La jueza federal de Nueva York Loretta Preska le ordenó hoy a la Argentina pagar US$ 142 millones a los bonistas que rechazaron ingresar en los sucesivos canjes de deuda que lanzó el país.
Preska también había condenado a la Argentina a pagar US$16.100 millones por el trato desigual a los accionistas minoritarios de YPF al momento de la expropiación. Los beneficiarios del fallo intentaron proceder con los embargos, pero no lo lograron.
Ahora, la magistrada se pronunció en el expediente que sigue a solicitud de 12 fondos, entre los que sobresale Bybrook Capital, que decidieron rechazar los sucesivos canjes de deuda que lanzó la Argentina y seguir litigando por los bonos caídos en default en 2001.
Si bien en los tres canjes de deuda (2006, 2010 y 2016) la mayor cantidad de bonistas aceptaron las condiciones de la Argentina para pagar su deuda, otros decidieron quedar al margen y seguir litigando.
En este caso, el grupo de demandantes obtuvo de Preska una orden de sentencia sumaria para recuperar acreencias por ese monto.
Fondos buitre como Bybrook Capital prefieren condenas que se dilaten en el tiempo porque al momento de pagar, la Argentina debe abonar el capital y los intereses del bono, pero estos últimos se actualizan con una tasa anual de 9% hasta tanto haya un fallo.
Una vez que haya sentencia, como sucedió ahora, la tasa de interés pasa a ser la de los bonos del Tesoro de los EEUU a dos años, que ronda el 4%.
Sin el camino de la apelación a la vista, los demandantes tienen algunas alternativas.
Por un lado, buscar activos embargables de la Argentina en Estados Unidos como una forma de cobrar la sentencia.
Ese camino -que es el más probable- es el que están siguiendo los fondos que demandan al país por la expropiación de YPF y por el momento no tuvieron éxito.
La otra posibilidad sería esperar a que la Argentina les ofrezca alguna clase de acuerdo, teniendo en cuenta que la cifra es menor en comparación con todo el monto que cayó en default y que saldarlo le permitiría cerrar un frente judicial.
Sin embargo, aún si el Gobierno quisiera ir por esa vía, tendrá que conseguir el aval del Congreso. Sería un momento incómodo para las autoridades tener que admitir que pretenden gastar en terminar una demanda mientras internamente hay un fuerte ajuste.
