Si bien en las últimas semanas los aumentos en todo tipo de productos y servicios han sido sostenidos, los de un sector generan mucha incertidumbre en la población: las tarifas de servicios públicos. Las nuevas autoridades de Energía de Nación propusieron un cambio en el esquema de subsidios y, además, están tratando de recuperar el terreno perdido en cuanto a los costos de producción de la electricidad y el gas, fuertemente subsidiados por el Estado nacional.
Hasta ahora, sólo la energía eléctrica ha tenido un incremento del componente nacional, el precio estacional -el de jurisdicción provincial, el Valor Agregado de Distribución (VAD) tiene una actualización trimestral-, en febrero. El mes pasado también se eliminaron los subsidios a las empresas y sólo se mantuvieron, al menos en forma temporal, para los usuarios residenciales.
Sin embargo, aún resta que el Gobierno defina los nuevos precios del gas, que viene demorando para que esta suba no impacte tanto en la cifra de inflación. Y también que establezca cuál será el aumento que les otorgará a las distribuidoras. Es decir, el valor del fluido en sí mismo y el costo de la distribución a los hogares. Las estimaciones de la consultora EcoGo señalan que, si la recomposición de las tarifas tuviera que reflejar el costo real de abastecimiento, este servicio tendría un aumento del 743% acumulado en mayo con respecto a diciembre.
Canasta básica energética
El último día de febrero, se desarrolló la audiencia pública en la que se analizó la redeterminación de los subsidios vigentes para la electricidad y el gas. Es decir, el esquema que establece una segmentación por ingresos, en la que el nivel 1 (de ingresos altos) ya perdió el beneficio, el nivel 2 (de bajos ingresos) mantiene un alto nivel de subsidio y el nivel 3 (medio) tiene una parte del consumo subsidiado y por encima de un cierto tope paga tarifa plena.
La Secretaría de Energía anunció que esta modalidad sería reemplazada por una Canasta Básica Energética, que establece cuál sería un uso razonable de electricidad y gas en cada mes del año, dependiendo de la zona – se tomaron las seis que establecen las normas IRAM- y la cantidad de ocupantes del hogar. Ese consumo es cuantificado y el monto de ambos no debe superar el 10% de los ingresos totales de cada familia.
Es decir, se trata de una determinación bastante más compleja, ya que sólo se subsidiará la diferencia entre ese 10% y lo que cada hogar pueda pagar. Por otra parte, el monto irá cambiando cada mes, no sólo por la variación de temperatura y horas de luz a lo largo del año, sino también porque se irá actualizando en función de la variación de los ingresos y del costo de los servicios. De manera que será mucho más difícil para los usuarios saber cuánto deberán pagar en cada boleta.
Además, se mencionaron dos opciones de pago de ese diferencial para quienes sigan percibiendo un subsidio. Una sería la más tradicional: un descuento en la factura. Pero también se analiza la posibilidad de que el Estado deposite el importe en la cuenta bancaria del beneficiario.
Topes
La Confederación Argentina de Trabajadores y Empleados de los Hidrocarburos, Energía, Combustibles, Derivados y Afines (Catheda) elaboró un informe en el que estimó el monto que alcanzará esta Canasta Básica Energética en ciertos meses y, de esta manera, calculó quiénes se quedarían sin subsidio.
En julio, los hogares de 3 a 4 ocupantes, ubicados en la zona bioambiental 3 (templada cálida), que incluye a Buenos Aires, Rosario y una buena parte del Este mendocino, desde Lavalle hasta General Alvear, gastarán unos $78.998 si hacen un uso razonable -según los parámetros de la Secretaría de Energía- de los servicios de luz y gas. Tomando como referencia el 10% de los ingresos, esto implica que quienes ganen más de $789.980 no recibirán subsidio y la bonificación será variable, según cuánto perciba el grupo de convivientes.
En cambio, en diciembre, manteniendo la vivienda de 3 a 4 ocupantes, en la zona templada-cálida (3), la CBE, estimó la Catheda, alcanzará los $31.972, por lo que sólo tendrán subsidio quienes no alcancen ingresos de $319.720. De todos modos, se debe considerar que se trata de valores calculados con los precios actuales de la electricidad y el gas, y que irán variando por aumento de costos.
En Mendoza, sin embargo, hay cuatro zonas. Y lo que se conoció de este estudio no menciona los valores máximos y mínimos de la canasta en cada una de ellas. Sí se difundió que la región 6 (muy fría), que abarca la zona cordillerana de norte a sur y una amplia porción de la Patagonia, tendrá un tope de ingresos de $2.876.000 mensuales, por grupo familiar, en julio. Esto, porque la CBE tendrá un valor de $287.600.
Las otras dos zonas que tiene Mendoza -la 4, templada-fría, y la 5, fría- tendrán máximos de ingresos, este invierno, para seguir manteniendo el subsidio, entre los $789.980 mencionados para el área templada-cálida y los $2.876.000 de la muy fría. Aunque estos montos sufrirán una variación cuando se defina el nuevo precio del gas.
Motivos de exclusión
Además del criterio del porcentaje de ingresos que se debe destinar para hacer un uso razonable de la electricidad y el gas (CBE), también dejarán de percibir el subsidio aquellos hogares en los que algunos de los integrantes del grupo conviviente sea dueño de una aeronave; una embarcación de lujo o con fines recreativos; dos o más inmuebles; un vehículo con una antigüedad inferior a 5 años o dos automóviles con una antigüedad menor a 10 años; o un automóvil de lujo o colección independientemente de la antigüedad.
También, aquellos que tengan una cobertura de medicina prepaga no vinculada a un empleo en relación de dependencia; realicen más de una salida a países no limítrofes en los últimos 5 años; pertenezcan al directorio o sean propietarios de una empresa privada; acumulen consumos en tarjeta de crédito superiores a cinco Salarios Mínimos Vitales y Móviles (SMVM), lo que equivale a $1.014.000; hayan comprado moneda extranjera en los últimos tres meses; alcancen consumos en billeteras virtuales superiores a cinco SMVM; o registrar consumos en telefonía móvil superiores al 25% del Salario Mínimo Vital y Móvil ($50.700).
