Bodegas de Argentina (BA), la cámara del vino que nuclea a más de 200 empresas del sector vitivinícola, emitió un comunicado en el que fundamentó su apoyo a la derogación de la Ley 25849 que dio origen y sostén a la Corporación Vitivinícola Argentina (Coviar). Luego de hacer un repaso sobre lo que implica la norma en líneas generales, Bodegas de Argentina destacó que no se cumplió el Plan Estratégico Vitivinícola (PEVI) propuesto por esta entidad.
“En un lapso de 16 años, se han gastado U$S230 millones sin alcanzar los objetivos de posicionamiento internacional, comerciales ni productivos para los cuales se realizaron los aportes”, sintetizó el comunicado de los bodegueros. Agregó que “la falta de rendición de cuentas e información abierta a la comunidad, la ausencia de auditorías reclamadas por Bodegas de Argentina y lo informado recientemente por la SIGEN, ha dejado un vacío de transparencia”. Bodegas de Argentina se refirió con esto al cuestionamiento realizado por el organismo nacional de control que se realizó al Ministerio de Economía de la Nación que dirigía Sergio Massa y que había aportado fondos para el desarrollo del Enoturismo a través de la Coviar.
En esta línea, desde BA explicaron que hubo incumplimiento de la Visión y Objetivos del PEVI 2020 que buscaba que para ese año la industria vitivinícola argentina se posicionara de forma sostenible entre las más destacadas del mundo. Además, se proponía alcanzar ventas por U$S2.000 millones, participar con un 10% del volumen de las exportaciones mundiales y lograr la valoración y el reconocimiento de los consumidores. “En 2020 la participación en volumen mundial al año 2020 fue de 3,7% y las exportaciones de ese año alcanzaron los U$S791 millones”, contrastaron desde Bodegas de Argentina. Agregaron que a esto su suma la caída del 30% del consumo per cápita en Argentina, el derrumbe de la facturación total desde su máximo en 2012 y también la baja del volumen total.
Con relación a los montos aportados, desde Bodegas expresaron que en el período 2004-2020 los aportes fueron los siguientes: U$S 100 millones del sector privado y U$S 130 millones el sector estatal lo que da un total de 230 millones de dólares. “Estos fondos, provenientes no solo de entidades privadas sino también de ciudadanos comunes que, a través de sus impuestos, sostienen el funcionamiento de una institución que ya no tiene sentido. ¿Cómo justificar semejantes desembolsos en una entidad que ha dejado de cumplir su misión?”, cerró la entidad.
Objeciones
Así, Bodegas de Argentina planteó objeciones institucionales con relación a la Coviar. Entre otros puntos porque no es una cámara empresaria con asociatividad voluntaria. Las alícuotas son obligatorias para todos los establecimientos registrados en el Instituto Nacional de Vitivinicultura, bajo pena de inmovilización de operaciones en caso de incumplimiento en los pagos. También objetaron el direccionamiento de los recursos que realizó Coviar en los distintos aspectos y, por último, mencionaron objeciones económicas.
“La industria vitivinícola argentina en su conjunto está transitando una crisis tal que no puede darse el lujo de hacer gastos que no tengan el impacto esperado en el negocio”, precisó el comunicado de Bodegas. Agregó que soporta una presión fiscal total excesiva, entre las que se encuentran los aportes obligatorios a Coviar, que deben ser analizados en su totalidad (aportes por elaboración más aportes por fraccionamiento) dentro de sus estructuras de gastos y en términos de producción representan el 0.5 %.
“Por todo lo expuesto, apoyamos la derogación de la Ley 25849 que crea la Coviar. Sus aportes obligatorios y su existencia, suman un actor que no agrega valor a empresas y consumidores”, cerró el comunicado. Al final también enumera los legisladores nacionales que han firmado y avalado el proyecto para tal derogación presentado por el diputado nacional por CABA, Damián Arabia.