Durante esta semana, la Secretaría de Energía de la Nación está realizando tres audiencias públicas, para discutir el precio mayorista del gas y de la luz, y cómo se trasladará a las boletas de los usuarios residenciales según una segmentación de los subsidios que pretenden aplicar. Así, se fijó que un 10% de la población, con mayor capacidad de pago, dejará de recibir esta bonificación en las tarifas por parte del Estado Nacional, mientras para el resto habrá dos niveles de quita.
El gobierno estableció que quienes son beneficiarios de la tarifa social no podrán tener un aumento en las facturas de estos dos servicios que supere el 40% de la suba del Coeficiente de Variación Salarial (CVS), que durante 2021 fue del 53,4%. De ahí que este segmento no recibirá un incremento superior al 21,27% anual en el monto a pagar. Mientras que al resto, quienes se consideran usuarios medios, no se les podrá aplicar una suba superior al 80% del CV; es decir, por encima del 42,47% anual.
Sin embargo, en la audiencia se presentó como ejemplo facturas de la tarfia eléctrica de un usuario promedio categoría R2 y G1 del sector no residencial del AMBA, área que es de jurisdicción nacional y donde el Estado nacional subsidia también el VAD o Valor Agregado de Distribución. En cambio, en el resto del país, son los entes reguladores, junto con los estados provinciales, los que han definido los ajustes de este componente de la facturación.
El informe técnico de la Subsecretaría de Planeamiento Energético plantea que, “para el caso de las distribuidoras de jurisdicción provincial, el traslado del incremento en el PEST (Precio Estacional de la Energía Eléctrica) definido por la metodología resultará en un menor impacto en factura, en la medida que el componente del precio de la energía constituya un menor porcentaje de la tarifa”.
Precisamente, desde el EPRE (Ente Provincial Regulador Eléctrico) y el gobierno provincial manifestaron que han intentado, en reiteradas ocasiones, acceder a información de cuál puede llegar a ser el impacto en las boletas de las distribuidoras locales; en particular teniendo en cuenta que se desconoce qué mecanismos de utilizará para establecer la segmentación que se propone desde el Ejecutivo nacional. Por otra parte, desconocen si ese tope del 21,27% y del 42,47% en el aumento anual también incluye las variaciones en el VAD que ya se han aplicado en las boletas y las que podrían fijarse para lo que queda del año.
