Salud privada: el sector está en jaque por la falta de pacientes

La pandemia puso en primer lugar a los profesionales de la salud y develó situaciones de precariedad laboral que hasta ahora no eran demasiado conocidas por gran parte de la población. De modo similar, cuando se habla de las dificultades que atraviesan empresas, industrias y comercios, no se suele pensar en que en la misma situación están las clínicas, centros médicos y centros de diagnóstico y tratamiento privados. Con una drástica caída de las consultas y estudios, y la necesidad de adecuar los sistemas de atención y la infraestructura, atraviesan un momento complejo.

Pero además, el sector tiene una particularidad: como la mayoría de las obras sociales y prepagas cancelan las prestaciones con dos y hasta tres meses de demora, recién en junio y este mes ha comenzado a ser más notoria la caída de ingresos. Si bien hasta ahora varias han podido acceder al programa de Asistencia de Emergencia al Trabajo y la Producción (ATP) para pagar los salarios, están en proceso de solicitar un crédito, o analizando la posibilidad de hacerlo en los próximos días. Temen que si se vuelve hacia atrás en las fases de la cuarentena y se agudiza el temor de los pacientes, podrían tener que recurrir a despidos e incluso al cierre.

En la clínica oftalmológica Centrovisión están trabajando con un 50% del nivel de atención que tenían antes de la implementación del aislamiento preventivo. El gerente, Sebastián Peña, detalla que, por un lado, los pacientes no quieren acudir por temor al contagio. Aún más, han notado que ha crecido el nivel de ausentismo. Cuando una persona pide un turno, se le envía un mail de recordatorio y en muchos casos reciben como respuesta la cancelación, porque manifiestan que lo pensaron mejor y no es tan urgente el motivo de la consulta.

Pero por otra parte, debido a que se trata de una clínica en la que trabajan unos 20 profesionales, se readecuaron los horarios de los consultorios para atender sólo dos pacientes por hora, tal como estableció el decreto en un principio, y ahora tres. Eso, de por sí, disminuye en 25% la cantidad de consultas diarias posibles.

Los protocolos asociados a la pandemia hicieron que tuvieran que colocar protectores en las zonas de atención al público, y entregar al personal ropa descartable (barbijos, cofias, camisolines, antiparras). Cuando llegan a trabajar, se cambian, de modo de no traer el virus desde afuera ni llevarlo a la casa.

Los médicos también tienen elementos de protección, ya que la atención oftalmológica requiere de una cercanía con el paciente y no se le puede simplemente preguntar los síntomas sino que hay que revisar el ojo. De ahí que en ciertos equipos se hayan puesto barreras protectoras para disminuir la posibilidad de contacto.

En cuanto a los costos, no sólo mantuvieron al personal, sino que tuvieron que incrementar el de limpieza, para que desinfecte con más frecuencia los pisos y también los mostradores, barandas, picaportes. Además, contrataron a una persona para la realización del triage al momento de la recepción, es decir, la toma de la declaración jurada y de la temperatura.

Peña planteó que otro de los inconvenientes que enfrentan es que dependen mucho de las obras sociales y prepagas, y los valores de las consultas y estudios están congelados desde enero. Es que la Superintendencia de Servicios de Salud les autorizó el último aumento de las cuotas a las empresas de medicina prepaga en diciembre y, pese a que han seguido percibiendo los ingresos por sus asociados con una merma considerable de las prestaciones, se niegan a revisar los montos. Como contraparte, reconoció que no tienen atraso en los pagos.

El gerente de Centrovisión indicó que tuvieron que optar por el ATP porque si bien hoy facturan el 50% de lo que venían facturando, en abril apenas llegaron a un 20% y en mayo rondaron el 25%. Con esa herramienta, indicó, apostaron a mantener todo el personal hasta pasar la coyuntura.

Aunque julio es temporada alta para las afecciones respiratorias y resfríos, el temor al contagio de Covid-19 ha llevado las consultas a apenas un 45% de lo habitual en la Clínica de Nariz, Garganta y Oído. Pilar Robles, encargada de la Administración, detalla que la situación es bastante complicada porque tampoco se realizan ciertos estudios y, además, en la estructura de ingresos tienen un peso importante las cirugías, que llegan a un 15% de la cantidad prepandemia.

Como las cirugías son casi todas programadas, ya que es poco común una emergencia en esta rama de la medicina, desde mediados de marzo el número cayó a 0 y recién en junio tuvieron permitido habilitar nuevamente el quirófano, con un número importante de precauciones adicionales, incluida la interconsulta con infectólogos (lo que ha incrementado los costos). Sin embargo, el mes pasado realizaron un 15% de las operaciones acostumbradas.

Las consultas también se vieron muy afectadas por el temor de los pacientes. Y si bien los consultorios recién abrieron en mayo, y con atención cada media hora, antes de eso las guardias estaban vacías. Es que en la clínica es común que haya 10 o 15 personas en la sala de espera, pero a pesar de que las recepcionistas le aseguraban a quienes llamaban que podían ir tranquilos porque no había nadie, costó que empezaran a animarse.

