Un informe técnico elaborado por la Subsecretaría de Planeamiento Energético de la Nación, con datos del Ministerio de Economía, muestra que el segmento de población de más altos ingresos destina un 0,9% de ellos al consumo de energía eléctrica y un 2,2% al de gas natural. En cambio, en el sector de menores ingresos, las familias deben utilizar un 8,9% de su presupuesto mensual a pagar la luz y un 18,5% al gas.
Esto fue presentado por el subsecretario, Santiago López Osornio, en la audiencia pública que se está desarrollando hoy, para explicar por qué se considera que el esquema actual de subsidios a la energía -luz y gas- es ineficiente, ya que se beneficia a sectores que tienen capacidad plena de pago, en detrimento de quienes necesitan un mayor porcentaje de ayuda.
Por otra parte, como para las familias de mayores ingresos estos servicios resultan muy accesibles, tienden a consumir más, lo que genera que el 50% de la población de mayor poder adquisitivo recibe el 60% del dinero que Nación destina al subsidio de la producción -o importación- de gas y electricidad, mientras que el 40% restante se distribuye entre el 50% de menos recursos.
De ahí surge la propuesta de una segmentación que divida a la población entre quienes tienen una alta capacidad de pago, quienes son beneficiarios de la tarifa social y usuarios medios. Para plantear cómo se aplicará esta división, se han fijado algunos criterios de inclusión en cada categoría.
Se les quitarán los subsidios a quienes:
- Vivan dentro de polígonos de alta capacidad de pago identificados por el ENRE (Ente Nacional Regulador de la Electricidad)
- Habiten barrios que estén en el registro de urbanizaciones cerradas
- Tengan ingresos superiores a 3,5 CBT de un hogar tipo 2 del Indec (un varón de 35 años, una mujer de 31 años, una hija de 8 años y un hijo de 6 años)
- Posean 3 o más inmuebles registrados
- Sean dueños de 3 o más vehículos con antigüedad menor a los 5 años
- Tengan aviones o embarcaciones de lujo
En cambio, un hogar será considerado como beneficiario del mayor nivel de subsidios cuando esté ubicado dentro de polígonos identificados por el Renabap (Registro Nacional de Barrios Populares) y/o sus integrantes sean:
- Jubilados, pensionados o trabajadores en relación de dependencia que perciban una remuneración bruta menor o igual a dos Salarios Mínimos Vitales y Móviles.
- Monotributistas inscriptos en una categoría cuyo ingreso anual mensualizado no supere en dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
- Beneficiarios de pensiones no contributivas que perciban ingresos mensuales brutos no superiores a dos veces el Salario Mínimo Vital y Móvil.
- Titulares de programas sociales.
- Trabajadores inscriptos en el Régimen de Monotributo Social.
- Trabajadores incorporados en el Régimen Especial de Seguridad Social para Empleados del Servicio Doméstico (Ley N° 26.844)
- Titulares de algún seguro de desempleo.
- Titulares de Pensión Vitalicia a Veteranos de Guerra del Atlántico Sur.
- Titulares de certificado de discapacidad expedido por autoridad competente, de conformidad con lo previsto por la Ley Nº 22.431 y por la Ley N° 24.901.
De todos modos, aunque cumplan con esos requisitos, serán excluidos de la tarifa social quienes:
- Sean propietarios de dos o más inmuebles
- Sean propietarios de un vehículo de hasta diez años de antigüedad (excepto los titulares de algún certificado de discapacidad)
- Tengan más de un suministro bajo su titularidad
El resto de los usuarios será considerado en un nivel intermedio. En las audiencias por el nuevo precio estacional del gas y la electricidad, se contempló que los beneficiario de la tarifa social reciban un aumento que no puede sumar en 2022 el 21,27% y los usuarios medios, el 42,47%. Esto es, el 40% y el 80% del Coeficiente de Variación Salarial de 2021.
Sin embargo, para evitar que un hogar sea excluido de la categoría de mayores subsidios, el informe de la Subsecretaría de Planeamiento Energético plantea que las autoridades de aplicación deberán implementar un sistema por el que un usuario que haya sido incluido en una categoría que no le corresponde -por ejemplo, quien es inquilino y no propietario del inmueble- pueda presentar un pedido de recategorización.
