Después del resultado de las PASO, el presidente Alberto Fernández anunció, en la reunión que mantuvo con los gobernadores justicialistas en La Rioja, de generar un “shock de consumo”. Se trata de una serie de medidas que tienen como finalidad que las familias tengan más dinero en el bolsillo. Pero, ¿cuáles son y qué consecuencias puede tener a futuro esta inversión del gobierno?
Entre las herramientas que el Ejecutivo nacional implementaría de aquí a noviembre –porque escuchó el mensaje de las urnas o para intentar captar más votos, según se mire- se encuentran el incremento de las jubilaciones y pensiones, y de la Asignación Universal por Hijo (AUH) jubilatorios. También, la implementación de una cuarta edición del IFE (Ingreso Familiar de Emergencia), destinada a las familias de menores ingresos.
Asimismo, se venía analizando una suba del mínimo no imponible del impuesto a las Ganancias, para llevarlo a los $175 mil. Por otra parte, aunque el Consejo del Salario se había reunido en marzo y acordado una suba de 35% en siete tramos hasta febrero de 2020, se convocó a un nuevo encuentro –hoy-, para evaluar que el salario mínimo vital y móvil pase de los $29.160 actuales a unos $32 mil. Este incremento impactaría en los montos de planes sociales como el Potenciar Trabajo, el Acompañar y las becas Progresar.
También se ha mencionado la posible ampliación del programa Ahora 12, que incluye diversas opciones de financiación de hasta 30 cuotas, y que podría sumar las tarjetas emitidas por supermercados, cadenas de electrodomésticos, shoppings y otros comercios.
Para financiar estas y otras medidas, el viernes, fue publicado el decreto 622, que permite la incorporación al presupuesto 2021 de los U$S 4.334 millones que envió el FMI, en concepto de Derechos Especiales de Giro.
El economista Raúl Mercau comentó que, de acuerdo a lo que han analizado especialistas en finanzas públicas, el aumento en el gasto público hasta final de año estaría dentro de lo presupuestado, ya que el gobierno fue bastante prudente durante el primer semestre y el déficit fiscal fue muy bajo. De ahí que existe un margen hasta llegar al 4% de déficit del PBI que estaba previsto y no se estaría saliendo de la norma con este incremento.
Por otra parte, señaló que la población tiene necesidades frente a un escenario complicado que generó la pandemia y que se requieren de medidas que puedan fortalecer los ingresos para superar una situación que se supone transitoria. En este sentido, las herramientas propuestas por el Ejecutivo nacional serían una respuesta a esa necesidad real, más allá de la mirada electoral, ya que se puede entender que los resultados electorales y los niveles de pobreza están relacionados, y que la realidad social le dio un mensaje al gobierno de que las medidas de ayuda son insuficientes. Pero sumó que el voto en blanco evidenció un rechazo no sólo a la gestión nacional, sino también a la provincial.
Mercau planteó que la gente está demandando estar mejor y resaltó que la crisis afectó de manera desigual a los trabajadores formales y a los informales o monotributistas, que se vieron más impactados.
En cuanto a los efectos de estas medidas en el corto plazo, analizó que, si bien algunos economistas pueden considerarlas inadecuadas, están dentro de lo presupuestado y son necesarias. El gran desafío, reconoció, es el día después; es decir, cómo afrontar la emisión a la que se debió recurrir ante la imposibilidad de acceder a financiamiento externo.
Es que en realidad se trata de una mezcla de emisión monetaria y endeudamiento interno, que se deberá pagar con superávit fiscal o con inflación. Esto significa que habrá una necesidad futura de hacer un sacrificio, que podría traducirse en menos crecimiento del que se podría tener sin deuda o en una mayor inflación. El cómo se resuelva, de modo más o menos traumático, lanzó Mercau, dependerá de los instrumentos a los que se tenga acceso y de que se pueda acceder a financiamiento de organismos internacionales a tasas razonables.
