La compañía Industrias Metalúrgicas Pescarmona, conocida por su acrónimo Impsa y emblemática para Mendoza en el rubro de la metalmecánica, pasará pronto a tener un control mayoritario en manos privadas, algo que ya estaba previsto en los planes de la que fuera su “rescate” en 2021 con estatización mayoritaria entre Nación y Provincia. La principal interesada en comprar las acciones es la firma estadounidense ARC Energy, de la industria del Oil and Gas, que busca sanear la deuda de 500 millones de dólares y garantizar la continuidad de las operaciones dentro y fuera del país.
Como un pequeño galpón, Impsa fue fundada en 1907 por Enrique Epaminondas Pescarmona en torno a unos 1.450 m2, en avenida España, esquina Godoy Cruz (Ciudad). Fue la primera generación. Las demandas del crecimiento le exigieron a su creador instalaciones más grandes, por lo que, en los primeros años de la década de 1940, la firma estableció la primera planta industrial en la calle Ceretti, de Godoy Cruz, que ocupó un área de 40.000 m2 de los cuales 27.000 correspondían a superficie cubierta.
Con el paso de los años, se creó Construcciones Metálicas Pescarmona SRL (CMP) con el propósito de emprender el diseño y la construcción de estructuras metálicas, compuertas para riego, así como otros equipos electromecánicos. Su acrónimo, Impsa, data de 1965, pero fue a partir de 1978 cuando, bajo el liderazgo de Enrique E. Pescarmona (tercera generación), la empresa pasó a ser un icono de la tecnología y del desarrollo metalmecánico de Mendoza, al levantar la famosa Planta Industrial II, en pleno Parque Industrial de Godoy Cruz, sobre el carril Rodríguez Peña al 2.400.
En su época de oro, Impsa llegó a emplear a 1.300 personas, trabajar con más de un centenar de Pymes y a exportar el 85% de su producción a 40 países para los que produjo turbinas, torres eólicas, puentes grúas, generadores para la industria nuclear, energía eólica y solar fotovoltaica. Pero la compañía también sufrió altibajos y periodos de desgracia, especialmente en la primera mitad de la década de 2010.
Por qué el Estado salió al “rescate” de Impsa en 2021
Las peores turbulencias en Impsa se remontan entre 2010 y 2014. La compañía mendocina, con el manejo de manos privadas, enfrentó un acontecimiento crucial al no cobrar importantes sumas de dinero por proyectos energéticos en Brasil y Venezuela. Además, atravesó un largo periodo sin proyectos de gran magnitud.
La crisis de Impsa coincidió con el colapso de su subsidiaria en Brasil, Wind Power Energy (WPE), que acumuló una deuda total de 850 millones de dólares, sumándose a los USD 250 millones que ya arrastraba. El impacto fue tan severo que Impsa no pudo hacer frente a sus obligaciones y se vio obligada a iniciar un proceso de reestructuración en 2014. Después de varios años de negociaciones, se llegó a un acuerdo para transferir el 65% de las acciones a bonistas, bancos y organismos internacionales. Este proceso fue aprobado en octubre de 2017 y finalmente se concretó el 25 de abril de 2018.
En agosto de 2020, Impsa había pedido asistencia al Poder Ejecutivo, ante la imposibilidad de reestructurar su deuda. Tres meses más tarde, pudo lograrlo y acordó con los acreedores cancelar los pasivos con un período de gracia hasta 2025. Además, consiguió una reducción significativa de los intereses al 1,5%, en tanto que los pagos de capital quedaron postergados a 2028.
Desde entonces, avanzó un plan de rescate de estatización de las acciones de clase C, plasmado finalmente entre marzo y mayo de 2021. El 100% de los accionistas votó a favor de la emisión de nuevas acciones y, a su vez, definió en forma unánime no ejercer su derecho de preferencia para suscribir las nuevas acciones, para permitir el ofrecimiento de la suscripción total de dichas acciones al Estado nacional y provincial.
El Estado mendocino pasó a ser dueño del 21,2% de las acciones, que adquiría tras un desembolso de 5 millones de dólares. En tanto, la Nación se volvió el accionista mayoritario con el 63,7%, aportando 15 millones de dólares. Ese 84,9% es la porción de la que ahora ambos de desprenderán.
El 15,1% quedó en manos de privados: 9,8% de las acciones para el fideicomiso de acreedores y 5,3% para el fideicomiso de la familia fundadora, los Pescarmona.
En abril de 2021, la Legislatura de Mendoza aprobó la Ley N° 9.319 impulsada por el gobernador Rodolfo Suárez. Después de la suscripción, el Gobierno designó formalmente como director titular de Impsa a Pablo Magistocchi, quien lideraba la Empresa Mendocina de Energía Sociedad Anónima (Emesa). Mientras que Marcelo Japaz, entonces coordinador general del Ministerio de Economía, fue nombrado como representante de las acciones que poseía la Provincia.
Una imagen selló el salvavidas estatal de la histórica empresa mendocina: el presidente Alberto Fernández y del gobernador Rodolfo Suárez juntos entre abrazos, apretón de manos y barbijos protocolares. Políticos e intendentes, sin importar si eran peronistas o radicales, se dieron cita en los talleres sobre el carril Rodríguez Peña y fueron parte del anuncio tan celebrado por la gestión de Fernández tras el fallido avance sobre el grupo cerealero Vicentin.
