los precios son fijos y deben ser acordados con anticipación con las autoridades provinciales. “Cuando deje de haber taxis por el avance de estas plataformas, vamos a ver qué precios terminan por colocar”, consideró el propietario de taxis.
En la actualidad, la “bajada de bandera cuesta $59, y la ficha $3,10 (cada 80 metros)”, y se ha solicitado una actualización del 36%, en base a los estudios de costos de Aprotam. No obstante, esperan que en lugar de incrementos anuales, se definan dos aumentos moderados al año, para disminuir el impacto que generaría una sola actualización por un monto mayor.
“En el Gran Mendoza tenemos 1.280 taxis y 400 remises. Las plataformas nos superan en números, y las ilegales mucho más. Es la misma torta, pero cada vez hay más comensales”, agregó Guerra.
Reclamo en Mendoza
En esta oportunidad, los taxistas decidieron protestar en apoyo a sus compañeros de otros puntos del país, así como mostrar su descontento por lo que en Mendoza es legal (el funcionamiento de las plataformas electrónicas para pagar viajes), pero señalaron que mantienen un reclamo propio, y es el de la reforma de la ley que los regula, y que es la misma que impide que se pueda secuestrar un vehículo cuando funciona como remis o taxi sin serlo.
“Queremos que modifiquen la ley contravencional, y que al remis se lo pueda secuestrar en las mismas remiserías truchas. En este momento, para secuestrar un remis ilegal lo tienen que sorprender justo en el momento en que le está cobrando al pasajero por el viaje, y eso nunca pasa, porque los mismos pasajeros son cómplices en el momento en que llaman a un chofer que no es oficial”, explicó Guerra.
El empresario señaló que han acudido a la Justicia en más de una oportunidad con pruebas de que existen organizaciones ilegales que funcionan como remiseras, pero no se ha puesto un final a eso. Además, señaló que la respuesta del Gobierno de Mendoza ha sido que se pondrá una playa de secuestro específica para el transporte ilegal.
“Hoy nos manifestamos en apoyo a la Federación, nosotros le hemos dado un tiempo al Gobierno para que nos cumpla con las medidas prometidas, de lo contrario, ya sí el reclamo será mendocino”, cerró Guerra.
