El Gobierno está trabajando a toda marcha en un proyecto de ley con el cual buscará la creación de un monotributo con incentivos para incluir pequeños contribuyentes y formalizar a aquellos que realizan tareas informalmente.
El proyecto tiene también otras dos patas: una para el financiamiento para proyectos productivos de la economía popular; y, en tercer lugar, un programa de preferencia en las compras gubernamentales para la economía popular.
El presidente Alberto Fernández analizó el proyecto este miércoles en la Casa Rosada con el jefe de Gabinete, Juan Manzur; los ministros de Economía, Martín Guzmán; de Desarrollo Social, Juan Zabaleta; de Salud, Carla Vizzotti y de Trabajo, Claudio Moroni, además de la titular de AFIP, Mercedes Marcó del Pon, y el titular del INAES, Alexander Roig.
1) El nuevo monotributo
Según fuentes gubernamentales consultadas por este medio, en el gobierno lo definen como un proyecto de “ley puente” de inclusión de trabajadores al Régimen Simplificado para pequeños contribuyentes.
La iniciativa apunta a reformar el actual régimen del monotributo para facilitar la inclusión social, promover la formalización laboral y el acceso a jubilación y cobertura de salud, explican quienes conocen el borrador de la ley.
El proyecto contempla durante los primeros cuatro años desde la inscripción de nuevos contribuyentes una reducción significativa de las obligaciones mensuales del monotributo (impositivo, jubilación y salud).
También propone una transición gradual para personas que inician una actividad económica o la vienen desarrollando en la informalidad.
El Estado se hace cargo del pago del componente impositivo del monotributo en forma permanente a todas las personas registradas en las categorías A, B y C.
Y se disponen “medidas antiabuso” para asegurar que estos beneficios lleguen a quienes más lo necesitan. Se apunta a que los beneficiarios sean realmente nuevos monotributistas, pero contempla también contribuyentes de las categorías A a la C del monotributo desde el 20 de marzo de 2020, monotributistas sociales y monotributistas promovidos.
El nuevo régimen reemplaza al monotributo social y promovido, que actualmente tiene registrados a 367.039 trabajadores. Quienes opten por permanecer en el anterior régimen, podrán hacerlo.
Cobertura de Salud:
Serán beneficiarios de las coberturas de salud disponibles a través de los programas nacionales del Ministerio de Salud de la Nación al momento de solicitar atención efectiva en cualquier centro de atención primaria de la salud (CAPS).
El nuevo “Monotributo Productivo” para las Trabajadoras y los Trabajadores de la Economía Popular tendrá dos objetivos centrales: fomentar la registración, formalización laboral y tributaria y la inclusión financiera de los trabajadores de la economía popular; y posibilitar que accedan a instrumentos con menos obstáculos (créditos, adquisición de máquinas y herramientas, capacitación, complemento de ingresos, etcétera.
Requisitos para acceder al régimen
Hay que ser mayor de 18 años.
Estar inscripto en el Registro Nacional de Trabajadoras y Trabajadores de la Economía Popular (ReNaTEP).
No ser titular de más de dos inmuebles. No ser titular de más de tres automóviles. En ambos casos -inmuebles y automóviles- uno de esos bienes debe estar afectado al emprendimiento económico
Requisitos actuales adicionales del ReNaTEP: No ser empleador, ni ser contribuyente del Impuesto a las Ganancias y poseer un máximo de 3 actividades independientes
Límites e incompatibilidades
Simplificación por inscripción automática: todos los trabajadores y trabajadoras inscriptas en el ReNaTEP pasarán a estar inscriptos en el Monotributo Productivo. En la medida que cumplan los requisitos de permanencia en ese Registro, continuarán su condición de inscripción vigente en el Monotributo
2) Financiamiento a la Economía Popular
El proyecto señala que se creará un Fondo Fiduciario para la Promoción del Crédito No Bancario. Y se conformará como un fideicomiso de administración, inversión y garantía.
La idea es impulsar el acceso al financiamiento del sector de la Economía Popular, a través del otorgamiento de créditos productivos; la bonificación de tasas; la constitución de fondos de garantía; que haya garantías o avales para financiamiento bancario y promoción de la capacitación y asistencia técnica.
Beneficiarios
Los beneficiarios de ese financiamiento serán emprendedores/as de la economía popular, pequeñas cooperativas.
La administración del fondo estará a cargo de un Comité Ejecutivo, presidido por el Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS) y con el Ministerio de Economía como autoridad de aplicación. Por su parte, el BICE actuará como ente fiduciario
Y las fuentes de financiamiento serán: aportes del Estado Nacional; aportes de los Estados Provinciales y CABA; aportes que reciba de organismos públicos, privados, multilaterales producido de la emisión de VRDs; y recursos provenientes del propio Fondo (recupero de los créditos y rendimiento de las inversiones).
Financiamiento bancario
Las entidades financieras reguladas por el Banco Central deberán destinar un mínimo del 1,5% de la responsabilidad patrimonial computable (RPC) al otorgamiento de crédito bancario a proyectos productivos con impacto social presentados por cooperativas y emprendedores de la Economía Popular.
De este porcentaje, podrán imputar el 100% a cuenta del cupo de líneas de financiamiento productivo para MiPyMEs. Esto se complementará con la creación del Fondo Fiduciario Productivo y Social (Proyecto INAES). Se constituirá el Fondo Fiduciario Productivo y Social, que se conformará como un fideicomiso.
Objetivo de ese financiamiento
El objetivo de este financiamiento es el de fortalecer las capacidades productivas y financieras de los sectores productivos de baja y media escala, con especial atención en las trabajadoras y trabajadores de la economía popular, social y solidaria, a través del acceso al financiamiento de cooperativas, mutuales, y de las pequeñas empresas y emprendedores/as. El fin último es financiar proyectos productivos, de logística, de ahorro, de crédito, y de consumo, según el borrador de la ley.
El proyecto faculta a INAES a constituir una SA con el objeto de actuar como sociedad fiduciaria administradora del Fondo (49% INAES y 51% entidades que agrupen a asociaciones mutuales, a cooperativas, y a trabajadores/as de la economía popular).
Integración del Fondo
El Fondo se integrará con recursos presupuestarios del INAES y de otros organismos del Estado; con aportes y préstamos de Organismos Internacionales y/o otras instituciones c) Aportes no remunerativos de Cooperativas y Mutuales.
Los fondos provenientes de la colocación por oferta pública de valores negociables emitidos por el Fondo a través del mercado de capitales.
El fondeo provendría principalmente de presupuesto de INAES y de recursos del sector mutualista. Se estima que unos $40.000 millones del sector se encuentran depositados en el sistema financiero (stock) más un flujo cuyos drivers dependen principalmente del sector agropecuario (interior del país).
3) Programa de preferencia en las compras gubernamentales
La ley propone una regulación de la publicidad de los procesos de compra gubernamental: deberán comunicarse al INAES y RENATEP ante cada proceso de compra gubernamental.
También una reducción de requisitos para participación de compras gubernamentales: menos garantías requeridas para la participación.
Y la implementación de esquema adicional de preferencias: preferencia de precios de hasta 5% por sobre PyMES nacionales y hasta 25% por sobre empresas extranjeras