La salida del Estado de Impsa y su posible dueño estadounidense
Ya desde antes de la adquisición del 63,7% de las acciones de Impsa, el Estado nacional afrontó consecuentemente el déficit de la compañía a través de aportes no reembolsables, capitalización de la empresa y pago de salarios durante la pandemia de Covid-19.
Fue a poco más de dos años del arribo del Estado a Impsa, cuando Mendoza confirmó la intención de salir de la compañía metalúrgica. En abril de 2023, y tras registrar números rojos, por asamblea se decidió salir a buscar socios y cotizar en bolsa. Magistocchi dejó de ser el director titular de las acciones que tiene Mendoza en Impsa. Su reemplazo fue el ingeniero Mario Croce, que estuvo hasta diciembre de ese año. Tomó luego la posta Julio Totero, quien renunció en agosto de 2024 en medio de la nueva capitalización a privados.
Según aclaró a Los Andes el exministro de Economía y Energía, Enrique Vaquié, “la venta de las acciones fue algo que quedó estipulado desde el primer día de ingreso”, es decir, estaba en los planes originales del 2021 que Impsa se desprendiera en algún momento de las acciones del Estado mendocino.
“Fue una condición para el ingreso. Esto involucró varias etapas: la primera etapa era entrar porque la empresa no podía pagar los sueldos. El segundo punto era que no podíamos invertir la totalidad de los fondos que el gobierno nacional requería; la Nación nos proporcionó la mitad. El tercer punto era la administración de la empresa, buscando mantenerla de manera profesional, sin que ingresara personal que no fuera el requerido por áreas técnicas. El cuarto punto se refería a cómo recuperar la empresa, obteniendo contratos y, una vez que esto ocurriera, vender nuestras acciones”, explicó el exfuncionario.
En concreto, los accionistas de Impsa otorgaron autorización al Directorio para solicitar a la Comisión Nacional de Valores (CNV) el ingreso de la empresa al régimen de oferta pública de acciones. La empresa ya formaba parte del régimen de oferta pública de Obligaciones Negociables.
Acerca de sus pérdidas, Impsa informó ante la CNV que, en el primer trimestre de 2023, el resultado antes del impuesto a las ganancias arrojó una ganancia de 2.619 millones de pesos, casi cuatro veces más que los 540 millones de pesos registrados el mismo periodo del año anterior. Sin embargo, el efecto del cálculo del impuesto a las ganancias por aplicación del método del impuesto diferido y el ajuste por inflación impositivo revirtió la ganancia y del ejercicio, llevando el resultado final a una pérdida de 2.190 millones de pesos.
El Gobierno nacional y el de Mendoza decidieron iniciar en julio de 2024 el proceso de capitalización privada para evitar la quiebra de una empresa clave en la provisión de insumos y tecnología a sectores estratégicos como el nuclear o el hidroeléctrico. La intención es lograr el saneamiento de la empresa, cuya deuda asciende actualmente a USD 500 millones y garantizar la continuidad de sus operaciones, que generan más de 700 empleos y alimentan a una extensa red de proveedores.
Según el Gobierno provincial, se espera así generar nuevos negocios que permitan que Impsa vuelva a ocupar un lugar destacado en el sector energético mundial.
El proceso arrancó formalmente con una primera propuesta de capitalización presentada por un fondo de inversión estadounidense. A partir de esta oferta, y por un plazo de 30 días, se inició un proceso de debida diligencia, abierto a la intención de otros posibles interesados. Transcurridos esos 30 días, el grupo inversor interesado estaba obligado a presentar la oferta formal de capitalización.
“Nosotros creemos que esta empresa, no sólo por razones ideológicas y doctrinarias, tiene que ser privada. No puede ser estatal”, aseguró el gobernador Alfredo Cornejo el mes pasado cuando, junto al secretario de Planeamiento y Gestión para el Desarrollo Productivo de la Nación, Juan Pazo, dio detalles del inicio del proceso de sesión de acción y capitalización privada de Impsa.
El proyecto de ley para que el Estado mendocino pueda transferir sus acciones de Impsa ingresó a la Cámara de Diputados el pasado 14 de agosto.
La compañía estadounidense ARC Energy, que actúa junto al Fondo de Inversión Americano IAF, formalizó su interés por la empresa con sede en Godoy Cruz, pero también se empezó a abrir la posibilidad de que aparezcan interesados en aportar más capital a la compañía y en dotarla de un gerenciamiento y de un volumen de negocios que la vuelva a ubicar en el rol estratégico y preponderante, según dijo el ministro de Hacienda y Finanzas, Víctor Fayad.
La venta se ralentizó cuando ARC Energy pidió una prórroga hasta el 15 de septiembre -el plazo vencía el 10 de agosto originalmente- para presentar su oferta formal de capitalización. Inicialmente negociaría USD 30 millones por las acciones que tiene la Nación (63,7%) y Mendoza (21,2%).
Además, trascendió que una multinacional de Chile y otra de China mostraron interés por tomar el control de Impsa. A fines de julio, una comitiva liderada por el embajador chino en Argentina, Wang Wei, y el consejero Económico y Comercial, An Guanghui, junto a representantes de ocho empresas que tienen intereses en Argentina, visitó Mendoza y las instalaciones de la firma fundada por los Pescarmona.
Pese a la demora en la evaluación de la compra, fuentes oficiales señalaron que el Gobierno confía en que la estadounidense ARC Energy concretará la operación. Si intervinieran otros jugadores en el proceso de compra, deberían firmar su “intención”.
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