De las 3 mil consultas habituales, en abril cayeron a 300, es decir, un 10%. En mayo se llegó a los 800 pacientes y el mes pasado a 1.400. Pese a eso mantuvieron la estructura de personal, con la mayoría sin acudir al lugar de trabajo durante las primeras semanas, e incluso a los médicos de guardia, que hasta ahora trabajaban por prestación (cobraban un porcentaje de cada atención porque les resultaba más conveniente), les tuvieron que ofrecer un importe fijo para conservar a estos profesionales que atienden la demanda espontánea.

También hay estudios que no se están realizando, como los de laringe y de nariz, a menos que se sospeche de una patología compleja, porque implica un riesgo para el médico y el paciente. Se trata de otro ingreso que la clínica ha perdido.

En cambio, plantea Robles, hay insumos cuyo precio se ha incrementado considerablemente. Los últimos barbijos quirúrgicos que compraron antes de la pandemia -hasta entonces se usaban sólo en las cirugías- costaban $ 3, mientras ahora deben pagar $ 60 por cada uno. Y el frasco de alcohol, que estaba un poco por encima de $ 100, ahora alcanzó los $ 500. Los blusones, las cofias, los barbijos y las máscaras N95 también han elevado los costos de atención al tiempo que la facturación está en el orden del 10% de lo habitual.

Por otra parte, para atender en esta nueva situación tuvieron que realizar algunas inversiones adicionales, como elevar los vidrios que separan a las recepcionistas de los pacientes y comprar cadenas para delimitar las áreas de circulación.

El ATP les permitió seguir pagando los sueldos, aunque con la demora que esto implica para quienes estaban acostumbrados a recibir su salario el primer día de cada mes. Pero además están tramitando un crédito en el banco con el que operan y están estudiando un segundo, en otra entidad bancaria. También ha pasado por la cabeza de algunos socios la posibilidad de cierre.

Robles indicó que la cadena de pagos en salud funciona con una demora de 30 o 45 días por parte de algunas obras sociales y prepagas, pero que la mayoría paga a los 90 días de facturado el mes. Esto generó que en junio hayan cobrado las atenciones de marzo y ahora esté empezando a ser preocupante la caída de ingresos (de un millón de pesos a 40 mil por una de las obras sociales).

También mencionó que han tenido dificultades en el cobro porque las oficinas de estas prestadoras de salud están cerradas, lo que los obliga a escanear toda la documentación para enviárselas y ha recargado a quienes se encargan de la administración de las clínicas y centros médicos. Asimismo, comentó que ha habido algunas demoras en el pago, que no son entendibles porque las obras sociales y prepagas han seguido recibiendo aportes pero han tenido un importante ahorro en prestaciones.

Caída y subas

El presidente de la Asociación de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados de Mendoza (Aclisa), José Luis Sánchez Rivas, detalló que ha caído la atención en general. Si bien a partir de que el mes pasado se habilitó la posibilidad de retomar las cirugías programadas las clínicas han alcanzado, en promedio, un 60 a 70% de las atenciones previas a la pandemia. En las que reciben a afiliados de PAMI, acotó, este porcentaje se eleva a un 80%.

En los centros ambulatorios y de diagnóstico, sin embargo, aún persiste la baja en la facturación, ya que en promedio se está en el orden del 40 a 50% de las prestaciones acostumbradas.

El ATP, expresó Sánchez Rivas, se otorgó en abril, mayo y junio (este último mes se pagó el viernes), sobre todo a las clínicas que tienen internación, aunque también pudieron acceder algunos centros ambulatorios y de diagnóstico y significó una gran ayuda para estas empresas. Se debe recordar que cuando el gobierno nacional lanzó el programa no estaban incluidas las actividades esenciales pero luego se modificó este requisito y se incluyó a todas las que hubieran tenido una cierta caída en la facturación por la cuarentena.

PAMI, añadió, también ha contribuido con su pago en tiempo y forma, y algunas prepagas han ofrecido una prefinanciación, a cobrar a futuro con prestaciones médicas, que oscila entre el 25 y el 30% de lo que las clínicas venían facturando. Si bien el también titular de la Confederación Argentina de Clínicas, Sanatorios y Hospitales Privados señaló que piden que sea de 50%, porque no se ha modificado el valor de las prestaciones, el adelanto ha permitido contar con ingresos para seguir funcionando.

Sánchez Rivas explicó que hasta ahora la Superintendencia de Salud ha aportado a las obras sociales sindicales para que alcancen la recaudación habitual, porque han caído los ingresos de los contribuyentes, por las reducciones acordadas por ciertos gremios, y porque muchas empresas no están pagando los aportes y contribuciones.

Por otra parte, se les ha liquidado una deuda importante que el Estado tenía con ellas, vinculada a las patologías extremas. Es decir, que no sólo no han mermado sus ingresos, sino que han contado con un extra, al tiempo que las prestaciones han disminuido. Lo mismo ocurre con las prepagas.

