Es común que, en los organismos públicos, se discuta cuáles son las obras y proyectos que se deberían concretar primero: reparar una ruta, renovar un tendido de cloacas (que no se ve), construir un importante edificio. Y la decisión a veces se toma en función de lo que consideran tendrá un mayor impacto (a veces visual, inclusive). Sin embargo, existen herramientas que permiten medir cuáles serán los costos y beneficios de cada obra para la población, y, en consecuencia, priorizarlas.
En Bolivia, Chile, Paraguay y Uruguay, entre otros países, se recurre a los denominados precios socioeconómicos, que permiten calcular el costo de oportunidad de los proyectos y administrar mejor los recursos del Estado. El Ministerio de Hacienda y Finanzas de la provincia financió el trabajo de un equipo de investigadores de la Facultad de Ciencias Económicas de la UNCuyo para que determinaran la metodología para fijar el valor de los cuatro más importantes: la mano de obra, el dólar, el valor social del tiempo y la tasa social de descuento.
Claudia Botteon, directora académica del proyecto, cuyos resultados se presentaron la semana pasada, detalló que los precios socioeconómicos son una herramienta más para la toma de decisiones de inversión pública y que permiten incorporar elementos sociales a la evaluación, a partir de criterios objetivos. Básicamente, facilitan identificar, cuantificar y valorizar los costos y beneficios de un determinado proyecto (aunque también haya otros de valor intangible).
El precio que está presente en todos los proyectos es el de la mano de obra y, para determinar su valor en la provincia se tomaron como referencia una economía de pleno empleo, con bajo desempleo y alta subocupación e informalidad; escenario que más se adapta a la situación actual de Mendoza. Para la calificada, se estableció una corrección de 0,612 sobre el salario final; para la semi calificada, del 0,606; y para la no calificada, del 0,535.
Como la mayoría de los proyectos utilizan insumos importados o exportables, también se calculó el valor social de la divisa, restando impuestos, subsidios y considerando los distintos tipos de cambio existentes. El resultado fue que se debe tomar el 1,27 sobre el tipo de cambio fijo.
La tasa social de descuento es otro precio socioeconómico, ya que representa el costo de utilizar los fondos para una obra determinada en detrimento de otras potenciales, y se estableció que es del 11,19% anual. Y el valor social del tiempo se vincula, precisamente, con el tiempo que se libera a una determinada población: el que se ahorran si se amplía una ruta porque pueden moverse más rápido o si se mejora la gestión en un hospital.
El ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad, expresó que en la gestión pública es común enfocarse en el “día a día” y se necesita de la academia para pensar en el largo plazo. Resaltó que Mendoza es la primera provincia en empezar a calcular los precios socioeconómicos -de hecho, funcionarios de la Dirección Nacional de Inversión Pública se conectaron de modo virtual para ver la presentación- y que, a partir del presupuesto de obras públicas para 2024, se incorporará esta herramienta como un elemento más para analizar alternativas y priorizar proyectos de inversión. Esto último fue anunciado por el gobernador Rodolfo Suárez en su discurso del 1 de mayo, en la apertura del año legislativo.
Asimismo, recordó que, en 2014, se aprobó la ley de administración financiera y que fue reglamentada cuatro años atrás. A partir de eso, se creó la Dirección General de Inversión Pública y se redactaron los manuales metodológicos con las premisas para analizar proyectos. Fayad reconoció que se trata de un cambio cultural y que es complejo, pero que se ha ido avanzando en la compresión por parte del recurso humano de que esto mejora la calidad y el impacto de los proyectos que se desarrollan.
Mirada del sector privado
Federico Pagano, directivo del Consejo Empresario Mendocino, indicó que, desde la Mesa de Producción y Empleo, se propuso que los proyectos de inversión pública pasaran por esta evaluación. Y, además, que la población sepa por qué se elige hacer una obra y no otras, y que se le pueda informar del impacto social y económico de la que se eligió. Y sumó que esto puede ser un insumo no sólo para el Ejecutivo, sino también para los legisladores, para evitar las discusiones subjetivas sobre el valor de un proyecto.
Mauricio Badaloni, presidente de Fundación Andesmar, indicó que con esto se apunta a que las obras no sean elegidas por la idea de alguien, sino que respondan al crecimiento demográfico de la provincia. Y que también exista un ranking de priorización. Por otra parte, recordó que desde el CEAS (Consejo Económico, Ambiental y Social de la provincia) se pidió que se disponga de un banco de proyectos, con un cierto grado de avance en los estudios previos, para que, cuando se cuente con fondos, se pueda avanzar rápidamente.
Desde el CEAS se propuso un espacio, integrado por representantes del sector público, la academia e incluso alguna consultora internacional, que pueda evaluar, de forma autárquica, los proyectos, aunque sea de modo no vinculante. Mario Comellas, representante de las entidades empresarias en este espacio y coordinador de la Comisión de Infraestructura, indicó que, más allá de que la propuesta del sector privado era más ambiciosa, lo importante es que se ha instalado la necesidad de que se apliquen herramientas técnicas para determinar el impacto de una inversión pública.
