Con el apoyo y trabajo de Valos, Sistema B, Nuestra Mendoza y la Maestría en Responsabilidad Social y Desarrollo Sostenible de la UNCUYO, el senador provincial Pablo Priore presentó un proyecto de ley para la creación de un registro donde las empresas de Beneficio e Interés Colectivo puedan ser reconocidas legalmente. El registro además permitiría que se identifique a las empresas y así puedan potenciarlas en el futuro.
Cabe recordar que en el año 2018, la comunidad de Sistema B Argentina celebraba la media sanción en Diputados de la Nación del proyecto de ley de Beneficio de Interés Colectivo, la cual tenía como objetivo brindar reconocimiento legal a empresas certificadas que modificaran su contrato social y presentaran un reporte anual. Este proyecto fue presentado a nivel nacional y quedó cajoneado en el Senado de la Nación. En marzo de ese año perdió el estado parlamentario.
Ahora, Priore presentó una iniciativa sobre las empresas de interés colectivo en la Legislatura provincial. La diferencia con el proyecto anteriormente presentado es que no se especifica ningún tipo de beneficio tributario.
El propulsor del nuevo plan expresó que cree que hay muchos sectores de la política tradicional que “no están interesados o interiorizados en problemas del futuro y no han querido tratar el tema”. Por lo que considera que “todo cambio cuesta, esto es novedoso aunque este tomando mucho auge a nivel mundial”.
Desde la Facultad de Ciencias Económicas y Agrarias de la Universidad Nacional de Cuyo, Osvaldo Roby destaca la importancia de identificar a las empresas más allá de registrarlas. Además, considera que “en un país con mucha corrupción, como el nuestro, es importante que las empresas tengan mecanismos válidos para identificar sus valores de sostenibilidad”.
“El principal incentivo es la concientización de la sociedad”
Ulpiano Suárez, intendente de Capital, habló hace unas semanas con Los Andes sobre este proyecto de ley haciendo referencia a la idea de otorgar incentivos o beneficios para que las empresas formen parte del registro y trabajen como tales. Ante esto, Pablo Priore destaca: “Por el momento, el principal incentivo es la concientización de la sociedad, ya que cuando una empresa tiene un propósito amigable con el ambiente las personas suelen consumir más sus productos que los de otra empresa”.
Además, destaca la importancia de que la comunidad priorice las empresas identificadas como sostenibles: “Si el ciudadano conoce que una empresa es más beneficiosa con su comunidad va a priorizar esa con respecto a otra que no tenga estos propósitos”.
“Hay un retorno a la comunidad que uno mismo vive como ciudadano consumidor” agrega.
Siguiendo la misma línea de opinión, Osvaldo Roby argumenta que “ya hay muchos clientes que prefieren comprar a este tipo de empresas, hay preferencias y un público específico con el cual trabajar”.
Asimismo, al momento de realizar contrataciones con el Estado las empresas tampoco recibirán ningún tipo de beneficios. “En este proyecto no están previstos este tipo de beneficios para las empresas. Tal vez después se regule una ley impositiva especifica.” confirma el impulsor.
Hoy forma parte de este proyecto, la organización Valos que se destacó en el año 2015 por llevar a cabo la presentación de Ley de Responsabilidad Social Empresarial. Respecto a este tema controversial desde Valos comentan que por la situación que vive el país no se pueden otorgar incentivos económicos: “Primero deberíamos enfocarnos en cumplir el objetivo principal que es el incentivo ambiental y es intangible.”
El senador también remarcó que la ley está apuntada al registro de las empresas y que esto a su vez ayudará a potenciar el trabajo de las mismas. “Al llevar a cabo un trabajo una empresa puede contratar otra que también tenga propósitos sostenibles” agregó.
Farid Nallim, el presidente de Valos, expresa que actualmente no sólo se trabaja con empresas de triple impacto sino de cuádruple impacto porque también se tiene en cuenta lo ético y lo cultural.
Por esta razón, desde esta organización consideran importante formar parte de este proyecto ya que cuentan con los expertos necesarios y “esta ley es una de las herramientas que nos ayudaría a cumplir con nuestro objetivo del bien común”.
El potencial surgido de la pandemia por Covid-19
Dentro del proyecto se refiere a la posibilidad de aprovechar el potencial de emprendedores y empresas, luego de que se destacara la emergencia climática y la desigualdad social con la crisis provocada por el coronavirus.
“La pandemia nos aceleró el aprendizaje en muchas formas. Tener un mal contra el que todos tenemos que luchar, nos enseñó a manejarnos de otra manera, a cuidar al prójimo y a darnos cuenta que el ambiente es fundamental.” comenta Nallim.
Por su lado, Priore comenta que “la discusión de cómo llegar a las personas se ha potenciado luego de ver los cambios que se produjeron a nivel ambiental cuando se paralizó el mundo por la pandemia.” y es por esa razón que actualmente considera importante implementarlo en la provincia de Mendoza.
Desde la Universidad Nacional de Cuyo, Roby comenta que además de la crisis atraída por la pandemia “hay una combinación compleja entre inflación y recesión de la producción en empresas industriales y también comerciales” por lo que la detección, el registro y la visibilización del trabajo sostenible de las empresas ayudaría a estabilizar el consumo de sus productos.