Pese a que reconoció que las prestadoras nacionales suelen tener clínicas y centros de diagnóstico propios (sobre todo en Buenos Aires), por lo que han debido solventar los gastos en medios de protección que todas han tenido por el Covid-19, manifestó que esto no ha superado a la menor erogación por la disminución de prestaciones. De ahí que las clínicas y centros médicos estén pidiendo un aumento en los valores.

Sánchez Rivas indicó que en mayo, en plena pandemia, les han aumentado un 40% el precio de la recolección de residuos patogénicos. Y que los proveedores de oxígeno, aunque no habían modificado sus valores en un año, solicitaron un incremento también del 40% que finalmente será, luego de negociaciones, de 20% en julio y de 20% en noviembre. Los insumos de protección, como barbijos, camisolines y blusones han aumentado 600%. Y los medicamentos que se venden a las clínicas han subido un 50% desde diciembre.

El presidente de Aclisa coincidió en que los meses más críticos serán los de julio, agosto y setiembre, ya que la demora de 60 a 90 días en el cobro de la facturación hizo que en junio cobraran marzo, un mes en el que todavía no fue tan notorio el impacto del aislamiento preventivo. Pero a partir de ahora la situación se torna más compleja.

Como también preside la entidad nacional, participa de mesas de trabajo virtuales con la Superintendencia y el Ministerio de Salud de la Nación. En esos ámbitos, indicó, han logrado que por 60 días se prorrogue la disminución del impuesto al cheque, de 1,2 a 0,5 para las clínicas y de 0,4 a 0,25 para las obras sociales. También que se disminuyeran los aportes patronales. Y se está solicitando que se les exima del IVA, dado que los centros médicos no lo pueden deducir porque su consumidor final son las obras sociales y están exentas del pago.

Baja de la facturación y fuerte alza de los costos de los insumos

Fernando Álvarez, administrador del Instituto Radiológico Central, cuenta que en abril la facturación cayó un 87%, en mayo el descenso fue de 63% y en junio, de 33%. En lo que va de este mes, añadió, los números son similares al pasado. Asegura que se percibe el miedo en la gente, que si no es una urgencia prefiere postergar la realización de estudios.

Así, ha disminuido el número de ecografías ginecológicas y mamografías, aunque sí se han mantenido las que se realizan por control del embarazo. También atienden a pacientes con dolores abdominales o posibles quebraduras. Pero el control se pasa para más adelante.

Aunque colocaron pantallas en los espacios de recepción y adoptaron algunas medidas de protección para el personal, los médicos y los pacientes, Álvarez señala que el distanciamiento se produjo por la misma baja en la afluencia de personas.

En cuanto a los insumos, sostuvo que fue previsor y cuenta con un stock de elementos dolarizados, como las placas para radiografías. Pero planteó que los elementos de protección personal, como los barbijos, y el alcohol en gel subieron considerablemente, aunque este último ha bajado un poco en mayo y junio.

En el centro de diagnóstico también accedieron al ATP y están pensando en solicitar un préstamo bancario para poder solventar los gastos de julio, agosto y setiembre, cuando el desfasaje entre la facturación y el cobro hará notoria la caída en las atenciones. Pero Álvarez advirtió que si se pierde la ayuda del gobierno o se vuelve a una fase 1, y con ello a un descenso de 90% en los ingresos, tal vez tengan que pensar en medidas adicionales, como despidos.

En el laboratorio de análisis clínicos Pérez Elizalde la recuperación ha sido bastante más rápida. Rafael Pérez Elizalde detalla que en junio tuvieron una disminución del 30 al 40%, que pasó a 20% en mayo y ya los ubicó casi en los mismos valores que antes de la pandemia a partir de junio.

Esto lo atribuye a una fuerte campaña de información que desarrollaron sobre la importancia de que los pacientes crónicos se sigan realizando los controles periódicos. Esto, para que no sea mayor el número de muertes por enfermedades cardiovasculares o por diabetes, colaterales de Covid-19, que por el mismo virus.

También, a que implementaron los tests rápidos para detectar la presencia de anticuerpos relacionados con el coronavirus, por los que han recibido numerosas consultas (y les demanda un buen tiempo explicar a los pacientes de qué se trata y en qué casos es de utilidad realizarlos).

Pérez Elizalde señaló que implementaron un protocolo de bioseguridad con vitrinas en la recepción, alfombra con desinfectante para los pies y toma de temperatura. A los pacientes se les solicita acudir solos o que el acompañante se quede afuera. Se pide que envíen las órdenes antes por medios electrónicos, para que al llegar estén los papeles listos. Cuando esto ocurre, la persona demora entre 3 y 5 minutos desde que ingresa hasta que se va, después de que se le toma la muestra.

Con el descenso en la facturación de los dos primeros meses recibieron el ATP y también pidieron préstamos para pagar los sueldos. Pérez Elizalde consideró que recién se volverá a los niveles habituales cuando aparezca una vacuna. Asimismo, contó que han notado que pacientes que tenían registrados con una obra social, ahora acuden de modo particular.