“La administración de Milei asumió en un contexto de extrema fragilidad social, con más del 50% de la población bajo la línea de pobreza, resultado de años de alta inflación y un mercado laboral debilitado”, comienza uno de los últimos informes del Ieral de la Fundación Mediterránea. En este marco, el análisis firmado por la economista Laura Caullo observó que este escenario inicial definió el tono de las políticas económicas del gobierno, caracterizado por un fuerte énfasis en la estabilización macroeconómica, la austeridad fiscal y la flexibilización económica. Estas medidas buscaron controlar la inflación y reducir el déficit fiscal, aunque con impactos desiguales en los distintos sectores sociales y económicos.
En este contexto, el balance del primer año deja un panorama desigual en materia de ingresos reales. Algunos sectores lograron avances: la AUH aumentó un 100% y la jubilación media creció un 3%. Los trabajadores registrados del sector privado, lograron mantener su poder adquisitivo, aunque con algunas fluctuaciones a lo largo del año. En contraste, otros sectores enfrentaron caídas significativas, como el programa Volver al Trabajo (ex Potenciar Trabajo), que experimentó un desplome real del 60%, y la Tarjeta Alimentar, cuyo poder adquisitivo cayó un 11%.
En paralelo, la falta de acuerdos en instancias de negociación, como el Consejo del Salario Mínimo y la Paritaria Nacional Docente, contribuyó a una menor actualización de los salarios en relación con la inflación, agravando las tensiones en los sectores dependientes del Estado. El haber mínimo, con bonos, también se vio afectado por la reducción del gasto público, lo que resultó en una pérdida de poder adquisitivo en términos reales del 3%.
Sin embargo, el informe va más allá y analiza todo el primer año. En este marco explicitó que los ingresos que experimentaron un deterioro no lo hicieron de manera uniforme; sus fluctuaciones estuvieron influenciadas por la inflación, el ajuste del gasto público y las negociaciones colectivas. “En los primeros meses del nuevo gobierno, el deterioro fue generalizado tras una devaluación de más del 50%”, advirtieron desde la Fundación Mediterránea. Agregaron que, no obstante, luego del anuncio en enero de la duplicación de la AUH y la tarjeta alimentar, se vio una rápida recuperación de estos programas, aunque en el caso de la Tarjeta Alimentar, esta mejora no logró sostenerse en el tiempo.
Caída de salarios
Otros ingresos comenzaron a mostrar signos de recuperación meses después, impulsados por la desaceleración inflacionaria y la implementación del nuevo esquema de movilidad jubilatoria, que ajusta los haberes según el IPC con un rezago de dos meses. Esto permitió que los haberes jubilatorios superiores al mínimo comenzaran a recuperarse en términos reales a partir de marzo de 2024. En contraste, los haberes mínimos tardaron más en recomponerse debido al congelamiento del bono y aún se encuentran por debajo de los niveles iniciales. En el caso de los salarios, los docentes fueron los más afectados, alcanzando su nivel más bajo en febrero y sin lograr una recuperación significativa hacia noviembre.
Este deterioro no fue exclusivo del nivel nacional, ya que el ajuste también se reflejó en el consolidado de las provincias, particularmente a través de las remuneraciones del personal docente. Por su parte, las remuneraciones laborales del sector público en general tuvieron una recuperación más lenta que las del sector privado, sin lograr alcanzar los niveles iniciales. El salario informal, según el último registro, muestra una caída del poder de compra del 13% respecto de fines de 2023. Aunque podría haberse registrado una leve mejora en el último trimestre del año, esto deberá confirmarse con la publicación de nuevos datos.
A medida que se avanza hacia 2025, el gobierno debe lograr armonizar las políticas fiscales, sociales y laborales de manera coherente y efectiva, para asegurar la sostenibilidad de los ingresos y reducir las desigualdades estructurales que aún persisten en el país. En 2025, la reforma laboral y la previsional deben ser ejes centrales de las políticas estructurales del gobierno. La reforma laboral debe orientarse a flexibilizar el mercado de trabajo, favoreciendo la formalización del empleo y reduciendo la dualidad existente, sin comprometer los derechos laborales ni la competitividad. De manera paralela, la reforma previsional debe ser sostenible y justa, adaptándose a las nuevas realidades demográficas y económicas, sin recurrir a ajustes que afecten a los sectores más vulnerables. Ambas reformas deben ir acompañadas de políticas que incentiven la creación de empleo formal, promuevan la inclusión social y la estabilidad económica a largo plazo.
