En un intento por reducir el gasto público y avanzar hacia un déficit cero, el presidente argentino, Javier Milei, ha implementado un drástico recorte en las transferencias de fondos a empresas públicas durante los dos primeros meses del año. Según un informe de la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP), el recorte promedio en términos reales alcanzó el 54,5%, afectando a sectores como el energético y el ferroviario.
Entre las empresas más afectadas por este recorte se encuentran Aysa y Aerolíneas Argentinas, que no recibieron fondos durante el primer bimestre del año. Ambas compañías han sido propuestas para ser privatizadas en el proyecto de ley Bases, lo que refleja la intención del gobierno de reducir su participación en sectores estratégicos de la economía.
Aysa, la empresa de servicios sanitarios, ha iniciado medidas para reducir sus costos en un 20%, incluyendo despidos y la venta de vehículos no utilizados. Mientras tanto, Aerolíneas Argentinas, la aerolínea de bandera, ha visto una pérdida significativa en los fondos recibidos, lo que plantea desafíos adicionales en un momento de crisis para la industria de la aviación.
En el sector energético, la empresa mayorista de electricidad Cammesa ha experimentado una reducción del 72,3% en las transferencias recibidas del gobierno en comparación con el año anterior. Esta disminución en los fondos transferidos afecta su capacidad para compensar la diferencia entre el costo de la energía y las tarifas pagadas por los usuarios del servicio eléctrico.
En el ámbito ferroviario, Ferrocarriles Argentinos ha recibido una transferencia significativamente menor en febrero en comparación con el mismo período del año pasado, cuyas transferencias del Gobierno cayeron un 70,2% en términos reales. Otras empresas ferroviarias también han experimentado recortes en los fondos recibidos, lo que plantea preocupaciones sobre el mantenimiento de la infraestructura y la calidad del servicio.
En resumen, el recorte en las transferencias de fondos a empresas públicas en el país ha generado preocupaciones sobre el impacto en la prestación de servicios y la viabilidad financiera de estas entidades en un contexto de desafíos económicos y fiscales.
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