La reunión del día 15 de febrero, destinada a definir un nuevo Salario Mínimo, Vital y Móvil, concluyó sin acuerdo, hundiendo al proceso en un escenario de acusaciones cruzadas entre la CGT, la CTA y el Gobierno.
Ambas centrales sindicales responsabilizan al Ejecutivo por el fracaso de las negociaciones, alegando que obstaculizó deliberadamente el desarrollo normal del encuentro. La CGT, en un comunicado contundente, expresó: “El Gobierno evitó por todos los medios posibles que la reunión se desarrollara con normalidad; los empresarios encabezados por la Unión Industrial Argentina fueron complacientes con esa estrategia y no formularon propuesta alguna”.
La reunión para actualizar el Salario Mínimo
Este encuentro se da en un contexto peculiar, ya que la reunión, originalmente virtual, representó una novedad en el proceso de discusiones salariales.
Durante el encuentro, los sindicatos propusieron un incremento del 85% en el salario mínimo a partir de febrero, situándolo en $288.600. Sin embargo, esta propuesta fue rechazada tanto por los empresarios como, según la CGT, por el propio Gobierno, que respaldó la posición de los empleadores.
La CGT denunció la falta de voluntad por parte del Gobierno y los empresarios para alcanzar un acuerdo justo. En su comunicado, afirmaron: “En tiempos de altísima inflación y con aumentos intolerables e injustificables”.
Los sindicalistas expresaron su preocupación ante la inacción gubernamental en medio de una inflación mensual que ronda el 20% y afirmaron que el Ejecutivo muestra “absoluta ajenidad frente al drama social que atraviesan los argentinos”.
Una votación que no fue tomada en cuenta
Ante la propuesta sindical, la CTA alega que el secretario de Trabajo, Omar Yasín, que presidió la reunión en representación del Gobierno, puso a votación la propuesta a sabiendas del resultado.
Según la CTA, la mitad del plenario del consejo, conformado por las tres centrales sindicales, votó a favor, mientras que la mitad del sector empresarial votó en contra, incumpliendo así la norma que establece la necesidad de dos tercios del plenario para aceptar una propuesta. Por lo tanto, la CTA sostiene que el Gobierno definirá el salario mínimo por decreto.
El secretario general de la CTA, Hugo “Cachorro” Godoy, finalizó: “Toda esta parodia lo que tiende es a impedir un aumento urgente para los trabajadores y trabajadoras del salario mínimo vital y móvil, y que impacte en el conjunto de la masa salarial de los trabajadores paritarios y de los trabajadores y trabajadoras precarizadas. Es una actitud cómplice del gobierno y del sector empresarial en contra de los intereses de los trabajadores”.
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