Los reajustes de haberes jubilatorios tienen un largo camino entre los estrados judiciales y la Administración Nacional de Seguridad Social (Anses), pero la Secretaría Previsional del Juzgado Federal N° 4 Tributario y Previsional de la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza, dictó una sentencia que podría favorecer a una veintena de jubilados que se encuentran en la misma situación hoy en la provincia y a miles más en el futuro.
Es que el último paso procesal en cualquier juicio resarcitorio es “la ejecución de sentencia”, es “convertir lo que se sentenció en una cantidad de pesos”, y “por primera vez un juzgado de primera instancia sacó una sentencia aprobando una liquidación de ajuste obligando a la Anses a pagar algo que no se había pagado”.
Así lo explicó el abogado Adrián Troccoli, especializado en temas previsionales, quien actuó en representación de S.H.O, un jubilado que prefirió mantener su nombre en el anonimato para evitar inconvenientes. “En la práctica, la sentencia determina un monto específico que debe cobrar por algo que no se había pagado” (años de jubilaciones mal calculadas), explicó el letrado y señaló que en caso contrario es la Anses la que realiza el cálculo, y allí es donde en el pasado se han presentado problemas.
El organismo tendrá dos meses hábiles para depositar el pago o de lo contrario se le podrá trabar un embargo.
Troccoli destacó que en el año 2017 el jubilado había obtenido una sentencia que obligaba al organismo a recalcular las jubilaciones hacia atrás, devolver lo que no se pagó, y calcular de forma correcta hacia adelante (incluso cabría un nuevo reclamo por las jubilaciones abonadas desde 2017 hasta la fecha). El dinero no se pagó, y el jubilado ingresó en la larga fila de sentencias para liquidar que tiene el organismo.
Para evitar más retrasos, Troccoli señaló que “dentro de los plazos procesales” (7 meses), el juzgado con sede en Mendoza resolvió la situación. “Nosotros explicamos en números lo que decía la primera sentencia, y lo expresamos fundado a derecho, pero se necesitó de una jueza que ejerciera la administración de la Justicia, con un equipo trabajador y humano para que esto saliera”, señaló.
El letrado explicó que tanto “los abogados como los tribunales tienen herramientas para hacer que Anses pague, y que se recupere, sino el tiempo perdido, el dinero que se haya licuado por la inflación”.
El origen del problema: ¿Por qué Anses acumula deudas con los jubilados?
Troccoli señaló que el haber máximo está desactualizado: en 1995, la Ley de Solidaridad de Menem y Cavallo fijó el monto en $3.100 y si ha eso se le aplicara “Badaro” -reajuste por la aplicación la doctrina sentada en caso “Badaro, Adolfo Valentín”, que obtuvo sentencia el 26/11/2007 en la Corte Suprema de Justicia de la Nación, que implica que los haberes jubilatorios se pueden reajustar por la variación de los salarios – daría $320.000, y si a esto le sumamos solo 2020, ascendería a $360.000, y hoy es de $195.557.
La diferencia entre el haber máximo que se debería haber aplicado desde la convertibilidad hasta ahora, y el haber máximo vigente, es lo que pueden reclamar los jubilados. Esto afecta mayormente a los jubilados autónomos, y a quienes cobraban en activo salarios que (actualizados) superan la jubilación máxima.
Esta relación entre la jubilación máxima que reconoce el organismo, y la jubilación que deberían cobrar los jubilados también afecta el cálculo de las sentencias, y es que el organismo puede pagar el tope máximo cuando se exceda el 15% de la jubilación máxima, y en muchos casos eso significa un pago parcial de la sentencia, y si encima, se retrasa en el tiempo en el pago, la inflación “come” parte de la compensación.
“Las liquidaciones demoran, y tenemos casos de más de cinco años con sentencia firme y sin pagos. Y de los casos que tenemos, podemos decir que en promedio, el organismo paga el 60% de lo que dan nuestros cálculos, entonces es necesario que la sentencia incluya un monto para la correcta ejecución”, cerró Troccoli.
Anses pagó un 20% más de sentencias judiciales en los últimos dos años
El organismo respondió por los retrasos en el pago de sentencias, y destacó que “entre los años 2020 y 2021, el promedio anual de pago de sentencias judiciales fue de 43.342, un 20% de aumento con respecto al promedio anual pagado entre 2016 y 2019, que fue de 36.100 sentencias judiciales de retroactivos.”
Asimismo, en 2021 se pondrán al pago 44.959 sentencias judiciales, cantidad que supera a la cifra alcanzada durante el año 2020.
Además, en 2019 solo el 19% de estas sentencias se pagaban dentro del plazo de los 120 días; ese número se elevó a 30% en 2020 y a 57% en 2021. La mejora en los procesos provoca una reducción de plazos de liquidación permitiendo un enorme ahorro fiscal en concepto de pago de capitales e intereses de los retroactivos, gracias a una disminución del pago promedio por sentencias.
“Para el año 2022 se espera seguir incrementando la cantidad de sentencias puestas al pago y mejorar aún más los tiempos de liquidación”, cerraron.
