Cinco horas después del discurso del presidente Alberto Fernández y en la madrugada del sábado, el Gobierno publicó en el Boletín Oficial un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) con el que elevó del 31% al 33% las retenciones al aceite y la harina de soja para recaudar unos 450 millones de dólares extra, con lo que financiará el “fondo compensador del trigo”.
También suben del 29% al 30% los derechos de exportación que paga el biodiesel proveniente de la soja.
El fondo compensador es un subsidio cruzado decidido por Fernández a instancias de una propuesta del ministro de Agricultura, Julián Domínguez, tras la escalada del 40% en el precio del trigo en un mes, pasando de 25.000 a 35.000 pesos la tonelada por el alza que experimenta el producto a nivel mundial.
Domínguez dijo ayer en conferencia de prensa que el cambio en las alícuotas en realidad es una “suspensión temporaria” del diferencial de que tienen el aceite y la harina de soja en relación con el poroto sin procesar. Esto hace, dijo Domínguez, que los productores no se vean afectados porque a ellos ya se les venía aplicando el 33% de retención.
La Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) contradijo al funcionario y lanzó una advertencia. “Toda la cadena de la soja se verá severamente afectada al castigar la capacidad de pago del principal comprador de soja del país”, dijeron las empresas. Así, anticiparon que van a ir por una baja de los precios de la oleaginosa pagados al productor, justo cuando comienza la nueva cosecha.
Las empresas y entidades afectadas por el DNU son: la canadiense Viterra (Oleaginosas Moreno), que exporta el 25% del total; la estadounidense Cargill, con el 14%; Molinos Agro, con el 14%; Aceitera General Deheza, con el 14%; la china COFCO, con el 11%; la francesa Louis Dreyfus Commodities, con el 6%; la estadounidense Bunge, con el 5%; Asociación de Cooperativas Argentinas (ACA), con el 5%; YPF, con el 3%; Agricultores Federados Argentinos, con el 1%; la portuguesa Amaggi, con el 1%; otros, 1%.
La producción de soja se exporta como aceite y harina en más del 90%, constituyendo al sojero como el principal complejo exportador. En 2021 generó, en materia de exportación unos 23.841 millones de dólares, el 30,6% del total de la matriz exportadora argentina.
Los 450 millones de dólares se captarán entonces de lo que el Estado les cobra a once empresas dedicadas a la exportación de subproductos de la soja, de las cuales ocho representan el 95% del total.
Anuncios para los productores
Con la idea de captar los precios históricos actuales, el Gobierno decidió abrir los registros de exportaciones de la cosecha 2022/2023 por un total de 8 millones de toneladas de trigo, que se suman a las 2 millones de toneladas ya autorizadas. Con eso, se busca darles “previsibilidad” a los productores para la próxima siembra y lograr un nuevo récord de producción, dijo el funcionario.
Y agregó que el productor rural es “la gallina de los huevos de oro del país”, por lo que ratificó que no habrá suba de retenciones a las exportaciones de trigo, maíz, soja ni aceite de girasol. “Una convicción central de este Gobierno: cada vez que se afectaron las retenciones al productor, la Argentina cayó en su intención de siembra. Damos previsibilidad para que el productor siembre”, afirmó Domínguez.
Carlos Iannizzotto, presidente de Coninagro, ratificó su opinión de que las retenciones “no fueron, no son y nunca serán el camino” y afirmó que la Argentina no necesita una “guerra contra la inflación”, sino acuerdos para combatir el problema. También dijo que comparte con Domínguez la importancia de dar previsibilidad al productor, dado que las alícuotas para ellos no subirán.
El Gobierno intenta diferenciar en esta instancia al productor de las compañías exportadoras. Domínguez señaló que junto al Banco Central y la AFIP vienen trabajando hace quince días con la Cámara de la Industria de Fertilizantes y Agroquímicos (Ciafa) para que “no haya ningún tipo de restricción” al mercado cambiario, dado que los agricultores necesitan 5.600 millones de dólares para la importación de insumos para la siembra.
Eventual conflicto
El Gobierno descarta que una eventual judicialización complique la decisión dado que lo que se hizo fue retrotraer “un beneficio” que el mismo Poder Ejecutivo le había dado a las empresas a través del Decreto 790/20 por el agregado de valor en origen. Y aseguró que espera que las compañías sean “solidarias” ante el contexto bélico internacional.
La CIARA avisó que está analizando qué hacer. Su departamento jurídico entiende que la suba de retenciones “no tiene legalidad” dado que el Ejecutivo perdió las facultades delegadas del Congreso y el Decreto debe ser refrendado por la Comisión Bicameral. “Las empresas agroexportadoras están analizando todas las acciones judiciales para cuestionar dicho DNU”, comunicó la entidad.
El DNU debe pasar por la Bicameral de Trámite Legislativo y luego por las cámaras. “No tenemos duda de que es inconstitucional”, expresó ayer Mario Negri, del interbloque de Juntos por el Cambio. En sintonía, el PRO y la Coalición Cívica fustigaron la medida del Gobierno.
De las críticas por redes sociales y en medios, Juntos por el Cambio pasó a la acción. Ayer, más de cincuenta diputados nacionales de este espacio confirmaron su acompañamiento a un proyecto impulsado por el bloque Radical Evolución, a instancias del diputado puntano Alejandro Cacace, para que el Congreso rechace el DNU. Para la oposición, Frernández perdió la facultad de tocar las retenciones el 31 de diciembre con la caída de la ley de Solidaridad Social y Reactivación Productiva.
Las aceiteras rechazan pagar más impuestos. Le habían hecho tres contrapropuestas al Gobierno: que el Estado pague más compensaciones; que rebaje el IVA a los productos farináceos y aceites para que se reduzcan los precios en góndola; o que abra nuevos cupos de exportación para registrar ventas futuras en 2022 y 2023 de maíz y de trigo que le podrían reportar no menos de 700 millones de dólares no previstos debido al pago anticipado de retenciones. Ninguna de estas opciones convenció a Fernández, Domínguez y los ministros de Economía, Martín Guzmán, y de Desarrollo Productivo, Matías Kulfas.
Incidencia en el pan y la inflación
La incidencia o el éxito de la aplicación esta medida como herramienta antiinflacionaria corre por cuenta del secretario de Comercio Interior, Roberto Feletti, quien desde el lunes deberá explicar cómo se instrumentará para evitar que el precio del pan se dispare más allá de los 250/280 pesos por kilo como pretende el Gobierno, cuando hay zonas en las que ya vale 300 o más.
Esta la primera medida que se concretó del paquete que alista el Gobierno para lo que Fernández ha denominado una “guerra contra la inflación”. Aclaran, no obstante, que esta medida para el trigo no baja la inflación sino que busca que no se dispare más, dado que los datos anualizados del primer bimestre ya muestran que los precios viajan a un 60% anual.
